EL UNIVERSAL

Sección 22 prepara agenda para relevo de dirigencia

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La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca definirá, en su asamblea estatal del próximo sábado 7 de enero, la fecha en la que llevará a cabo su proceso para renovar el actual Comité Ejecutivo Seccional (CES), liderado por Rubén Núñez Ginez.

La vocera de la CNTE en Oaxaca, la profesora Isabel García Velasco, señaló que la coordinadora aceptó la convocatoria emitida por el sindicato y que ahora el siguiente paso es que en su asamblea estatal, el máximo órgano de decisión, los maestros puedan determinar con precisión las fechas en las cuales continuará el proceso para renovar su dirigencia estatal.

“Nosotros tenemos la convocatoria, se está construyendo la ruta. La convocatoria que recibimos fue un borrador porque todavía se puede modificar la fecha que ahí se maneja, el 20 y 21 de enero, pero también se puede ir hasta febrero. Será determinante la asamblea estatal del 7 de enero porque es cuando vamos a determinar las fechas [para el congreso político]”, dijo en entrevista desde Oaxaca.

García Velasco reconoció que desde ahora empezaron a “hacer campaña” algunos profesores que tienen aspiraciones a ocupar la dirigencia de la sección más numerosa de la Coordinadora en el país, y reclamó que estas son prácticas aprendidas de los partidos políticos que no deben continuar creciendo al interior de la disidencia magisterial, puesto que van en contra de sus propios principios.

Esta práctica está claramente sancionada en los propios principios de la CNTE, señaló. En este sentido, el actual Comité Ejecutivo Seccional tiene que validar las actas de reuniones de las asambleas de las delegaciones donde se escoge a quienes van a participar en el congreso político y, por lo mismo, pueda ser elegible.

Será precisamente en la asamblea estatal del 7 de enero cuando se aprobarán las fechas para llevar a cabo las reuniones delegacionales y posteriormente el precongreso y congreso político de la Sección 22, donde se llevará a cabo la elección de la nueva dirigencia en Oaxaca.

“En todos los momentos se ha dado que quienes quieren llegar al CES buscan esos apoyos, votos, como si fueran partidos políticos. En nuestros principios si detectamos a alguien que anda haciendo trabajos antes de las fases de reuniones, los tenemos que denunciar y no pasan. Tiene que ser de base, independientemente de los grupos que andan trabajando; andan haciendo sus grupos, pero nosotros no los validamos”, mencionó. “El proceso se podría dar antes de la primera quincena de enero”.

De acuerdo con la convocatoria emitida por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el congreso seccional extraordinario en el cual la Sección 22 de la Coordinadora renovará a su dirigencia, se celebrará entre el 20 y 21 de enero del próximo año.

En este congreso se elegirá a los nuevos dirigentes que sustituirán a Rubén Núñez Ginez y a Francisco Villalobos Ricardez, como secretario general y secretario de organización al frente de la representación de la disidencia magisterial que tiene mayor número de agremiados en todo el país.

Retraso. El proceso electoral de la CNTE se llevará a cabo con cuatro meses de retraso, puesto que el mandato del actual Comité Ejecutivo Seccional, encabezado por Núñez Ginez, había llegado a su fin desde el pasado 26 de septiembre, sin que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación emitiera la convocatoria correspondiente para renovarlo.

Según el documento orientador para el IV Congreso Político de la Sección 22, es necesario “refundar” al Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca.

Este reto se deriva del alejamiento de las bases por casos de corrupción, “servilismo y clientelismo”, que las bases no se están identificando con el movimiento y no tienen formación política, e incluso existe un “abuso de poder” y casos de abuso sexual al interior de la dirección política de la Sección 22 de la Coordinadora.

Uno de los grandes retos a los que se tendrá que enfrentar la nueva dirigencia será recuperar las cuotas sindicales que desde julio de 2015 han sido retenidas por el Sindicato Nacional, señaló Isabel García, y conformar un nuevo “fondo de la resistencia”, integrado por las aportaciones de los propios maestros o crear una caja de ahorro para poder sufragar los gastos de representación de los profesores.

Sección 22 prepara agenda para relevo de dirigencia
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Se dividen perredistas de Oaxaca por elección interna

El Tercer Pleno Extraordinario del Octavo Consejo Estatal del PRD en Oaxaca se dividió anoche y un grupo de consejeros encabezado por el presidente de la directiva de ese órgano, Raymundo Carmona Laredo, abandonó la sesión.

Junto con este último, 62 integrantes más se retiraron también de la sesión en que se elegiría al presidente del Comité Ejecutivo del Partido de la Revolución Democrática y otros directivos; a su salida, cancelaron el servicio rentado a un hotel de la capital oaxaqueña, con lo que dejaron en penumbra y sin mobiliario a los demás consejeros.

En conferencia de prensa, representantes de diversas corrientes políticas internas informaron que desconocen formalmente el motivo del retiro del presidente de la directiva del Consejo Estatal, quien también se postularía como dirigente del “sol azteca” en la entidad.

La mayoría de quienes se salieron del salón junto con Carmona Laredo forman parte de las corrientes Nueva Izquierda e Izquierda Democrática Nacional.

El consejero nacional Eloí Vásquez López informó que con el resto de los representantes del partido se mantenía el quórum para continuar la sesión electiva; no obstante, también valorarían posponer el proceso.

Horas antes, un grupo de “porros”, presuntamente con armas de fuego, arribó al hotel sede del encuentro, lo que obligó a los administradores del establecimiento a cerrar los accesos, pedir la presencia de policías y exigir el retiro de quienes no formaban parte del consejo.

Tras la reanudación del Pleno, que atestiguó la presidenta de la comisión electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Erika Moreno, los consejeros restantes eligieron como presidente interino en Oaxaca a José Julio Antonio Aquino.

Sin embargo, el grupo de Raymundo Carmona Laredo, aún presidente municipal de San Pedro Pochutla, convocó a otra sesión en otro hotel al sur de la capital.

En al menos tres procesos similares, el PRD ha concluido sus reuniones con enfrentamientos balazos, vandalismo y gases lacrimógenos. Su último presidente local fue el ex diputado federal Carol Antonio Altamirano, quien buscó una diputación bajo las siglas del PAN y actualmente es legislador estatal.

Por su parte, Acción Nacional enfrenta también divisiones en la elección de su comité, tras el vandalismo ocurrido la semana pasada en sus oficinas estatales, donde se contaban los votos.

afcl

Se dividen perredistas de Oaxaca por elección interna
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Mar abierto, ruta fértil para envío de cocaína

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En los últimos 12 meses la delincuencia organizada incrementó su actividad en el mar para el envío de cocaína desde Sudamérica a México. La cantidad de alcaloide asegurado durante 2016 supera 6.5 veces la suma de los resultados obtenidos en los años 2014 y 2015, de acuerdo con información de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

Como resultado del trabajo de inteligencia naval, el uso de tecnología de punta, la coordinación interna entre las unidades operativas y la coordinación institucional, la Armada descubrió a más criminales que usaron nuevos modus operandi en las rutas marítimas para enviar droga desde lugares tan lejanos como Chile, a nueve días en buque.

Entre enero y diciembre, la Marina acumuló al menos 12 toneladas 744 kilos de cocaína asegurada en 26 operaciones, de las cuales 24 se realizaron en mares y costas del Océano Pacífico, y dos en el Golfo de México; en los dos años anteriores, la cantidad asegurada fue una tonelada 964 kilos.

Manzanillo, Colima, es el puerto a donde llegaron más buques con cocaína, pero la mayor cantidad de droga se trasladó en lanchas rápidas que navegaron en mar abierto, hasta a 450 kilómetros de la costa, donde los narcotraficantes hacen la entrega de mercancía a sus cómplices de los cárteles mexicanos.

En Manzanillo, uno de los puertos comerciales más importantes del país, la Armada aseguró 12 contenedores con droga que llegaron en barcos, seis de ellos zarparon de Buenaventura, Colombia; tres, de Guayaquil, Ecuador; dos, de Chile, y uno, de Panamá.

Según la cantidad de aseguramientos en el puerto, este destino turístico mexicano parece ser el más utilizado por los narcos sudamericanos para proveer a sus socios del Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que disputan el control de la entidad.

En consecuencia, Colima es primer lugar nacional de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.

En cuanto a los aseguramientos en el Golfo de México, en 2016 la Marina realizó sólo uno en el Puerto de Veracruz y otro en Puerto Progreso, Yucatán.

Del total de aseguramientos, 12 fueron en mar abierto: cinco frente a Puerto Chiapas, tres en Acapulco, tres en Huatulco y uno Manzanillo, algunas veces al verse descubiertos por los helicópteros o embarcaciones de la Armada, los narcos arrojaron los paquetes de droga al mar para escapar.

El crimen organizado se caracteriza por enviar paquetes o tabiques de cocaína en maletas desde de Buenaventura, Colombia, rumbo a Puerto Quetzal, Guatemala, o Acajutla, República de El Salvador, con escala para transbordar en Manzanillo.

De acuerdo con la Semar, los narcotraficantes más creativos han sido los ecuatorianos, quienes usan el puerto de Guayaquil, Ecuador, para exportar productos ilícitos mezclados o disueltos en otras sustancias, como salda picante o arena, destino a Mazatlán, donde también opera el Cártel de Sinaloa.

En la información publicada en el documento Logros del Programa Sectorial de Marina 2014, ese año fue asegurada una tonelada 927 kilos de cocaína y 32 toneladas 368 kilos de marihuana, lo que equivale a 22 millones 11 mil 805 dosis de ambas drogas, con valor en el mercado de 354 millones 695 mil 250 pesos.

Durante 2014 se llevaron a cabo 17 mil 928 operaciones contra el narcotráfico, en las que participaron 5 mil 760 elementos al mes. Además, se realizaron 69 mil 22 acciones de vigilancia en mares y costas, se inspeccionaron 66 mil 147 embarcaciones y 2 millones 239 mil 317 contenedores.

En 2015, cuando se redujo la cantidad de elementos asignados para estas operaciones y el número de contenedores revisados, casi no hubo aseguramientos del alcaloide.

El informe Logros del Programa Sectorial 2015, destaca que únicamente fueron asegurados 36.9 kilogramos de cocaína, cantidad que equivale a 112 mil 65 dosis con valor estimado de 7 millones 227 mil 962 pesos.

El mismo año, la Secretaría de Marina-Armada de México participó en 22 mil 122 operaciones desplegadas en contra del narcotráfico, con un promedio mensual de 3 mil 269 elementos. Además, realizó 68 mil 910 operaciones de vigilancia en mares y costas, y se revisaron 43 mil 831 embarcaciones y 367 mil 852 contenedores.

La población mexicana, de entre 12 y 65 años de edad, que consumió drogas como marihuana, cocaína, crack o anfetamínicos, aumentó en México de 3.9 millones a 5.7 millones, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones, 2011.

La Comisión Nacional Contra las Adicciones (ConadiC) ha advertido que el consumo de cocaína tuvo un repunte en México, pero además entre estudiantes de secundaria y bachillerato alcanzó los mismos niveles que este grupo de población en Estados Unidos. En el país, 3.3% de estos estudiantes consumieron el polvo blanco.

De acuerdo con información de la Secretaría de Marina, se precisa que la mayoría de la cocaína que llega a México por mar abierto fue asegurada en lanchas rápidas interceptadas en aguas profundas.

Elementos de la dependencia interceptaron por esa vía 9 toneladas 875 kilos aproximadamente, en 12 aseguramientos realizados en 2016, lejos de la costa: cinco en Puerto Chiapas, tres en Huatulco, igual número en Acapulco y una en Manzanillo.

El 26 de diciembre, la Armada aseguró 31 bultos y cuatro paquetes en forma de ladrillo que contenían 831 kilos de cocaína que flotaban a 418 kilómetros al suroeste de Huatulco, Oaxaca.

Entre otros decomisos recientes, el 18 y 19 de diciembre pasados, se registran dos embarcaciones menores con 85 bultos y 24 ladrillos que contenían casi dos toneladas de cocaína. Los hechos ocurrieron frente a las costas de Acapulco y Huatulco.

 

Tribunal blinda programas sociales

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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) prohibió que los beneficios de programas sociales sean entregados en eventos masivos durante campañas electorales, a fin de evitar poner en riesgo los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales.

De acuerdo con una tesis determinada por la Sala Superior, los beneficios de los programas sociales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral.

En un comunicado, el TEPJF señaló que las autoridades tienen un especial deber de cuidado para que dichos beneficios sean entregados, de tal manera que no generen un impacto negativo o se pongan en riesgo los referidos principios.

“De la interpretación teleológica, sistemática y funcional de los artículos 41, Base III, Apartado C, segundo párrafo, y 134, párrafos séptimo, octavo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que en principio no existe el deber específico de suspender la entrega de los beneficios de los programas sociales durante las campañas electorales, debido a su finalidad; sin embargo, atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales, los programas no deben entregarse en modalidades que afecten la equidad”, indicó.

Destaca FEPADE avances. Con el fin de evitar el uso indebido de programas sociales, la fiscalía electoral y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) instalaron por primera vez 12 comités preventivos de blindaje electoral, en los estados donde se llevaron a cabo comicios este año.

Además, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y la Sedesol trabajaron en capacitar en materia de delitos electorales a los funcionarios y beneficiaros de programas sociales en las entidades federativas.

En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que las instalaciones de los comités preventivos fueron cerrados 72 horas antes de cada elección y se verificó la entrega de programas sociales como Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), Prospera, Inapam, así como 65 y Más.

La dependencia recordó que en las elecciones del pasado 5 de junio se eligieron 12 gobernadores y se realizaron cambios en 965 ayuntamientos, en los cuales cuatro de cada 10 habitantes son beneficiarios de alguno de los programas sociales.

Durante la capacitación se informó a la población sobre sus derechos electorales, se comunicó a los funcionarios públicos sobre el debido proceso y se cuidó la transparencia y rendición de cuentas por medio de 550 mil contadores sociales, quienes serán elegidos por sus compañeros beneficiarios.

Además, la FEPADE capacitó a 3 mil 200 beneficiarios de dichos programas sociales en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, así como Coahuila, Estado de México (Chiautla) y Tabasco (Centro).

Con esas acciones, la fiscalía electoral y la Secretaría de Desarrollo Social reiteran su compromiso de prevenir el uso indebido de programas sociales, en virtud de que provoca inequidad en las contiendas electorales. Con información de Notimex

 

El balón que hace girar a los triquis

El deporte ha permitido una vida más plena en el noroeste de Oaxaca. El basquetbol sigue cambiando a los niños triquis.

En 2016, estos chicos también se ubicaron en lo alto a nivel internacional. En julio conquistaron, de manera invicta, la Copa Barcelona de basquetbol y, posteriormente, lograron su mejor papel en el Torneo YBOA, en Orlando, Florida.

“Fue un año muy placentero”, dice Sergio Zúñiga, entrenador del equipo. “Ganamos en España y en Estados Unidos tuvimos nuestra mejor posición. Estamos muy contentos y orgullosos”.

En entrevista telefónica con EL UNIVERSAL, Zúñiga cuenta que cada vez los padres se acercan más a ellos para inscribir a sus hijos. “Ya no sólo preguntan si los varones pueden entrar, ya mandan a sus hijas, también. Actualmente, contamos con casi dos mil”.

El estratega narra que las cosas en la zona han cambiado para el bien común. “Se ha movido mucho la región”, continúa. “Los líderes triquis abrieron un espacio deportivo más adecuado, con instalaciones para que se pueda practicar mejor el basquetbol. Los líderes naturales ya dieron más recursos para los niños y nos llena de orgullo”.

Zúñiga afirma que este año se invirtió mucho en estos espacios para ayudar a los jugadores. “Por medio del deporte y del estudio, podrán alcanzar cosas que no hubieran podido en otros tiempos”.

El Gobierno Estatal y la Comisión de los Derechos de los Indígenas son un soporte para que la asociación siga cumpliendo los sueños de los niños. En lo personal, Sergio asiste a conferencias, congresos, clínicas y campamentos para intentar recopilar un poco más. “Algunos de estos niños no tienen nada, entonces todos queremos ayudar”.

Para los viajes nacionales e internacionales buscan patrocinadores para los boletos de avión y, en el caso del torneo en Barcelona, la embajada de México en la ciudad española colabora con el hospedaje y con las comidas.

Con el esfuerzo, Zúñiga acepta que los últimos 12 meses han sido muy productivos para los pequeños. “Este programa ha demostrado que existen alternativas en la educación, a pesar de todo lo que viven estos chicos”.

El entrenador de la Academia de Basquetbol Indígena de México (AMBI) reconoce que esto no es la solución, pero que funciona para que los jugadores puedan crecer en un mejor ambiente. “Sin la asociación, muchos de estos niños a los 13 o 14 años ya se hubieran casado. El 80 por ciento sale a otras ciudades del país o se va de indocumentado a Estados Unidos, y bueno… es la historia que se repite. Otro caso puede ser la violencia, que se hubiera apoderado de ellos”.

Sergio confía en que estos niños ya tienen un chip distinto y está seguro de que los pensamientos de los pequeños se ubican en los estudios y el deporte. “En la comunidad ya no se habla de violencia”.

El trabajo realizado con los indígenas ha hecho del entrenador en “un nuevo ser humano”. “Al estar con ellos me di cuenta que la vida de esta región me ha hecho más humano. Me abrió los ojos y fui más agradecido con lo que tenía. Me siento orgulloso de ser parte de un cambio en una sociedad que estaba deteriorada”, refiere.

Prepara 2017. Sergio Zúñiga espera que el próximo año sea igual de productivo que 2016. “Tenemos un calendario lleno de eventos que nos pone contentos”.

A finales de febrero, el equipo viajará a Monterrey. Cuatro meses después estará en Celaya. “De ahí nos prepararemos para el torneo en Barcelona”, donde intentarán regresar con el bicampeonato.

En julio, su destino será Orlando, en la competencia más difícil para ellos. También estarán en Aguascalientes, para cerrar la agenda en los eventos nacionales.

“Lo más importante es que los niños estén unidos, sigan adelante y que se conviertan en un ejemplo para otras generaciones”, concluyó el entrenador.

 

MILENIO

Tras ‘gasolinazo’, gobierno vigilará tarifas del transporte en Oaxaca

El gobierno de Oaxaca no permitirá el alza indiscriminada en las tarifas del transporte público por el aumento en los precios de la gasolina, afirmó Francisco García López, secretario de Transporte de Vialidad del estado.

El funcionario informó que se realizará un operativo con apoyo de la policía vial para sancionar a los transportistas que cometan abusos contra los usuarios.

García López dijo que, en apego al reglamento de transporte, las sanciones por elevar sin autorización las tarifas podrían ir desde la aplicación de multas, hasta llegar a la pérdida y cancelación de la concesión de transporte.

El secretario afirmó que la revisión de las tarifas con respecto al alza del precio de la gasolina, tendrá que ser un tema a discutirse en una mesa de trabajo, donde tendrán que evaluarse las condiciones para no dañar a la población con una mala decisión y llamó a los transportistas a no caer en la desesperación.

“Vamos a convocar a los transportistas a una mesa de trabajo para evaluar los efectos que genere el alza de las gasolinas antes de determinar elevar las tarifas”, dijo.

En tanto, el presidente de la Cámara de Transporte, Miguel Ángel Medina, calificó como difícil la situación del gasolinazo de 2017, advirtiendo que el gobierno federal los ha puesto entre la espada y la pared y en una condición de “lamentable indefensión”.

Aseguró que a diferencia de otras ocasiones, esta vez el incremento a los combustibles es considerable, “es de más del 20 por ciento y ello va causar una escalada de precios, principalmente en el costo de refacciones, muchas de estas cotizadas en dólares, lo que va dejar a muchas empresas con poco margen de utilidades y ganancias”, explicó.

Medina anunció como medida de apremio la realización de posibles marchas, no descartando un paro general porque, aseguró, muchas empresas del sector transporte se van a ir a la quiebra.

Dijo que los transportistas de Oaxaca se encuentran doblemente afectados, primero por la caída de sus ventas por los bloqueos carreteros que este año realizó la CNTE y ahora tendrán que enfrentar los efectos negativos del gasolinazo del 2017.

EXCELSIOR

Estados desdeñan avisos de Profepa

CIUDAD DE MÉXICO.

De 19 recomendaciones generales e individuales, emitidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se registra un incumplimiento de 20% por parte de entidades y municipios.

En un balance presentado por el organismo se indicó que, a pesar de la importancia de los temas contenidos en las recomendaciones, el porcentaje restante de aceptación está en manos de los distintos gobiernos locales.

La Profepa señaló que los planteamientos presentados son públicos, autónomos y no vinculatorios; además de ser un instrumento fundamental para fortalecer la protección de los recursos forestales, la vida silvestre, las Zonas Federales Marítimo Terrestres (Zofemat) y las Áreas Naturales Protegidas (ANP).

Como ejemplo se presentó el caso de la recomendación emitida en agosto de 2016, sobre trato digno y respetuoso a los ejemplares de vida silvestre que se especímenes en los zoológicos durante su confinamiento, manejo, exhibición y traslado.

 

Con este instrumento se buscó que los gobiernos estatales se comprometan a que la fauna sea manejada de manera adecuada con las medidas necesarias para evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que los animales silvestres puedan tener durante su traslado, exhibición, cuarentena y entrenamiento.

La Profepa destacó que esta recomendación fue aceptada por 12 gobiernos locales, mientras que Coahuila, Guanajuato y Sinaloa la han aceptado parcialmente.

Sin embargo Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas no han dado respuesta a la Profepa.

Con el objetivo de impulsar el control y vigilancia de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje municipal que desemboquen en los afluentes del río Zahuapan–Atoyac, en febrero de 2015 se emitió la recomendación de la Cuenca del Alto Balsas.

La recomendación se dirigió a 22 municipios de Puebla, de los cuales 16 la aceptaron, cuatro remiten información sin aceptarla y dos no han respondido.

También se envió a 38 municipios de Tlaxcala, de los cuales siete la aceptaron, uno la rechazó, cuatro remiten información sin aceptar y 26 no han respondido.

La Profepa explicó que otras recomendaciones están destinadas a la protección, uso y aprovechamiento sustentable de las Playas y de la Zofemat, así como para evitar asentamientos humanos en humedales y manglares, entre otros.
 

REFORMA

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Distribuyen 6,989 mdp para seguridad

Antonio Baranda
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), asignó los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) a las 32 entidades del país.

El próximo año, la dependencia distribuirá 6 mil 989.5 millones de pesos para apoyar el combate al crimen y el fortalecimiento de las corporaciones estatales de seguridad y justicia.

La entidad que más recursos recibirá es el Estado de México, con 495.3 millones de pesos, seguida de la Ciudad de México, con 450.4 millones de pesos.

Chiapas recibirá 313.3 millones de pesos; Jalisco 309.9; Sonora, 301.4; Veracruz, 300.3; Baja California, 297.9; Nuevo León, 281.2 millones; Puebla, 275; Tamaulipas, 265.7; y Oaxaca, 222.1.

Entre los estados que recibirán menos recursos del FASP están Michoacán, con 96.7 millones de pesos; Aguascalientes, con 109.9; Tlaxcala, con 118.8, y Campeche y Puebla, con 130.2 cada uno.

Los criterios que usó la Secretaría de Gobernación para asignar los montos fueron población, combate a la delincuencia, control de confianza, información de seguridad, sistema penal y sistema penitenciario.

En materia de control de confianza, por ejemplo, tomó en cuenta el personal activo aprobado; mientras que en el combate al crimen, la incidencia y disminución de delitos de alto impacto.

Cada estado deberá orientar los recursos del FASP a los “Programas con Prioridad Nacional”, entre los que se encuentran la profesionalización policial y el desarrollo de las ciencias forenses.

Deberán aplicarlos también en la adquisición de nuevas tecnologías, la consolidación del sistema acusatorio, el desarrollo del nuevo sistema de atención de llamadas de emergencia (911), y la prevención del delito.

LA JORNADA

Empresario denuncia extorsión de colaboradores de Gabino Cué

Gabino Cué Monteagudo, ex gobernador de Oaxaca, y su operador político Jorge Castillo, en imagen de archivo. Ambos fueron acusados por el empresario constructor Alfredo Velasco Méndez de intentar extorsionarloFoto La Jornada

De la Redacción

Periódico La Jornada
Viernes 30 de diciembre de 2016, p. 23

El empresario constructor Alfredo Velasco Méndez denunció que el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, que concluyó el pasado primero de diciembre, intentó cobrarle 2.8 millones de pesos a cambio de pagarle 11 millones de pesos que le debe por obras de infraestructura carretera.

En entrevista radiofónica, aseguró: Hace cuatro años me dijeron que me pagarían por instrucciones de Jorge Castillo, operador de Gabino Cué, con la condición de que les pagara 2 millones 800 mil pesos, lo que no acepté, y hasta la fecha no me han pagado, pero sí me han amenazado y cancelaron las cuentas de mi empresa.

Afirmó tener videos donde se aprecia claramente la extorsión, que me están pidiendo el dinero para el gobernador Gabino Cué Monteagudo y se ve al ex director de Obras y a su supervisor, cuyos nombres no proporcionó.

Subrayó que esta acción fue parte del saqueo sistemático que hizo el ex gobernador por conducto de Jorge Castillo, lo que dejó adeudos por más de 2 mil 500 millones de pesos con empresas constructoras y de otros ramos.

Compara saqueo con el de Duarte de Ochoa

Velasco Méndez consideró que el saqueo podría ascender a más de 30 mil millones de pesos, similar al que habría perpetrado Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz.

Recordó que el pasado 12 de mayo denunció penalmente a Cué Monteagudo, a Jorge Castillo y a todos sus cómplices por delincuencia organizada y otros ilícitos, y no ha caminado un ápice esa investigación; hice que dieran vista a la Procuraduría General de la República (PGR) y no se ha hecho. Deberían estar en la cárcel.

Alfredo Velasco resaltó que este adeudo fue heredado a la nueva administración, encabezada por el priísta Alejandro Murat Hinojosa. Adelantó que, en cuanto el Congreso apruebe al nuevo fiscal, presentaremos nuestra querella ante la PGR por extorsión, delincuencia organizada y los delitos que se actualicen.

Durante el gobierno de Gabino Cué la deuda estatal aumentó más de 400 por ciento debido a 19 créditos que autorizó el Congreso local. En la parte final de su administración el ex mandatario enfrentó casi a diario protestas de proveedores, constructores, discapacitados, trabajadores de la Secretaría de Salud y burócratas, a quienes no se pagó puntualmente.

Además, dejó adeudos por más de 2 mil millones de pesos con diversos proveedores. A una semana de que concluyera su gestión, Cué Monteguado anunció que la administración de su sucesor, Alejandro Murat, pagaría los pasivos.

Dijo entonces que su gobierno no podía saldar estos pasivos por una sola razón: a diferencia del pasado, ahora hay una nueva Ley de Disciplina Financiera, que indica que ningún gobernante puede solicitar apoyos a cadenas productivas ni créditos a corto plazo desde seis meses antes de que termine su administración.

El pasado 21 de diciembre, el gobernador Alejandro Murat reconoció que debido al pésimo manejo de recursos en la administración de Gabino Cué, en las arcas estatales no había recursos suficientes para pagar salarios de este mes ni aguinaldos, y anunció que solicitaría un préstamo de corto plazo por 700 millones de pesos para cubrir esos pagos.

Antes de inaugurar la ventanilla única para la atención a proveedores y prestadores de servicios en la Ciudad Administrativa, señaló que el pasado primero de diciembre recibió el estado sumido en una severa crisis económica, por lo cual decidió solicitar el crédito.

El mandatario agregó que en su campaña adquirió un compromiso con las familias de los oaxaqueños y con los trabajadores de la administración pública, y que el préstamo sería para pagar a los trabajadores en tiempo y forma y tener un buen cierre de año.

 

Alistan campesinos movilizaciones para exigir a Peña Nieto que suspenda alzas

En la Ciudad de México se comienzan a ver filas en algunas estaciones de servicio ante el inminente aumento en el precio de las gasolinas. En la imagen, distribuidora ubicada en Eje 3 Oriente, delegación TlalpanFoto Carlos Ramos Mamahua

Matilde Pérez, Alma Muñoz, Rubén Villalpando y Javier Salinas

Reporteras y corresponsales

Periódico La Jornada
Viernes 30 de diciembre de 2016, p. 6

El Barzón y diversas organizaciones campesinas hicieron un llamado a la movilización con el fin de frenar el gasolinazo que pretende el gobierno federal a partir del primero de enero.

El dirigente de El Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar, convocó a las organizaciones campesinas, pecuarias, sociales, sindicatos, amas de casa y estudiantes a comenzar, unificadamente, una protesta pacífica en contra del incremento al combustible y exigir al presidente Enrique Peña Nieto que decrete su suspensión.

Detalló que se iniciaron reuniones informativas en municipios y localidades para definir las acciones. Los ciudadanos estamos dispuestos a pagar el precio real de la gasolina, pero no los impuestos especial sobre producción y servicios y el del valor agregado. Resaltó que mientras al consumidor se le carga 40 por ciento de dichos gravámenes, a los importadores se les otorgan estímulos fiscales.

En conferencia de prensa, Ramírez Cuéllar, Alejandro Castillo, Manuel Ortega y Rosario Castro advirtieron que el gasolinazo incrementará 80 por ciento el costo de producción del maíz en el ciclo agrícola otoño-invierno, provocará un cementerio de maquinaria hasta en las tierras más productivas y tendrá un efecto inflacionario de graves consecuencias.

Estamos a tiempo de que la medida, que ya ha causado irritación social, sea suspendida; de que se imponga el ahorro con la reducción de presupuestos suntuarios y excesivos al Congreso de la Unión, Asamblea de Representantes, congresos locales, partidos políticos, Instituto Nacional Electoral y otros organismos cuyos directivos tienen salarios y prestaciones muy elevadas, resaltó Ramírez Cuellar.

En Chihuahua, al menos seis organizaciones campesinas acordaron que a partir del 2 de enero realizarán manifestaciones, tomas de carreteras, casetas de cobro y vías de ferrocarril en contra del alza a los precios de gasolina, diésel y otros energéticos.

Por principio, la toma de la carretera Panamericana a la altura de Sacramento, la autopista a Casas Grandes, así como el ferrocarril en las ciudades de Jiménez, Cuauhtémoc y Delicias.

Leighton Romney, presidente del Consejo Estatal Agropecuario, exigió al gobierno federal poner en marcha mecanismos en defensa del sector agropecuario y el compromiso de respetar los estímulos fiscales propuestos a los combustibles desde 2016, el cual nunca se aplicó y quedó en letra muerta.

Por separado, el PRD resaltó que con los desproporcionados aumentos a las gasolinas se flagelará la economía de millones de mexicanos, por lo cual llamó a las fuerzas democráticas a unirse para revertir la decisión del gobierno federal.

La convocatoria, emitida desde el perredismo mexiquense, se suma a otros llamados del partido para realizar acciones en contra de la medida. La presidenta del PRD, Alejandra Barrales, vía Twitter, resaltó que el alza a las gasolinas merece indudablemente una convocatoria para salir a las calles.

Por otra parte, la Unión Industrial del estado de México (Unidem) advirtió que el costo de la gasolina podría llegar a los 30 pesos en el mediano plazo y el problema de desabasto se agudizaría en enero y febrero por lo que hizo un llamado al gobierno federal para que tome medidas de emergencia y evitar aumentos desmesurados.

 

En 10 años de guerra contra el narco se multiplicaron los grupos delictivos

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Viernes 30 de diciembre de 2016, p. 9

A 10 años de iniciada la guerra contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico, en México se han contabilizado 186 mil homicidios dolosos y 28 mil 937 desapariciones, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De 2006 a 2016, el mapa del narcotráfico cambió sustancialmente, los grandes grupos pasaron de cuatro a ocho y surgieron 85 células o pandillas, que en algunos casos tenían vínculos con los cárteles y operaban en todo el país.

En ese contexto, la cantidad de personas asesinadas durante esta década (186 mil 534) equivaldría a los pobladores de los siguientes municipios: Guanajuato, Guanajuato (184 mil 239 habitantes); Zinacantepec, estado de México (188 mil 239), y Manzanillo, Colima (176 mil 237), de acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los homicidios dolosos a lo largo de estos años han sido contabilizados oficialmente de la siguiente manera: en 2006, 11 mil 806 casos; en 2007, 10 mil 253; en 2008, 13 mil 155; en 2009, 16 mil 118; en 2010, 20 mil 680, y en 2011, 22 mil 852 casos; este último ha sido el año más violento, de acuerdo con los registros del SESNSP.

El sexenio de Felipe Calderón cerró en 2012 con 21 mil 736 homicidios dolosos, y en el primer año completo del mandato de Enrique Peña Nieto, 2013, se contabilizaron 18 mil 332 casos; en 2014, 15 mil 653; en 2015, 17 mil 34, y de enero a noviembre de este año han sumado 18 mil 915 homicidios dolosos.

En cuanto a personas desaparecidas en el país se han registrado 28 mil 947 casos, que incluyen de anteriores a 2007 a la fecha. Las entidades más afectadas son Tamaulipas, con 5 mil 263 casos; estado de México, con 2 mil 984; Sinaloa, con 2 mil 385; Nuevo León, 2 mil 374; Chihuahua, mil 933, y Coahuila, con mil 620.

Michoacán, el inicio

La llamada guerra contra el narcotráfico se inició en la primera quincena de diciembre de 2006. Felipe Calderón puso en marcha el Operativo Conjunto Michoacán, con un despliegue de 4 mil elementos del Ejército, mil efectivos de la Secretaría de Marina y mil 400 policías federales.

A lo largo del gobierno del panista y de su combate a los grupos de las drogas, las organizaciones criminales se multiplicaron. El mapa se modificó y desde hace dos años la violencia no sólo se da entre los cárteles que controlan 80 por ciento del territorio y que se conocen como de Sinaloa y Los Zetas; grupos considerados emergentes, como el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel Independiente de Acapulco y La Resistencia, que participan en la disputa por la producción y distribución de drogas sintéticas y de cocaína al menudeo en zonas de Jalisco, Colima, Nayarit, Guerrero, Quintana Roo, Michoacán, Ciudad de México y su zona conurbada, revelaron funcionarios del Gabinete de Seguridad Nacional.

El territorio mexicano estaba aparentemente repartido; la organización Carrillo Fuentes o cártel de Juárez operaba en 17 estados; el de Sinaloa, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán Loera, con Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, e Ismael El Mayo Zambada en sus filas, rápidamente se posicionó en 12 estados; el cártel del Golfo, con Osiel Cárdenas al frente –pese a que está preso– operaba en 10 entidades, y Los Zetas continuaban como brazo armado de la organización.

Los Valencia o cártel del Milenio –que luego se dividieron para dar paso a La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y La Resistencia– mantenían centros de operación en cuatro estados.

Con el avance de posiciones del cártel de Sinaloa, los cárteles de los hermanos Amezcua Contreras, Díaz Parada y Valencia se convirtieron en organizaciones menores y, en algunos casos, desaparecieron.

Actualmente, según registros de la Procuraduría General de la República (PGR), en México existen ocho grandes organizaciones del narcotráfico, pero la mayoría cuenta con células, identificadas 60 de ellas y que operan en todo el país, para grupos como el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, el cártel de Sinaloa, La Familia Michoacana, el cártel del Golfo, el cártel de Los Zetas, el cártel de Los Caballeros Templarios, el cártel de Juárez y el cártel de los hermanos Arellano Félix.

 

Publica la SEP acuerdo sobre reforma educativa

De la Redacción

Periódico La Jornada
Viernes 30 de diciembre de 2016, p. 14

La Secretaría de Educación Pública publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que se emiten los lineamientos de operación del programa de la reforma educativa. Con ello se abroga el acuerdo en esta materia, publicado en julio pasado. Los preceptos asentados en el texto son para operar los cambios constitucionales y legales en la materia, tanto en infraestructura como en contenidos.

 

EL FINANCIERO

Estados dan al SNTE $948 millones en autos, laptops, pantallas…

CIUDAD DE MÉXICO.- Los gobiernos de los estados entregaron al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) casi 948 millones de pesos en “regalos” y “apoyo” a los docentes.
Durante 2015 y 2016 el magisterio que agrupa a un millón 600 mil trabajadores recibió 947 millones 420 mil pesos de recursos públicos provenientes de los gobiernos estatales y del gobierno federal.
El dinero fue utilizado para compra de vehículos –la sección 30 de Tamaulipas obtuvo un Mercedes Benz Sprinter–, edificios sindicales, además de festejos magisteriales, como el Día del Maestro o el Día de las Madres. Otros gobiernos, como el de Puebla, otorgaron al Sindicato beneficios en especie. Esta entidad dio el año pasado 304 laptops a la Sección 23, además de 19 autos. Mientras a la Sección 51 se le dieron para los festejos del 15 de mayo, 17 automóviles marca Chevrolet Matiz, 77 pantallas planas, 25 vajillas y 25 licuadoras.

La Sección 29 de Tabasco obtuvo en 2015 el pago para un evento de tres mil invitados, con motivo de las celebraciones del Sindicato.
Incluso, la Sección 17 del Estado de México recibió 11 millones 900 mil pesos de recursos públicos para “capacitación política”.
Según una solicitud de información realizada vía el sistema de transparencia al SNTE, 27 de sus 60 secciones –además del Comité Ejecutivo Nacional– han recibido dinero en los últimos dos años.
En 2014, como parte de los acuerdos de la reforma educativa, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) decidió eliminar la “doble negociación” que cada año el Sindicato realizaba con las entidades y con la Federación para obtener mayores recursos, para evitar que se otorgaran privilegios “absurdos”, según indicaron durante la firma del acuerdo.
Sin embargo, la información brindada por el mismo sindicato muestra que algunas entidades aún otorgan a las secciones sindicales beneficios fuera de la Negociación Única que se hace con la SEP.
La Sección 17 del Estado de México consiguió 109 millones 852 mil pesos para comprar gorras, pants, prótesis, lentes, además de aparatos electrodomésticos. En 2015, la sección sindical que obtuvo mayores privilegios, fue la Sección 36, con 164 millones 521 mil pesos.
La Sección 40 de Chiapas, que actualmente se encuentra en paro magisterial y pertenece a la CNTE, recibió 2015 seis millones de pesos provenientes de recursos públicos del estado para la compra de nueve vehículos.
Muchas de las entidades que brindaron recursos en 2015, redujeron sus apoyos durante 2016.
Según se indica en la información, el año pasado el SNTE obtuvo 806 millones 760 mil pesos; mientras en 2016, las entidades y el gobierno federal les han dado 140 millones 640 mil pesos.