En el último programa de Last Week Tonight de John Oliver, transmitido el domingo posterior a la elección presidencial en Estados Unidos, el irreverente presentador (que rechaza ser llamado periodista a pesar de la influencia y rigor de las investigaciones que presenta) llamó a no normalizar la presidencia de Donald Trump y apoyar económicamente, a través de donaciones, a las organizaciones de la sociedad civil que defienden derechos reproductivos, ambientales, de migrantes, refugiados y de la comunidad LGBTI. También sugirió suscribirse a periódicos como el New York Times o el Washington Post y a donar a medios como ProPublica que hace periodismo de investigación, para mitigar las amenazas que el republicano hizo en campaña contra la libertad de expresión.

Lo que sucedió en los siguientes días, fue conocido como el “efecto Oliver”: El New York Times reportó 41,000 nuevas suscripciones; medios como The Atlantic aumentaron sus tasas de suscriptores hasta en 160%; ProPublica pasó de obtener diez donaciones diarias, en promedio, a una por minuto; y el Fondo para el Periodismo de Investigación (FIJ) triplicó su número de donadores.

El fenómeno es una bocanada de aire fresco frente a los retos impuestos por quien ha hostilizado su relación con los medios que lo criticaron, afirmando en campaña que “abrirá las leyes de difamación”, aun cuando la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense prohíbe la creación de leyes que impidan las libertades de expresión y de prensa.

El apoyo de la sociedad a sus medios de comunicación y organizaciones que defienden sus derechos, deberían ser parte de esa normalidad democrática, lamentablemente, ajena a nuestro país.

En México hemos normalizado lo anormal. Medios de comunicación libres y organizaciones de la sociedad civil cotidianamente son vigilados, hostigados, perseguidos judicialmente, amenazados y silenciados, mientras la falta de solidaridad ciudadana nos aleja cada vez más de quienes nos defienden e informan. De cara al último periodo de un gobierno que en su crisis sigue ejecutando actos reflejos autoritarios, la responsabilidad de defender al defensor y al comunicador, debe ser prioridad.

A idear nuevos esquemas de apoyo al periodismo y a la defensa de derechos humanos, antecede la reflexión sobre el entendimiento que se tiene sobre el complejo papel y función de la sociedad civil organizada y periodistas, y la poca retribución social que, generalmente, obtienen.

Un ejemplo de esa complejidad en el entendimiento de la función y falta de solidaridad con quienes defienden derechos humanos, es la condena qué Héctor de Mauleón hizo la semana pasada al difundir, en su cuenta de Twitter, las infames amenazas de muerte a Yohali Reséndiz, que un sujeto colocara al interior de su camioneta tras romper los cristales de la misma, afuera de su domicilio. El periodista difundió la respuesta que Artículo 19 dio a la periodista, cuando les buscó, informándole que sus oficinas estaban cerradas por el periodo vacacional y ofreciéndole contacto por correo electrónico para dar seguimiento al caso. De Mauleón (quien también ha sido blanco de amenazas y con quien muchos nos hemos solidarizado) criticó fuertemente la respuesta e incluso difundió alguna temeraria acusación (derivada de su reclamo) a la organización, por actuar con parcialidad en la defensa de los “ideológicamente cercanos y de probada militancia”. Nada más alejado de lo real.

Artículo 19 es una organización de la sociedad civil dedicada, entre otras cosas, a documentar y alertar sobre amenazas derivadas del ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, lo mismo a comunicadores comunitarios que a periodistas y medios de impacto nacional, labor más que indispensable en un país en el que la libertad de expresión está permanentemente bajo ataque. ¿Qué tan fundamental será su labor y qué tan grande la ausencia del Estado, cuando un periodista exige con mayor vehemencia la intervención de Artículo 19 que la de las mismas autoridades? Tan sólo durante el periodo “vacacional”, la oficina de Artículo 19 emitió 12 alertas sobre agresiones contra periodistas; 22 durante todo el mes de diciembre.

El episodio es emblemático, al tratarse de un periodista descalificando la labor de una organización que defiende periodistas, en momentos en los que la solidaridad entre sociedad civil y medios debe ser más recíproca que nunca, con entendimiento pleno de que si las organizaciones trabajan intentando llenar los vacíos del Estado, es el Estado el primer responsable de cubrirlos.

Avanzamos a momentos cruciales en los que el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de derechos, encontrarán complicaciones, todavía incalculables, una vez que comience la presidencia de Trump. Ya no sólo hay que lidiar con los golpes provenientes del Estado para inhibir y complicar la labor de organizaciones sociales, como la imposición de procesos de certificación (como si se trataran de empresas) aprobados en la Ley del Impuesto sobre la Renta de este año, sino que el financiamiento de muchas organizaciones puede estar en peligro.

Muchas organizaciones reciben financiamiento de fundaciones de empresas estadounidenses e instituciones como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), por lo que la agenda regresiva de Donald Trump y su nacionalismo, puede comprometer el flujo de dinero hacia las organizaciones con agendas progresistas.

Los medios independientes y las organizaciones de la sociedad civil deben generar mecanismos que inviten a la solidaridad ciudadana -como las donaciones- y la sociedad debe apoyarles. Suscribirse a periódicos y donar al periodismo de investigación y a las organizaciones nunca fue más importante para romper la normalización de lo anormal. La era Trump ha llegado y agudizará las crisis que ya tenemos en casa. Ojalá estemos a la altura de encararla.

Aristegui Noticias / Para la libertad por Alfredo Lecona

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