Oaxaca.- Al igual que los Poderes Ejecutivo y Legislativo, cuyas administraciones en los últimos seis años se caracterizaron por discrecionales y corruptas, el Poder Judicial del Estado no escapa de este mal, en particular porque el Consejo de la Judicatura, que se supone ser el órgano fiscalizador-supervisor de las actividades del Tribunal Superior de Justicia, está en manos de Alfredo Lagunas Rivera, quien  también es presidente de este último órgano jurisdiccional, es decir, el citado magistrado es juez y parte.

De lo anterior se derivan diversos adeudos con proveedores, razón por la cual el Consejo de la Judicatura desde octubre de 2016 carece de insumos en sus múltiples áreas, cuyo desabasto de materiales ha propiciado una parálisis en las actividades de este órgano, por lo que trascendió que este viernes trabajadores del Poder Judicial del Estado paralizarían actividades.
La administración de Lagunas Rivera se ha caracterizado por desaseada, el presupuesto destinado para la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio no se ve reflejado en la infraestructura y menos en la capacitación de jueces y magistrados, los juzgados penales que se ubican en la agencia de Santa María Ixcotel han sido improvisados como salas para juicios orales, en tanto se desconoce el destino del recurso económico que se otorgó desde 2008 a través de la Iniciativa Mérida para la implementación de los juicios orales en la entidad.
El Fondo de Administración de Justicia, que ha representado la caja chica de los Presidentes del TSJ en turno, se encuentra en banca rota, razón por la que Lagunas Rivera evade la rendición de cuentas, aprovechando que simultáneamente asume la Presidencia del Consejo de la Judicatura, además de la protección que se desprende de los acuerdos políticos que realizaron su tío, Ericel Gómez Nucamendi y el entonces Gobernador, Gabino Cué Monteagudo.
De acuerdo al presupuesto correspondiente al ejercicio 2016, el Poder Judicial del Estado recibió un monto de 780 millones 582 mil 277 pesos, de los cuales 150 millones  827 mil  558 pesos se asignaron al Tribunal Superior de Justicia y 629 millones 754 mil 718 pesos para el Consejo de la Judicatura, tan sólo para los Juzgados del Sistema Tradicional se destinaron 219 millones 87 mil 253 pesos, mientras que para los Juzgados del Sistema Acusatorio Adversarial se canalizaron 68 millones 367 mil 539 pesos.
Según los oficios 3879/2016 y 3992/2016 de fechas 23 de noviembre y 7 de diciembre de 2016, enviados por la Juez Segundo de lo Familiar, Adriana Cecilia Zárate Ramírez al Jefe de la Unidad de Recursos Materiales, Control Patrimonial y Bienes en Custodia del Consejo de la Judicatura, Mayolo García López, se revela el desabasto de insumos en los diversos juzgados desde octubre del año en referencia.
En el documento que envía García López a la Juez Segundo de lo Familiar, responde: “Le comunicó que la Dirección de Administración solicitó a la Dirección de Finanzas del Consejo de la Judicatura el pago urgente a los proveedores ya que es prioritario abastecer de material de oficina e insumos de cómputo a las diversas áreas del Consejo de la Judicatura, insumos que desde hace tres meses se han estado racionando y a esta fecha se han agotado”.
Y agrega: “Razón por la cual los proveedores han manifestado que no surtirán los insumos hasta que se realice el pago de adeudos a la fecha. Por lo anterior, el almacén de Recursos Materiales continúa abasteciendo de los insumos con que se cuenta hasta el momento, siendo insuficiente para abastecer al 100% la necesidades de las áreas del Consejo de la Judicatura”.
Trascendió que este viernes trabajadores del Poder Judicial del Estado paralizarían actividades y tomarían todos los Juzgados Familiares y Penales ante el temor de no recibir sus respectivos salarios, así como por la falta de material de oficina, cómputo y limpieza, y el nulo mantenimiento eléctrico y sanitario a las instalaciones del citado Poder, además del incumplimiento en la entrega de uniformes correspondientes al ejercicio 201.

Por: Gildardo Mota