La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental ha encontrado una serie de irregularidades en las diversas dependencias del gobierno del estado, informó su titular José Ángel Díaz Navarro, quien aseguró que “estamos limpiando la casa”.

En entrevista colectiva el funcionario refirió que el gobierno de Gabino Cué dejó una deuda por dos mil 200 millones de pesos, sin embargo al abrir la ventanilla única para la recepción de documentación que avale las deudas únicamente han acudido proveedores que en su conjunto acumulan al rededor de 600 millones de pesos, lo cual calificó como curioso, pues es extraño que si a una empresa se le debe no se presente para cobrar sus honorarios, cosa que se va a investigar.

Además, se encontró en la información que se analiza de todas las dependencias que el Fideicomiso para el Desarrollo Logístico de Oaxaca (FIDELO) que encabezó Francisco Zorrilla perteneciente a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico pretendió realizar la venta de 20 hectáreas de terrenos que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) había desincorporado en el municipio de Santa María Huatulco para el desarrollo de vivienda de interés social, lo cual es del todo irregular.

Explicó que de acuerdo con la documentación en poder de la Secretaría de la Contraloría se pretendió vender estos predios días antes de concluir el gobierno de Cué Monteagudo en un costo de 50 pesos el metro cuadrado cuando el costo real debe oscilar entre 500 y mil pesos el metro cuadrado.

Está venta puntualizó, se pretendió realizar a favor de un particular sin embargo gracias a que fue detectada por la actual administración, la transacción fue cancelada, sin embargo se está realizando la investigación para dar con los responsables y aplicarles todo el peso de la ley.

Díaz Navarro aseguró que en todas las dependencias del gobierno estatal “se ha encontrado un desorden administrativo y financiero”, lo cual se debe a una falta de control en los temas financieros, de falta de autorización de pagos y CLC y suficiencias presupuestales.

En tal sentido, refirió que cada dependencia tenía independencia presupuestaria para la contratación de servicios, por lo que los empresarios podrían presentar una denuncia en contra del funcionario que los contrató debido a que este los pudo haber contratado y teniendo conocimiento de que no contaba con el recurso económico suficiente para pagarle por sus servicios.

El ex gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo. Foto Jorge A. Pérez Alfonso/Archivo

La Jornada