Oaxaca Oax. – Habitantes de Animas Trujano protestaron frente al palacio de gobierno, en la exigencia a la aplicación de una auditoría para su ex-presidente municipal Manuel López Cervantes, quien se reeligió en 2 ocasiones mediante asambleas generales realizadas el 11 y 18 de diciembre pasado.

Demetrio Castro Cruz, señaló que Manuel López, cayó en el cinismo de quererse reelegir alargando el proceso, debido a que la asamblea de elección se llevaría a cabo desde el pasado mes de octubre y el ex-edil la realizó en diciembre, ya que no contaba con el apoyo de la mayoría de ciudadanos.

Dijo que las 2 asambleas que hizo López Cervantes, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), no las avaló por ser arbitrarias e ilegítimas. Y a 23 días de este nuevo año, Animas trujano no cuenta con autoridad municipal y como consecuencia no existen los servicios de recolección de basura.

Pidió que llegue el administrador municipal para que la ciudadanía pueda auxiliarlo y después que se realice una asamblea para nombrar a las autoridades, ya que en el procedimiento jurídico ha avanzado, aunque López Cervantes ya haya acudido al tribunal electoral federal en Xalapa, el pueblo ya no lo va a permitir como autoridad.

“Que se le haga una auditoría a Manuel López, porque no ha comprobado ninguno de los recursos administrados en los 3 años de su gobierno; las obras que según él hizo, son obras gestionadas por los diputados Eva Diego Cruz y Francisco Martínez Neri, quienes son los que bajaron los recursos al 100 % y lo responsabilizamos por lo que nos llegue a pasar”; acotó una ciudadana inconforme.

De igual forma responsabilizaron a Gloria López Antonio, a Sótero Benítez, que los amenaza con su pistola en la calle, a Daniel del Villar Velasco, Francisca Venegas Vásquez, Roberto Benítez y Félix Reyes López, quienes los hostigan al ir a sus domicilios a patear la puerta con vándalos que han llevado de otros lugares. Además pidieron al gobernador que les de la protección de la policía estatal, ya que en la población no hay policía que los vigile; ya que han sido atropellados sus niños que cruzan la carretera para ir a las escuelas.

Señalaron que hasta el 6 de enero llevaban 6 defunciones y López Cervantes les cobró 5 mil pesos para dar permiso de enterrarlos. También exigieron que se aplique justicia hacia la notaria pública número 40 Martha Pazos, quien dio fe de la asamblea del 18 de diciembre y la calificaron como vendida porque esa asamblea no se llevó a cabo.