Para nadie es desconocido el descontento que existe  entre los mexicanos, particularmente entre los oaxaqueños,  por la descomposición social que vivimos. Necesitamos poner orden en la cosa pública, reconocer la utilidad de la crítica y la autocrítica, como un ejercicio de reflexión para corregir errores y consolidar aciertos. No todas las decisiones que provienen del poder son acertadas, pero cuando son resultado de diálogos y consensos, la cosa cambia.

La corrupción y la falta de compromiso  en el servicio público son los signos distintivos y negativos  de cada administración o sexenio, y las autoridades encargadas de investigar y castigar poco han hecho al respecto o han  politizado los asuntos y éstos van quedando en el olvido oficial, no en el popular. La ciudadanía reclama atención en sus necesidades y uso eficiente de los recursos públicos.
El gasolinazo vino a colmar los ánimos de por sí álgidos. Se palpa en las calles, en el transporte público o en  familias. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a enfrentar la crisis? El gobierno anuncia  acciones a seguir y la población espera que mejore la situación, sin embargo persiste la duda y el enojo.
Un gobernante oaxaqueño me decía que la sociedad exige cambios de actitud y lenguaje, porque los que se siguen utilizando están ya agotados y esto es cierto. Por eso me parece importante lo que señaló recientemente en tribuna un legislador en san Raymundo Jalpan, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Manuel Rafael León Sánchez exhortó a las mujeres y hombres que conforman los Poderes  del Estado a construir “una nueva era para Oaxaca”, a dignificar la política, a excluir la politiquería “que roe las entrañas de la sociedad y de los gobiernos”.
A sus compañeros de Cámara, de las diferentes fracciones partidistas, les pidió “cumplir como Poder Legislativo, con los dos deberes más elementales que nos encomienda la ley: hacer buenas leyes y vigilar que el Poder Ejecutivo haga lo correcto y los servidores públicos lo hagan correctamente”.
La sociedad es cada vez más participativa en los asuntos públicos. Tiene razón el legislador León Sánchez cuando afirma que “gobernantes, partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, en general los políticos – según los ciudadanos –, no estamos a la altura de los requerimientos sociales, estamos reprobados”. Ese es el sentir y expresar de la gente.
Reconoció debilidad y rendimiento decreciente de las instituciones, que “no embonan con una sociedad cada vez más demandante”. Dijo que “la corrupción de la clase política está en proceso de convertirse en un mal endémico, no lo permitamos. Hacer de la corrupción un hábito, una cultura, significa la degradación de todo régimen republicano”. Y para la construcción de nuevos caminos, “tomemos los riesgos necesarios”.
Los retos, claro está, son muchos para los poderes constitucionales. El gobierno de Alejandro  Murat Hinojosa lleva apenas un mes y medio. Desde luego, enderezar el rumbo no es una tarea fácil y más en las condiciones en que recibió la administración de su antecesor Gabino Cué. Qué bueno que ya aclaró que no viene “a mentir ni a improvisar, ni tampoco para ser un gobernador de salivazo o sólo para salir en la foto”.
Estamos en el inicio de año y gobierno, démonos el tiempo necesario para observar y evaluar. Nuevos aires soplan en los poderes Ejecutivo y Legislativo. En éste último los nuevos  diputados,  de diferentes partidos, han tomado acuerdos importantes exigiendo explicaciones y medidas  para contrarrestar los efectos negativos del gasolinazo y la intervención inmediata de los gobiernos federal y estatal para rescatar a los habitantes de Santa María del Mar, que llevan más de ocho años de vivir aislados por problemas agrarios con su vecino San Mateo del Mar.
Esperemos los resultados.