Se le conoce oficialmente como el IMEPI (Instituto Mexiquense de la Pirotecnia) y su misión es promover la fabricación artesanal de fuegos artificiales e imponer severas normas de seguridad para impedir que el negocio de la pólvora no acabe en tragedia.

Fue creado desde el año 2003, cuando era gobernador del Estado de México Arturo Montiel, y es fondeado directamente con subsidios estatales que este año superaron los 18 millones de pesos.

Tiene un director, tres subdirectores y operan bajo su presupuesto 33 pirócratas que se gastan más del 70 por ciento del presupuesto en “servicios personales”.

Su director es Juan Ignacio Rodarte, el mismo que el pasado agosto declaró que “el tianguis de pirotecnia de San Pablito es el mercado más seguro en Latinoamérica, con puestos perfectamente diseñados y con los espacios suficientes para que no se dé una conflagración en cadena en caso de un chispazo”.

Cuatro meses después, las palabras de este pirócrata estallaron en pedazos. Las imágenes de la tragedia del Mercado de San Pablito, en Tultepec, Estado de México, dieron la vuelta al mundo demostrando la negligencia y la nula seguridad que existe en nuestro país en el manejo de explosivos.

La vergüenza se multiplica por tres, porque ésta es la tercera vez que ese mercado estalla para convertirse en un dantesco cohetón que deja un penetrante tufo a pólvora y muerte.

La primera fue en el 2005 y otra más un año después, en el 2006. Pero por fortuna en esas tragedias solo se dieron lesionados.

Ahora el drama dejó 32 muertos, 50 lesionados y una docena de desaparecidos, sin que hasta el momento alguien pueda explicar como este que se presume “el mercado más seguro de Latinoamérica” se borró en minutos del mapa con todos sus 300 puestos de pirotecnia.

Alguien tiene que explicar cómo pudo pasar algo así cuando el primer mandato del famoso IMEPI es “elaborar y evaluar programas de atención integral para el sector pirotécnico, a fin de evitar siniestros y desastres por la fabricación, uso, venta, transporte, almacenamiento y exhibición de artículos pirotécnicos”.

Alguien tendrá que explicar a dónde van a parar y en qué se gastan esos 18 millones de pesos anuales que se le asignan al IMEPI y que fueron insuficientes para impedir la tercera tragedia en Tultepec.

Alguien también desde la Secretaría de la Defensa Nacional tiene que explicar cuáles eran las actividades de supervisión de esa dependencia responsable del manejo de los explosivos en México.

Pero sobre todo alguien, que es el presidente Enrique Peña Nieto, deberá ir más allá de enviar por Twitter sus sentidas condolencias a los deudos de las víctimas, para hacer valer la justicia en un estado que bien conoce, porque ya lo gobernó.

La pirocracia mexiquense está obligada a rendir cuentas, frente a la magnitud de una tragedia que por su drama humano fue la nota de apertura en los principales noticieros televisivos del mundo.