Como todo en política, es interesante encontrar el signo y señal en el discurso que pronunció el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, al asistir a la toma de posesión de los nuevos presidentes de alguno de los municipios más saqueados por las autoridades salientes. “Voy a regresar el prestigio a la política”, anunció con énfasis.

Decía yo en redes sociales que a más de tres miembros del su gabinete les ha de haber zumbado el oído al escuchar tal advertencia.

El anunció lo hizo en la toma de posesión del presidente municipal de Tuxtepec. En el mismo tono habló al acompañar en su primer día de actividades a los alcaldes José Antonio Hernández Fraguas, de la ciudad capital; al chino León, de Salina Cruz y al de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz.

Tuxtepec y Santa Lucía, que mal gobernó Galdino Huerta, prófugo 3 meses antes de que finalizara su administración, se significan por el tremendo desvío de sus respectivos presupuestos. Sus ediles resultaron auténticos asaltantes en despoblado y se van, seguros de que tienen coraza de impunidad. Sus expedientes están bien lavados tanto en la ASE como en el pasado congreso.

Presentarse en algunos de los municipios más saqueados para lanzar el compromiso de “voy a devolver el prestigio a la política”, tiene dos lecturas:

Primero, que en su gobierno hay la intención de sentar el precedente de que no habrá más impunidad para los saqueadores de las arcas municipales.

Segundo, al investigar a los alcaldes ladrones necesariamente tendrá que conocerse la responsabilidad del auditor superior del estado, Carlos Altamirano, y del ex diputado presidente de la comisión de vigilancia y auditoría del congreso local, Adoldo -neoFito- Toledo Infanzón.

A estos dos funcionarios se les liga con la venta de protección a los alcaldes saqueadores. Oscuros acuerdos con esta dupla garantizan impunidad a los alcaldes, tesoreros y concejales que, aunque son denunciados por el pueblo, nadie los castiga.

DELINCUENCIA ORGANIZADA

Obvio, se les acusa de haberse organizado para robar dinero público, no de “tontejos”. Es complicado integrar el expediente acusatorio pero no imposible ¿por qué difícil? Les doy dos ejemplos:

1.- Un tesorero municipal me relató que llegaron los enviados de la ASE y amenazaron a su presidente municipal. Le dijeron que le faltaba comprobar el destino de 230 millones de pesos. Le enseñaron el expediente y se lo volvieron a quitar. Al día siguiente regresaron con documentos firmados y hasta copias de credencial de elector de los que presuntamente recibieron el dinero. Todo está solventado, le dijeron al alcalde. Obvio, previamente les pagó del 20 por ciento del supuesto faltante.

2.- En el municipio conurbado de San Antonio de la Cal, horas después de que el alcalde tomara posesión, llegó un constructor a decirle que había dado un millón de pesos a Alfonso Vázquez, hermano de la síndica y que tenía que concesionarle todas las obras del municipio. Al negarse el edil y su regidor de obras públicas, generaron un conflicto pues la constructora reclamo su dinero.

Estas son pequeñas muestras de la gran corrupción que envenena los cuerpos edilicios y que afloraron de manera grotesca en el relevo de autoridades.

HUAJUAPAM

Fue tan desaseado el trienio del panista Luis de Guadalupe Martínez como presidente municipal de Huajuapam de León, que no hubo entrega-recepción formal.

El tesorero municipal Lauro Alejandrino García Méndez, se negó a entregar este departamento con documentos tan primordiales en un gobierno municipal. Debido a que el edil Luis de Guadalupe dejó el cargo dos meses antes sus colaboradores se desentendieron de toda responsabilidad. Con esta superficialidad manejan el gobierno municipal. Estaban seguros de que Luis de Guadalupe ganaría la presidencia del PAN pero fracasó ante la audacia de la ex diputada Natividad Díaz quien lo acusó de quemar las urnas.

Los políticos refieren al municipio como la organización política-territorial por excelencia, pero la han demeritado al permitir que los concejales caigan en la anarquía y la corrupción.

La responsabilidad no es solo de los presidentes municipales ladrones. Se involucran también las instituciones de vigilancia para un buen gobierno municipal. Desde las elecciones empiezan las maniobras fraudulentas que, desgraciadamente, avala el Instituto Electoral. Estas son causa de los múltiples conflictos como los que estamos viendo en este momento.

Hasta ayer había nueve palacios municipales tomados y por las mismas inconformidades encarcelaron al ex presidente municipal y dos regidores de Quiaviní.

En Xadani, Santa María Sola, Ozolotepec, San Raymundo Jalpan, entre otros, hay conflictos. Son expresiones de inconformidad por la parcialidad de los consejeros del IEEPC cuyo presidente, Gustavo Meixueiro, es señalado de emitir dictámenes sesgados y a conveniencia.

Mencionan el caso de San Raymundo Jalpan donde el citado instituto entregó constancia de mayoría de votos y reconoció a Olegario Luis Benítez como Presidente Municipal, cuando es señalado de maniobrero y corruptor para mantener su status de cacique, siempre en cargos municipales en esa comunidad.

Aunque es un pueblo de usos y costumbres, los candidatos hicieron campaña y en ese tiempo Olegario, en redes sociales, se mofó de su pueblo. Según sus adversarios, Olegario escribió en su cuenta frases ofensivas como: “Voy a ser Presidente municipal, chingue su madre el pueblo. Ya di dinero y despensas…”.

Esta y otras ofensas contra el pueblo que quiere gobernar, fueron presentadas por sus paisanos ante el IEEPC. Aunque son evidencias suficientes para descalificar a algún contendiente en la lucha por la presidencia municipal de Jalpan, dicen que el citado instituto, avaló la elección y dio como triunfador al tal Olegario.

Esta es la causa de que el pueblo haya ocupado desde ayer el palacio municipal. La otra parte, la que encabeza Mariano Martínez Mendoza quien dice tener la mayoría de votos, desconoce la decisión del IEEPC por lo que cerca de medio millar de habitantes tomaron el palacio y advierten que no permitirán que Olegario sea impuesto.

En Concepción Pápalo, el ex diputado federal de MORENA, Juan Luis Martínez y el activista profesional, Armando Contreras, del mismo partido, trataron de imponer en la presidencia municipal al hermano de éste último y al no lograrlo, reventaron la asamblea comunitaria por lo que las elecciones fueron canceladas.