·         El Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas cumple diez años de funcionamiento 

Frente al ejercicio indebido de la función pública, el abuso, la discrecionalidad y la arbitrariedad, en diez años de labor el actual Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas (TCAC), presidido por el magistrado Enrique Pacheco Martínez, ha refrendado su misión de ser una institución de protección y tutela de los derechos de los ciudadanos.

Este órgano jurisdiccional, autónomo y especializado que forma parte del Poder Judicial del Estado y que se creó el 9 de enero de 2007, el año pasado se fusionó con el Tribunal de Fiscalización para conocer de los asuntos en materia administrativa, de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción, lo que marcó el inicio de una nueva era de la justicia administrativa en Oaxaca.

En este sentido, el titular del Poder Judicial, magistrado Alfredo Lagunas Rivera afirmó que frente a la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, ciudadanos y autoridades tienen tareas compartidas en el tema de prevenir, detectar y sancionar las responsabilidades administrativas y actos de corrupción, así como para fiscalizar y controlar los recursos públicos.

Resaltó que en Oaxaca, el inicio de actividades del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hace una década, contribuyó al fortalecimiento del Estado de derecho, pues dio paso a un órgano jurisdiccional, autónomo y especializado para el conocimiento, sustanciación y resolución de controversias de índole administrativa, competente para imponer, en su caso, las sanciones derivadas de faltas graves cometidas por servidores públicos o particulares.

Integrado por una Sala Superior y siete Salas, durante 2016 el TCAC recibió 146 demandas de juicios de inconformidad, de las cuales se admitieron 120; de éstas, en 16 se solicitó la suspensión del acto impugnado, 23 se desecharon y en tres se declinó competencia.

Por otra parte, se dio trámite a 612 demandas en materia administrativa contra la actuación de autoridades de la administración pública estatal y municipal, entre las que destacan las presentadas por vez primera hacia autoridades de municipios alejados, resultado de la difusión implementada por el Tribunal sobre su función y servicios que otorga, hasta en los lugares más apartados de la entidad.