Organizaciones de la sociedad civil advirtieron del agravamiento en los ataques a defensores de derechos humanos en Oaxaca desde hace una década por una serie de proyectos de inversión económica en el estado.
La denuncia se presentó el pasado 20 de enero al relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst, durante su visita a la capital oaxaqueña.
Los representantes de Servicios para una Educación Alternativa (Educa) y de la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios (Redecom), explicaron que desde hace 10 años los gobiernos federal y estatal anunciaron una serie de proyectos de inversión económica para el estado.
Entre ellos se encuentran 67 proyectos de presas hidroeléctricas, 21 parques eólicos, el otorgamiento de 299 concesiones mineras vigentes hasta 2016, 2 gasoductos, construcciones inmobiliarias para turismo y la implementación de la Zona Económica Especial del Istmo de Tehuantepec.
“Esta situación ha provocado una serie de agresiones hacia defensoras y defensores del territorio, quienes realizan su trabajo en contextos comunitarios, rurales e indígenas”.
Ambos organismos civiles afirmaron que dentro de las agresiones más comunes se encuentran las amenazas, agresiones directas, criminalización, procesos de judicialización y detenciones arbitrarias.
“Por citar un ejemplo, durante 2012, se registró una agresión hacia defensoras y defensores comunitarios cada tres días, por lo que Oaxaca actualmente se encuentra entre los primeros lugares en agresiones hacia defensoras y defensores comunitarios-ambientales”.
Los principales agresores se encuentran caracterizados, abundaron, por ser caciques locales, presidentes y cuerpos de seguridad municipal, además de grupos de choque contratados presuntamente por las empresas ligadas a determinado proyecto de inversión.
Las organizaciones acusaron al sistema de justicia de ser utilizado para generar procesos judiciales contra defensoras y defensores, fabricando delitos y criminalizando la defensa de derechos humanos. Además, de ser un sistema que resulta tardío, ineficiente e impune en las denuncias presentadas por defensoras y defensores, para ellas y ellos el sistema de justicia no funciona.
“En lo que respecta a las medidas de protección garantizadas por el Estado, éstas no responden al contexto de defensa comunitaria, por lo que dichas medidas se limitan a proporcionar guardias de seguridad, números telefónicos de emergencia, cámaras de seguridad y botones de pánico.
“Sin embargo, no funcionan en contextos rurales, con escasa señal telefónica y distante de las oficinas de seguridad pública”.
Asimismo, apuntaron que pese al avance y reconocimiento de diversas leyes y mecanismos en el país y en el estado de Oaxaca para garantizar el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, existe una grave contradicción en los procesos de defensa comunitarios, poco interés mostrado por las autoridades estatales y federales en el tema de protección y falta de políticas encaminadas a resolver dichas agresiones.