Antes portaban uniforme, armas y placa como integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy litigan, venden tacos, se dedican a la compra-venta de vehículos, fungen como elementos de seguridad privada y en el peor de los casos no encuentran una opción para su manutención.

Esta es la realidad de miles de ex servidores públicos que han causado baja de las diferentes corporaciones que componen el Sistema Estatal de Seguridad y Justicia en Tamaulipas, quienes se quejan amargamente de lo que consideran una injusticia por parte de las instancias al dejarlos sin posibilidades de responder al sustento de sus familias.

Hoy en día, esos ex elementos de seguridad pública, procuradurías generales de justicia, agentes del Ministerio Público y peritos de todo el país, incluido Tamaulipas, trabajan en la integración de un documento con 150 mil firmas para presentar una iniciativa de derogación de la fracción XIII, apartado B del artículo 123 Constitucional para dignificar la labor policial.

Inconformes por las bajas continuas y permanentes de oficiales de las diferentes instituciones, sin obtener ninguna prestación e incluso perdiendo la posibilidad de ser contratados en otras labores, porque no se especifica la razón de su cese, buscarán esa reforma.

Hasta la fecha cuentan con un aproximado de 100 mil firmas y habrán de intensificar la unión de colegas y ex compañeros para lograr su cometido y en 2017 presentarla propuesta ante los legisladores del Congreso de la Unión.

En el caso de Tamaulipas, el representante estatal, Ramiro Izcóatl Pérez García, ex elemento de la PGR, mencionó que la lucha por parte de ex servidores públicos es contra las violaciones a las garantías individuales de los uniformados, tanto en funciones como quienes fueron dados de baja sin contar con una protección ni certeza jurídica.

Estableció que tanto la Ley General del Sistema de Seguridad Pública como la de Procuración de Justicia violentan los derechos de los oficiales, por ello, es que buscarán la dignificación de sus actividades, pese a que muchos de ellos ya están fuera de las instituciones.

Pérez García se dijo confiado que lograrán la recolección total de firmas y se advierte por parte de la dirigencia del Movimiento Nacional por la Seguridad y la Procuración de Justicia (MNSPJ) a cargo de Jaime Bernal García, que para el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión en 2017 sea recibida su iniciativa ciudadana.

Incluso consideró necesario trasparentar la aplicación y resultados de los exámenes de control de confianza, ya que los mismos son utilizados para “despedir a policías incómodos”.

Hasta el momento ha logrado reunir apoyo en entidades como Jalisco, Baja California, Tabasco, Estado de México y Ciudad de México: en Tamaulipas se está intensificando la búsqueda de apoyo de agentes y ex agentes.

Cifras de la SSPE y PGJE establecen que durante el pasado sexenio poco más de 7 mil elementos causaron baja, siendo seguridad pública la que mayor cambio de personal sufrió.

Por otra parte, Jacinto Herrera, ex comandante de la Policía Ministerial de Tamaulipas, quien encabeza precisamente a sus homólogos dentro de este proyecto, resaltó que los elementos de PGJE siempre aportaron su mayor esfuerzo y toleraron incluso abusos de autoridades pasadas.

Vacaciones no teníamos, los vales de gasolina nos los quitaban para apoyar las campañas, siempre tuvimos los sueldos por debajo de la media nacional siendo que en Tamaulipas el riesgo era mucho más alto, además siempre hubo más apoyo económico para otras corporaciones”, dijo.

Finalmente, el ex agente rechazó los señalamientos de corrupción hacia la institución investigadora, por el contrario, aseguró que si se revisaran los expedientes de cada elemento cesado se darían cuenta las nuevas autoridades que son profesionistas con experiencia y que no fueron valorados.

 

Excélsior