EL UNIVERSAL

El año de la cacería de gobernadores

Todavía a principios de este año eran los hombres más poderosos en sus estados: disponían de presupuestos millonarios, asesores, Congresos locales, partidos políticos y en algunos casos, hasta del Poder Judicial; pero el 5 de  junio su suerte cambió: perdieron las elecciones y, con ello, la protección que se presume con la continuidad. Para finales del año, son prófugos de la justicia, están escondidos, amparados o en manos de sus sucesores, quienes evalúan las cuentas pendientes que dejaron.

Su caída se cocinó a fuego lento. A principio de año iniciaron las acusaciones en contra de uno, luego de otro y así crecía la lista de presuntos actos de corrupción en los 12 estados donde había campañas electorales. Los candidatos de oposición hicieron una promesa principal: Encarcelar a los mandatarios para combatir la impunidad y la corrupción.

En esa batalla hubo ataques directos, filtración de documentos y denuncias. Eso,  más el humor social y el clero, ayudó. La alternancia en el poder se concretó. De las 12 gubernaturas, el PRI perdió su hegemonía en seis. Incluso, en cuatro estados clave, por ser bastiones históricos: Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo y Durango; además de Aguascalientes y Chihuahua —donde ya había gobernado el PAN—.

Cuando los entrantes les quitaron la silla a los salientes comenzó la cascada de denuncias penales, administrativas y públicas que hoy tiene a los ex gobernadores en jaque.

Cuatro son investigados por actos de corrupción: Javier Duarte (Veracruz), César Duarte (Chihuahua), Roberto Borge (Quintana Roo) y Miguel Alonso (Zacatecas).

Además hay cuatro ex mandatarios que este año vieron iniciar o revivir procesos legales en su contra: Guillermo Padrés (Sonora), Rodrigo Medina (Nuevo León) y Mario Anguiano (Colima) —quienes  dejaron de ser gobernadores en 2015—, así como  Tomás Yarrington (Tamaulipas), cuya gubernatura concluyó en 2005.

Un caso peculiar es el de Jorge Herrera (Durango), quien dejó el cargo este año y sin   un procedimiento legal o penal en su contra, optó por buscar el amparo para evitar ser detenido, mismo que le fue negado por un juez.

A estos nueve ex gobernadores, señalados por desvíos, enriquecimiento ilícito,  lavado de dinero y hasta nexos con el narcotráfico, podrían sumarse tres más:  Gabino Cué (Oaxaca), Carlos Lozano de la Torre (Aguascalientes) y Egidio Torre (Tamaulipas), pues los gobiernos entrantes, de oposición, ya iniciaron la revisión de sus cuentas públicas.

Duarte, el hombre del año

Los resultados de las elecciones del 5 de junio, cuando el PRI por primera vez en 87 años perdió la gubernatura en Veracruz, fue el principio del fin de Javier Duarte de Ochoa. El político, hoy prófugo de la justicia, representa el máximo nivel de corrupción de los gobernadores por los escándalos que protagonizó.

Junto con la derrota del PRI, quedó al descubierto la falta de recursos para pagar salarios, prestaciones, pensiones, jubilaciones e incluso compromisos de proveedores y los más básicos insumos de sectores como salud, seguridad pública y educación. A la par se descubrió una red de empresas fantasma para obtener contratos millonarios del gobierno estatal.

Ante la avalancha de acusaciones, el 12 de octubre Duarte solicitó permiso para separarse del cargo y enfrentar las acusaciones de corrupción; dos días después desapareció. Ahora la Procuraduría General de la República (PGR) ofrece 15 millones de pesos de recompensa a quien dé informes sobre su paradero.

Hasta el momento se han abierto 75 indagatorias contra Duarte, sus socios y prestanombres; 32 fueron iniciadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por contratos  con empresas fachadas o inexistentes; además, 43 están derivadas de las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Está acusado, entre otros delitos, de delincuencia organizada y lavado de dinero. Como  parte de las investigaciones, la PGR le aseguró 112 cuentas bancarias, cinco empresas y cuatro propiedades a prestanombres y socios. El PRI, en tanto, lo expulsó de sus filas. Según el actual gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, el quebranto al erario supera los 100 mil millones de pesos.

Padrés, el detenido

En contraste, Guillermo  Padrés, quien dejó de gobernar Sonora en 2015, sí fue detenido. El panista, a quien su partido le suspendió sus derechos políticos por las acusaciones de corrupción,  estuvo prófugo y hasta la Interpol emitió una ficha roja para su localización. Durante su administración fue cuestionado por el manejo de las finanzas públicas y al final del sexenio, los proveedores reclamaban millonarios adeudos; además, el desplome en infraestructura y la calidad de los servicios de salud y educación, aunado al incremento de impuestos, aumentó el descontento social.

Sus posesiones y las de su familia se vieron incrementadas y sometidas al escrutinio público, ya que sus presuntas adquisiciones revelaban grandes inversiones, entre ellas: la construcción de la presa El Titanic en Bacanuchi; un rancho en San Pedro: El Saucito, en la zona rural de Hermosillo, con un área de reproducción equina  donde los caballos incluso contaban con  aire acondicionado. La Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) ha cateado e investigado 21 ranchos vinculados a Guillermo Padrés, familiares y ex colaboradores. Al término de su periodo, el ex gobernador  fue señalado de provocar un quebranto   superior a   30 mil millones de pesos.

La PGR logró su detención en la Ciudad de México, el pasado 10 de noviembre, al salir de una entrevista radiofónica; el ex mandatario está acusado   de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita,  por un monto de 8.8 millones de dólares.

Yarrington, el profeta

Quien parece haber profetizado su destino es Tomás Yarrington. El 29 de noviembre de 2004, pronunció una frase que 12 años después se volvió en su contra: “La política es una vitrina donde todo se ve,   se sabe, se juzga y se cuestiona”. Era la sesión solemne del Congreso local, en Ciudad Victoria, en la cual Yarrington entregó su sexto informe de gobierno.

Ahora, la PGR ofrece una recompensa de hasta 15 millones de pesos por él , mientras que  el PRI, que lo cobijó por décadas,  lo expulsó.

El gobernador comenzó a ser investigado por la PGR desde 2004 por presuntos nexos de narcotráfico y lavado de dinero, antes de concluir su gestión; también es buscado en Estados Unidos. Hasta 2012 oficialmente se convirtió en prófugo de la justicia y este año se revivió el caso, tras la llegada del panista Francisco García Cabeza de Vaca al gobierno de Tamaulipas.

El cuarto gobernador que enfrenta denuncias penales es el panista Rodrigo Medina, acusado por su sucesor en el gobierno de Nuevo León, el independiente Jaime Rodríguez Calderon por ejercicio indebido de funciones y peculado.

El Bronco, quien se convirtió en gobernador en 2015, anunció una serie de acciones contra Medina de la Cruz —investigado en Estados Unidos—, pero hasta el momento sólo está vinculado a proceso por el presunto desvío de 3 mil 600 millones de pesos. Borge, el  vendedor

Otro ex gobernador que enfrenta denuncias es el priísta Roberto Borge (Quintana Roo), a quien el PRI le suspendió sus derechos políticos. Hasta el momento han presentado nueve denuncias ante la PGR y la fiscalía estatal que involucran al menos a 20 personas, incluidos la madre del mandatario y presuntos prestanombres,  por rematar 9 mil 500 héctareas de la reserva territorial estatal, entre otros delitos.

El ex priísta y ahora panista Carlos Joaquín González, actual mandatario, prevé que en total sumarán 20 querellas en su contra. Entre otras, destaca la venta de terrenos propiedad del estado a la madre del ex gobernador a un costo de 137 pesos por metro cuadrado cuando el valor comercial es de 200 dólares, en Cozumel.

César Duarte, el prestamista

También el ex gobernador de Chihuahua César Duarte  terminó su encargo envuelto en una serie de escándalos y acusaciones de corrupción, que van desde denuncias penales por enriquecimiento ilícito, hasta facilitar aviones oficiales al fallecido cantante Juan Gabriel para que realizara una gira artística.

De acuerdo con el actual gobernador, el panista Javier Corral Jurado, son 60 expedientes que se   integran para presentarlos ante autoridades ministeriales y administrativas a fin de que se la finquen cargos a Duarte.

El caso más sonado hasta el momento, y por el que ya existe una denuncia formal ante la PGR, es por su aportación financiera de 65 millones de pesos a la financiera Unión Progreso, de la cual se convirtió en accionista. De acuerdo con los señalamientos, Duarte depositó más de 80 mil millones de pesos del erario público en dicha institución, a fin de que se capitalizara y pudiera lograr su registro como banco.

Con el Congreso en contra

El ex gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, dice que no terminará como Javier Duarte o Roberto Borge, pues asegura que el déficit financiero de mil 800 millones de pesos que documentó el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) por irregularidades cometidas durante los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015 es una herencia de administraciones anteriores.

En junio pasado el Congreso de Colima denunció penalmente a Anguiano Moreno y a cinco de sus ex colaboradores ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por la contratación de un  crédito por  638 millones de pesos; los acusó de cometer peculado y ejercicio indebido de funciones, además de falsear información ante autoridades no judiciales.

El Osafig ha solicitado a los legisladores imponer a Anguiano Moreno una sanción de 14 años de inhabilitación para ocupar cualquier cargo público y una multa de 707 millones 66 mil pesos, equivalentes al daño al erario del que se le responsabiliza directamente.

Protegido a medias

En sus últimos días como gobernador de Zacatecas, el priísta Miguel Alonso Reyes quería salir por la puerta grande, ser recordado y llamar la atención a nivel nacional para catapultarse en cargos públicos en el gobierno federal; dijo públicamente que había entregado buenas cuentas a su partido por mantener la gubernatura para el PRI.

El ex mandatario llamaba la atención con eventos e inauguraciones de obras públicas, algunas sin concluir; quería que las placas se colocaran con su nombre antes del 12 de septiembre. En cada suceso la Banda Sinfónica tocaba Las Golondrinas. Un dato que llamaba la atención era que Alejandro Tello se desmarcó de Alonso durante su campaña, sin embargo, acudía a sus eventos públicos.

En septiembre, días después de que concluyó el encargo, EL UNIVERSAL reveló una serie de irregularidades por el pago de “moches” a familiares, según constaba en operaciones que aparecen en correos electrónicos, cuyos contenidos están en posesión de este diario. Presumiblemente se realizaban contratos millonarios a empresas a través de licitaciones irregulares, por al menos mil 500 millones de pesos, en las que se involucraba directamente a su hermano Juan Alonso, quien presuntamente encabezó una red de tráfico de influencias y adjudicaciones discrecionales en equipos médicos, obra pública y programas de alimentación.

En mayo, un grupo de legisladores de oposición ya había presentado una denuncia penal ante la PGR por el delito de peculado y enriquecimiento ilícito, pero ésta se congeló por presentarse durante plena campaña electoral.  El 3 octubre la administración de Alejandro Tello reveló que la administración alonsista había heredado una deuda pública superior a los siete mil 700 millones de pesos, además de las observaciones de diferentes órganos fiscalizadores, que encontraron anomalías por cinco mil 994 millones de pesos.

Desde septiembre,  Alonso Reyes no se dejó ver en Zacatecas ni en sus redes sociales, hasta finales de noviembre, cuando fue nombrado director general de Fonatur.

El 6 de diciembre se interpuso otra denuncia penal contra el ex gobernador  en la PGR por los probables delitos de ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.  El 19 de diciembre se sumó una tercera denuncia, también ante PGR. Soledad Luévano, ex candidata de Morena al ayuntamiento de Zacatecas, presentó la querella por los delitos de abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias y negociaciones ilícitas. Asegura que hubo un desvío superior a los mil millones de pesos del erario para promoción personal, a través de dos contratos a dos empresas, por 13 millones 800 mil pesos, para la creación y administración de perfiles falsos en redes sociales y para el envío de mensajes de texto.

Explicación no pedida.

El ex gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, no tiene, por lo pronto, ninguna aureola legal que lo proteja, luego que un juzgado federal le negó el amparo que promovió contra una orden de aprehensión. El argumento del juez fue sencillo: negó el amparo porque no existe ninguna orden de captura y no puede amparar cuando todavía no se presenta una presunta violación. Lo mismo para los más de 20 ex funcionarios que buscaron ampararse ante una posible aprehensión.

Antes de terminar su gestión declaró que su administración cerraría con una deuda de 5 mil millones de pesos, un “pasivo controlado”. Sin embargo, la administración entrante informó que la deuda superaba los 15 mil millones de pesos. El recurso de protección federal se dio también días después de que el actual gobierno de Durango detuvo a la ex subsecretaria de Egresos, Leonor Gutiérrez Flores, por presuntamente ocultar información y ejercicio indebido de la función.

Además, la administración entrante se encontró con que la Auditoría Superior de la Federación encontró faltantes por más de cuatro mil millones de pesos, observaciones que no solventó el gobierno de Jorge Herrera en 8 meses de este año.

Sin control ni contrapeso

Para Guillermo Cejudo Ramírez, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), los actos de corrupción han alcanzado proporciones desmesuradas, en una época donde este tipo de comportamiento es más visible y menos tolerado por la opinión pública, por lo que debe ser prioritaria no sólo la investigación, sino que los resultados tengan consecuencias penales y administrativas.

Explica que la conjunción de dos procesos hicieron que este año sea negro para ex mandatarios estatales. Por un lado, en lo que va de este siglo los gobernadores se han empoderado luego de que se perdió el control autoritario que ejercía el Presidente en turno.

Desde la Presidencia —dice el doctor en Ciencia Política por la Universidad de Boston— se ejercía “el control político, de estabilidad; servía como un freno a los despropósitos, abusos o las desmesuras de algunos gobernadores”.

El segundo proceso, añade el también experto en temas de transparencia y administración pública, tiene que ver con la presión ciudadana y la construcción institucional de sistemas anticorrupción y de transparencia.

Comenta que se cortó el control autoritario, pero nunca completó el proceso de generar un control democrático, aunado a que “las legislaturas estatales son quienes nos quedan a deber, porque cualquier presupuesto que pasó un gobernador, cualquier endeudamiento, cualquier cuenta pública o cualquier ley, pasó por las legislaturas y no han funcionado ni para amarrarles las manos ni para llamarlos a cuentas”.

El desafío verdadero para combatir la corrupción es estructural, porque detrás de los gobernadores hubo secretarios, funcionarios, empresarios, es decir “no sólo fueron una manzana podrida, sino redes de corrupción que operaron para desviar recursos y sustraer del dinero de todos para su propio beneficio”, alerta.

Menciona que en las urnas se reflejó el descontento social y en algunos casos, como Veracuz, el escándalo era de tal magnitud que el mismo PRI se deslindó; esa fue una de las razones por la que algunos votantes se inclinaron por los actuales gobernadores, por la oferta de terminar con la impunidad, y ahora deben responder a esa promesa y actuar en consecuencia, con sanciones penales y administrativas.

Habrá que esperar lo que ocurra en 2017, cuando en Tlaxcala, Puebla y Sinaloa rindan protesta los gobernadores a hora electos. En los primeros dos, no se prevén sobresaltos, pues la estafeta se quedó en los mismos partidos, PRI y PAN, respetivamente, mientras que en Sinaloa, el ex priísta y aliancista Marío López Valdez, perdió ante el candidato tricolor Quirino Ordaz, quien tendrá el poder de revisar las cuentas públicas. Otro caso es Hidalgo, donde a pesar de señalamientos en contra del ahora Francisco Olvera, su sucesor, Omar Fayad, ambos priístas, no observó ninguna irregularidad.

La sangría no paró

Sí, ya sé. Todos (o casi todos) están de vacaciones y nadie (o casi nadie) leerá esta columna. Pero aún así, hay noticias que dar. No muy gratas, me temo. En noviembre, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 2018 personas fueron asesinadas, un número 25% mayor al del mismo mes del año pasado.

El gobierno federal ha tratado de presentar esta cifra como un logro, al tratarse de una disminución de 3.6% con respecto al total de octubre. Triste consuelo: si se ajustan las cifras para reflejar el hecho de que hay más días en octubre que en noviembre, la caída es de apenas 0.4%. Y eso sin contar que los homicidios tienden a disminuir en noviembre (así ha sucedido en siete de los últimos ocho años).

El dato fundamental es que se han acumulado ya cinco meses consecutivos con más de 2000 víctimas de homicidio por mes. Con ello, el total anual llegó a 20 mil 800 hasta noviembre y, probablemente, cierre apenas debajo de 23 mil cuando se sume la cuenta de diciembre. Eso significa un incrementa de 22% con respecto a 2015.

Para poner la cosa en perspectiva, 23 mil víctimas en la cuenta del SESNSP equivalen a (más o menos) 25 mil 700 en la serie del INEGI. Ese número es apenas inferior al total de 2012 (25 mil 967). Peor aún, si el número mensual de homicidios simplemente se mantiene a lo largo de 2017 donde ha estado en los últimos cinco meses, el total anual del año próximo será casi igual al de 2011 (27 mil 213), el año más violento de la administración Calderón.

El ascenso de la violencia homicida no es un fenómeno aislado, como lo han querido presentar los voceros del gobierno. En 23 de 32 entidades federativas, se acumularon más víctimas de homicidio en los primeros once meses de 2016 que en el mismo periodo de 2015.

En algunos casos, el incremento fue enorme. En Colima, por ejemplo, las víctimas de homicidio más que se triplicaron en 2016. En Veracruz, el aumento fue de 154%. En Zacatecas, 88%. En Michoacán, 60%.

Asimismo, múltiples estados que habitualmente no han estado en el mapa de la violencia han registrado números pavorosos. Por ejemplo, Oaxaca va a acumular más de mil homicidios por primera vez desde 1996. Guanajuato ha tenido un número de víctimas apenas inferior al de Sinaloa. En total, once entidades van a registrar más de mil víctimas de homicidio en 2016. En 2015, sólo tres rebasaron esa cota.

Peor aún, algunos estados que habían registrado mejorías sustanciales en años previos tuvieron una violenta regresión en 2016. Baja California ha experimentado su año más violento desde 2010. En Sinaloa, se rompió una racha de cinco años consecutivos de disminución en el número de homicidios. Lo mismo vale para Durango y, tal vez, para Chihuahua.

Ante esta oleada de violencia, la respuesta del gobierno federal ha sido el pasmo. No fue sino hasta agosto que finalmente el Presidente Peña Nieto reconoció que, en efecto, los homicidios iban en trayectoria ascendente. Pero ese reconocimiento no detonó una reacción vigorosa. Se anunció un tímido plan de intervenciones focalizadas en los 50 municipios con mayor número de homicidios. Cuatro meses después, los detalles de esa iniciativa se mantienen envueltos en la bruma y los resultados son menos que aparentes, por decirlo suavemente.

En consecuencia, es probable que veamos en 2017 una repetición de 2016: un incremento sostenido de la violencia homicida en buena parte del país y nadie que se haga cargo del problema.

Prepárense entonces para un año que pinta de feo a espantoso.

alejandrohope@outlook.com.

@ahope71

La sangría no paró
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/alejandro-hope/nacion/2016/12/26/la-sangria-no-paro

Diputados no quieren pagar impuestos

Luego de que el Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda, anunció que cobrará a partir del 1 de enero de 2017 el Impuesto sobre la Renta a diputados por concepto de sus ingresos extraordinarios, cuyo gasto los legisladores deberán comprobar y justificar, se llevó a cabo una reunión entre los diputados y personal del SAT para explicarles la manera en la que deberán tributar. En la reunión, nos platican, los legisladores buscaban dos cosas: aclarar cualquier duda sobre el nuevo esquema y llegar a un acuerdo para flexibilizar la medida. Nos dicen que en el SAT, que encabeza Osvaldo Santín Quiroz, la petición de los diputados les sonó un poco rara, pues al parecer querían que la oficina encargada de vigilar que se paguen los impuestos, les ayudara para no pagar, o pagar menos. Ante la falta de algún acuerdo, nos dicen que desde San Lázaro se está buscando una reunión con el SAT, sin embargo, nos adelantan que no habrá marcha atrás en la aplicación de la medida anunciada.

¿2017 será el año para liberar el Justo Sierra?

Una encuesta interna que mandó elaborar la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con más de mil 500 integrantes de la comunidad académica y administrativa de universitarios que hacen su vida en el campus de Ciudad Universitaria, revela que 70% estaría de acuerdo en participar en un referéndum para decidir el destino del auditorio Justo Sierra en la Facultad de Filosofía y Letras. Este espacio se encuentra tomado desde hace casi 16 años por diferentes grupos que lo reclaman como suyo, y que ya lo rebautizaron cambiándole el nombre por el de Ché Guevara a La Okupa Ché, como le dicen actualmente. De la veintena de personas, entre población flotante y permanentes, que se encuentra en el espacio, muy pocos son integrantes activos de la UNAM. El temor es que si se hace un intento por retirarlos “a la fuerza” —postura con la que está a favor 50% de los encuestados— los okupas pudieran regresar con refuerzos y complicar el escenario. Luego de la encuesta, y ante los resultados obtenidos, algunos universitarios se preguntan si el rector, Enrique Graue, se animará y este 2017 será el año en que se recupere el Justo Sierra.

Elecciones que nunca acaban

La actividad electoral cesó por este 2016, así que todo quedó dispuesto para que el 1 de enero asuman el cargo mil 53 nuevas autoridades. Entre los que llegan están los gobernadores de Sinaloa, Quirino Ordaz, y 18 alcaldes; en Tlaxcala el nuevo mandatario Marco Antonio Mena, además de 60 ayuntamientos y 392 presidentes de comunidades. En Aguascalientes asumirán 11 presidentes municipales y en Oaxaca titulares de 570 ayuntamientos. Con esto sólo quedará pendiente para febrero la asunción del cargo de Antonio Gali como mandatario poblano. Para cuando ya estén todos en sus puestos la temperatura estará subiendo en ruta hacia las precampañas para renovar alcaldías en Veracruz, y los gobiernos de Nayarit, Coahuila y la llamada joya de la corona de 2017, el Estado de México.

Los videos navideños

Navidad es tiempo de reflexiones, y de videos. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, siguió el ejemplo del presidente Enrique Peña Nieto y también envió un mensaje navideño. A través de su cuenta de Twitter publicó un video de 47 segundos de duración en el que llamó a los mexicanos a seguir trabajando unidos, pues dijo que la fuerza de los mexicanos está en la colaboración, por lo que pidió hacer lo que a cada uno le corresponde para que México siga adelante. Minutos antes la titular de la Sedatu dirigió un mensaje a los trabajadores de la dependencia que encabeza, en el que les dijo que “es momento de sentirse orgullosos” por los logros alcanzados durante 2016 en materia de vivienda.

 

MILENIO

La CEM y nuevos equilibrios

La 102 Asamblea General del Episcopado Mexicano (CEM), del 7 al 11 de noviembre pasados, es el arranque de un reacomodo al interior de los obispos mexicanos: el rediseño de un nuevo plan de acción pastoral, el reacomodo y surgimiento de nuevos liderazgos. La presencia-presentación de nuevo nuncio apostólico, Francisco Coppola, como operador de Francisco Papa, será clave en este proceso.

La renovación de la CEM descansa en sus integrantes; nuevos perfiles de obispos, liderazgos distintos. El punto de gravidez está en la sucesión de la Arquidiócesis de México, cuando Norberto Rivera Carrera cumpla sus 75 años de edad el 6 de junio de 2017; y con él, las arquidiócesis de Acapulco (vacante); y en proceso de quedar en esa situación Oaxaca y San Cristóbal de las Casas; así como Torreón, Irapuato, Veracruz, Mixes; y cubrir las ya vacantes de Matehuala, Tarahumara y Tlaxcala. En unas se prevé la promoción de obispos en funciones, y en el resto, o traslado de obispos, pero invariablemente habrá promoción de nuevos obispos.

¿Cuál será el perfil de obispos que se promuevan? Francisco Papa los quiere distintos. A la fecha ha sido “lento” en la promoción de obispos en México, caracterizados en su mayoría por “silentes”; en contra partida, las voces que más se escuchan del episcopado son como coros de grupos en el poder. ¿Francisco Papa opera una intervención-renovación del Episcopado Mexicano como lo está haciendo en Estados Unidos? 2017 será el momento; claro, si es que los obispos, no levantan sus diques y filtros, pues ellos son quienes proponen en primera instancia.

Por lo pronto, la promoción de Carlos Aguiar Retes (inexplicable, por su trayectoria principesca y cercana a grupos de poder) como cardenal de la Iglesia de Roma lo ha puesto en la primera fila de obispos mexicanos. Eso lo hizo sentir en la pasada asamblea de la CEM al anunciar que inició, por instrucción del propio Vaticano, el “restablecimiento” de relaciones con la Presidencia de la República tras el distanciamiento provocado con la iniciativa presidencial para abrir la puerta constitucional a los matrimonios igualitarios. ¿Y el presidente de la CEM, Francisco Robles Ortega?

¿Un Episcopado más evangélico, edificando en la periferia, sin “príncipes”, con “olor a ovejas”? ¿Una Episcopado que reconozca “en los pobres y en los que sufren la imagen de su Fundador pobre y paciente” (Lumen Gentium, 8), que se sienta y vea “solidaria del género humano y de su historia (Gaudium et Spes, 1)?

@jrubenalonsog

La CEM y nuevos equilibrios – Grupo Milenio
http://www.milenio.com/firmas/ruben_alonso/CEM-nuevos-equilibrios_18_873092736.html

Desabasto de Gasolina, ¿por desorden o especulación?

Otro factor se suma a las causas del mal humor colectivo de los mexicanos. En por lo menos 13 estados del país se reporta desabasto de gasolina, justo desde la víspera de la Navidad. El problema parece subvalorado por los medios de comunicación, pues es mayor el malestar de los mexicanos, que lo que los medios reportan hasta ahora. Las entidades más afectadas son San Luis Potosí, donde llegaron ya a cerrar una carretera como medida de protesta. También Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Jalisco, Puebla, Tlaxcala y Durango. La falta de información dio pie a confusión, compras de pánico y, con ello, a un crecimiento exponencial del problema.

Según Forbes México, las causas del desabasto corresponden a tres factores: “Las tomas clandestinas, el mantenimiento de la Refinería de Cadereyta y un nuevo sistema de facturación por parte de Pemex Refinación”.  Por su parte, Pemex apenas realiza un mínimo esfuerzo de comunicación, a través de la cuenta de Twitter @Pemex.

La empresa difundió una infografía titulada ¿Por qué las #TomasClandestinas generan desabasto de combustible? Para más tarde afirmar que “Actualmente estamos tomando diversas medidas para restablecer el adecuado y oportuno abasto de gasolinas y diesel en el país”. Pemex se comprometió a que “el abasto de combustibles comenzará a regularizarse a partir de este domingo 25 de diciembre” en los estados afectados. No obstante, ayer 25 permanecían cerradas muchas gasolineras en la Zona Metropolitana de Guadalajara, especialmente en Zapopan.

Petróleos Mexicanos anunció el sábado 24 de diciembre, que tomaría medidas para regularizar el desabasto de combustible. Señaló que aumentó en 75 mil barriles la importación de Gasolina. Además, informaron que la empresa paraestatal cuenta con 5 millones de barriles en reserva. Algo así como para 6 o 7 días de suministro nacional. El caso es que muchas gasolineras continúan cerradas y la molestia crece. Los datos de Forbes México indican que “las tomas clandestinas pasaron de 1,262 en el año 2012 a 4,218 en 2014”. Y durante 2016 se contabilizaban 2,813. Aunque Pemex se esfuerza en culpar del desabasto a las tomas clandestinas, Forbes México observa que el problema real puede ser un desorden administrativo, pues “la semana pasada, Pemex Refinación implementó un nuevo sistema de facturación electrónica a través del cual se realizan los pedidos de combustible por internet, se paga lo correspondiente en el banco y se manda la pipa y la factura a la estación correspondiente” ¿Será el desorden administrativo? O quizá, también, que ya comenzó la especulación previo al aumento del precio de la gasolina…

gabtorre@hotmail.com

 

EXCELSIOR

Dinero federal sostiene a los municipios; Tantoyuca, a salvo

Autor: Olimpia Ávila

CIUDAD DE MÉXICO.-Los ingresos de mil 343 municipios —de los mil 377 que comprende el informe— están conformados en más de 50% por recursos federales y estatales, según un análisis realizado por Excélsior, basado en cifras del Inegi sobre las finanzas públicas municipales para 2015.

Lo anterior significa que 97.5% de los municipios analizados tuvo un presupuesto integrado en más de la mitad por dinero federal y estatal.

Además, la alta dependencia que sus presupuestos tienen del dinero federal los hace vulnerables, afirma Diego Díaz, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

El caso más reciente es el de Veracruz, a cuyos alcaldes les fueron retenidas las participaciones. Ante este escenario la Suprema Corte estableció que, cuando a un municipio le sean retenidos recursos federales, deberán recibirlos con  los intereses respectivos.

Según la información de la Estadística de Finanzas Públicas Estatales y Municipales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 14 de los mil 377 municipios analizados dependen al 100% de las participaciones federales y aportaciones federales y estatales. De ellos, 13 son de Oaxaca y uno de Tamaulipas.

En tanto, los cuatro municipios que menos dependen de los recursos federales son de Veracruz: Isla, Tuxtilla, Tempoal y Tantoyuca, con una dependencia de 9.34%, 9.22%, 4.82% y 0%, respectivamente.

De los mil 377 municipios analizados, mil 57 dependen de las participaciones federales entre 80% y 100 por ciento.

Tantoyuca tuvo un nivel de dependencia cero.

Oaxaca es donde más municipios, 444,  tienen una dependencia federal por encima de 80 por ciento.

Son adictos al dinero federal

La falta de ingresos propios  y la dependencia de los recursos de los gobiernos estatales y federal  hacen vulnerables a los municipios en su operación.

La alta dependencia que tienen los municipios del dinero que les aporta el gobierno federal para complementar sus presupuestos los coloca en una situación de vulnerabilidad, sobre todo en casos como el reciente de Veracruz, en el que el gobierno estatal dejó de transferirles los recursos que les correspondían.

El retraso o desvío de ese dinero pone en jaque a la gran mayoría de los dos mil 445 municipios del país que, a falta de ingresos propios, deben recurrir al endeudamiento para hacer frente a sus obligaciones financieras, de nómina o pago de servicios como alumbrado o alcantarillado.

De acuerdo con un análisis realizado por Excélsior, basado en las cifras preliminares del Inegi sobre las finanzas públicas municipales para 2015, los ingresos de mil 343 —de los mil 377 municipios que comprende el informe— están conformados por recursos federales y estatales en más de 50 por ciento.

Ello significa que 97.5% de los municipios analizados tuvo, en 2015, un presupuesto conformado en más de la mitad por participaciones y aportaciones federales y estatales.

“Esa vulnerabilidad de los municipios mexicanos asociada a la dependencia frente al gobierno federal es creciente. Si a un gobernador se le ocurre dejar de transferir estos recursos a los que está obligado, puede poner en serios problemas a los municipios”, expresó en entrevista Diego Díaz, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

El especialista explicó que el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal reserva ciertas facultades tributarias al gobierno federal y a los de los estados, y deja a los municipios la recaudación del impuesto predial, algunos derechos (como servicio de agua) y aprovechamientos, por lo que es difícil que la dependencia de los ayuntamientos de los recursos federales disminuya.

“En sí, el esquema de participaciones y aportaciones es demasiado rígido como para permitir que los municipios aumenten sus ingresos propios como parte de sus ingresos totales”, subrayó.

Según la información de la Estadística de Finanzas Públicas Estatales y Municipales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 14 de los mil 377 municipios analizados dependen al 100% de las participaciones federales y aportaciones federales y estatales. De ellos, 13 son de Oaxaca y uno de Tamaulipas.

En tanto, los cuatro municipios que menos dependen de los recursos federales son de Veracruz: Isla, Tuxtilla, Tempoal y Tantoyuca, con una dependencia de 9.34%, 9.22%, 4.82% y 0%, respectivamente.

De los mil 377 municipios analizados, mil 57 dependen de las participaciones federales entre 80% y 100 por ciento.

Además, 286 alcaldías tienen una dependencia de recursos federales de entre 50% y 79.99%; y solamente 34 de ellos tienen o registran menos de 50 por ciento.

Tantoyuca, que tuvo un nivel de dependencia cero, tuvo ingresos por recaudación de impuestos, productos, derechos y aprovechamientos.

Oaxaca es el estado donde más municipios se encuentran en una dependencia de recursos federales de más de 80%, con 444 demarcaciones de las 473 que están incluidas en el informe.

Mientras tanto, Baja California y Baja California Sur registran cero municipios con una dependencia de entre 80 y 100 por ciento.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) planteó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 una reducción de 15.9 mil millones de pesos en algunos de los fondos que se transfieren a los gobiernos municipales, debido a la caída de los precios y la producción de petróleo.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), los municipios tienen tres opciones para sobrellevar la reducción de sus ingresos: endeudarse más, gastar mejor o mejorar la recaudación.

En su Índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM) 2016, el Imco explica que el saldo de la deuda pública municipal al 30 de junio de este año fue de 47 mil 243.7 millones de pesos (el presupuesto total de tres estados: Colima, Morelos y Tlaxcala).

Además, indica que con la nueva Ley de Disciplina Financiera el acceso a este mecanismo de financiamiento por parte de los municipios del país se verá limitado.

Agrega que los municipios no han consolidado un Presupuesto Basado en Resultados que mejore la eficiencia de su gasto, por lo que les da como alternativa ejercer de una mejor manera su presupuesto.

Asimismo, propone mejorar la recaudación, ya que en el país sólo 1.2% del total de los ingresos por impuestos es recaudado por los gobiernos municipales, mientras que el gobierno federal recauda 96.4 por ciento.

De acuerdo con Diego Díaz, la baja eficiencia recaudatoria “es un tema estructural de todos los municipios del país. Tienen pocas facultades tributarias, la más importante, el predial, es una facultad que desaprovechan”.

El especialista del Imco explicó que la recaudación del predial en las alcaldías de nuestro país, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), es de las más bajas, comparada con otros gobiernos locales de América Latina, con 0.14%, mientras que en Guatemala y en Perú, asciende a 0.19%; en Costa Rica 0.26%; en Colombia a 0.59%; en Chile a 0.70%, y en Uruguay a 0.725 por ciento.

Legislación

Desde 1917, el Constituyente de Querétaro elevó a rango constitucional el principio de la libertad municipal, en el artículo 115 de la Carta Magna.
Con una reforma a dicho artículo, efectuada en 1999, el Poder Legislativo dotó de autonomía hacendaria al municipio, para, así, asegurar también su libertad política.
Actualmente, el artículo 115 de la Constitución prevé que los municipios administrarán libremente su hacienda.
Pese a que la Carta Magna establece dicha facultad para los municipios, a lo largo de los años la Suprema Corte de Justicia de la Nación  (SCJN) ha tenido que resolver numerosas controversias constitucionales presentadas por ayuntamientos debido a  la retención de participaciones federales por parte de los estados.
Alcaldías deben litigar por entrega oportuna

A pesar de que la Constitución lo señala y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) así lo ha confirmado, a lo largo del tiempo diversos municipios del país han tenido que verse en la necesidad de presentar litigios ante el máximo tribunal del país debido a que las participaciones federales que les corresponden les fueron retenidas.

La Carta Magna detalla que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se forma, entre otros rubros, de las participaciones que serán entregadas por la Federación a los municipios, con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determinen las legislaturas de los estados.

Para el ya fallecido ministro de la SCJN, Juventino Castro y Castro, el régimen de participaciones federales, como derecho que se reconoce al municipio, debe encontrarse debidamente regulado a través de un sistema claro, en el que participan todos los niveles de gobierno tanto federal, como estatal y municipal, para que el municipio tenga un conocimiento cierto de la forma en que se le están cubriendo sus participaciones federales y para que las autoridades estatales cumplan con sus obligaciones.

“Al ser un derecho constitucional de los municipios el recibir parte de esos fondos federales y por lo tanto el exigir ante la autoridad estadual la información necesaria respecto de esa distribución”, expuso el integrante del Alto Tribunal en un proyecto que presentó ante el pleno de la Corte en 1997, derivado de una controversia constitucional promovida por el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Incluso, en julio de 2013, los ministros de la Primera Sala de la SCJN señalaron que del principio de integridad de los recursos federales destinados a los municipios deriva su derecho a recibir puntual, efectiva y completamente los recursos que les corresponden; de ahí que su entrega extemporánea dé lugar al pago de intereses.

“Lo anterior, aunado a que el artículo sexto de la Ley de Coordinación Fiscal establece que la Federación entregará las participaciones federales a los municipios por conducto de los estados dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el estado las reciba, y que el retraso dará lugar al pago de intereses”, explicó la Corte a través de una tesis aislada relacionada con la retención de participaciones para el municipio de Santa María Chimalapa, Oaxaca.

Y es que la legislación establece que las entidades deberán entregarlas a sus respectivos municipios de manera “ágil y directa”, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo.

Frentes Políticos

I. Tarea. Arely Gómez, secretaria de la Función Pública, tiene muchos pendientes en su agenda, entre el listado, uno llegó desde el extranjero. La constructora brasileña Odebrecht se declaró culpable el miércoles pasado en una corte de Estados Unidos por violar normas contra sobornos fuera del país, como resultado de una investigación en Brasil sobre una extensa red de corrupción. De acuerdo con lo revelado, servidores públicos mexicanos estarían involucrados. Odebrecht habría pagado 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de América Latina y África. La Secretaría de la Función Pública debe ir tras los corruptos, pero también debe ir al rescate del honor del país. A trabajar.

II. Deuda ancestral. La diputada Mónica Rodríguez Vecchia, del Partido Acción Nacional, secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez, planteó exhortar a la Secretaría del Trabajo y a las autoridades del ramo de las entidades federativas a que instrumenten y fortalezcan las acciones y estrategias dirigidas a vigilar y, en su caso, sancionar a quienes contraten o permitan el empleo infantil. En México trabajan más de dos millones de menores de edad. El que sean parte del sector productivo en territorio nacional no contribuye a nada, es una pesadilla que persigue al país desde hace décadas. Que los menores de edad laboren deja muy mal a los gobernantes. Es tiempo de que el trabajo infantil se erradique. Los niños merecen estudiar y ser felices.

III. El desaparecido. Pronto tendremos noticias de Marcelo Ebrard, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México. La PGR aseguró cinco condominios, en la delegación Álvaro Obregón, que fueron reclamados por gente cercana y los hermanos de Ebrard. Tanto el empresario Sergio Fuentes Calderón como los hermanos Enrique Camilo y Fabián Jorge Ebrard promovieron amparos con el fin de detener el aseguramiento de los inmuebles, así como también para que les sean devueltos. Lo peor es lo que se dice en redes sociales: “Ya sabemos, Marcelo, en qué te gastaste el dinero de la Línea 12…”. Del descrédito no lo salva nadie.

IV. Insistentes. El 2016 no le alcanzó a Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, para consolidar la Reforma Educativa. De no apurarse, el escenario se le puede complicar en todo el país. Hasta ahora ha lidiado con el testarudo magisterio disidente, en estados como Oaxaca, Michoacán, Veracruz, entre otros. Pero para los próximos días se le suman la Comarca Lagunera. Maestros en Torreón, Coahuila, buscan reunir 105 mil firmas para ser presentadas el 9 de febrero ante el Senado de la República. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pide firmar un documento que permita echar abajo la Reforma Educativa. Por lo anterior, quizá, habrá marchas y caos. ¿Hasta cuándo se respetará la ley?

V. Va en serio. En los próximos días, antes de que termine el año, se instalará el V Congreso Nacional Indígena, con la presencia de alrededor de mil delegadas y delegados indígenas. El 29, 30 y 31 de diciembre se rendirán los informes de la consulta y se evaluarán los resultados. Es muy probable que el 1 de enero, XXIII aniversario del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en la Plenaria de Oventic, se den a conocer los resolutivos del congreso. El tema principal será la postulación de una mujer indígena a la Presidencia de la República como “candidata independiente” para 2018. Muchos no se lo toman en serio. Ellos sí. La pregunta se abre, ¿el Instituto Nacional Electoral de Lorenzo Córdova les otorgará el registro?

REFORMA

     
Paran en 4 municipios policías oaxaqueños

Por falta de pagos y aguinaldos, policías municipales de al menos cuatro municipios de Oaxaca pararon labores en la segunda quincena de diciembre.
En los ayuntamientos de Tlacolula de Matamoros, San Pablo Huixtepec, Santa Lucía del Camino y Juchitán de Zaragoza, localidades donde se reporta alta incidencia delictiva, corporaciones policiacas se han manifestado para exigir su sueldo y prestaciones.
En Santa Lucía del Camino, Municipio conurbado a la capital oaxaqueña, la segunda quincena de diciembre alrededor de 70 uniformados se declararon en paro de labores para demandar su salario.
Una semana después, los inconformes retuvieron a cuatro personas, posibles escoltas del edil con licencia, Galdino Huerta.
En Huixtepec, ubicado al sur de la capital, administrativos iniciaron un paro de labores para demandar aguinaldos y el pago respectivo de la segunda quincena de diciembre.
Denunciaron las precarias condiciones de trabajo y que cuentan con cuatro patrullas que recorren toda la localidad.
En Juchitán de Zaragoza, la semana pasada más de 300 uniformados intensificaron su manifestación con el cierre de vialidades con patrullas de la corporación.
Este es uno de los municipios más violentos del estado, donde la presencia del crimen organizado no hace cesado.
Además, el 21 de diciembre más de 50 policías de Tlacolula de Matamoros suspendieron labores para demandar el pago de aguinaldos.