Especialistas del CIDE entregaron a la Cámara de Diputados la base de datos que da cuenta de la letalidad de las Fuerzas Armadas en los operativos contra el crimen, y exigieron que esta información sea utilizada como evidencia en la discusión de la nueva Ley de Seguridad Interior.

Los expertos advirtieron que de aprobarse la ley para normalizar la actividad del Ejército y de la Marina en tareas de seguridad, existe el riesgo de que se incrementen los hechos de violencia y violación de derechos humanos, no que desaparezcan.

En conferencia de prensa, los académicos Alejandro Anaya y Jorge Javier Romero entregaron al presidente de la Junta de Coordinación Política, el perredista Francisco Martínez Neri, la base codificada y depurada de datos entregados al Programa de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE),

En este programa se registran 40 mil eventos clasificados como enfrentamientos, agresiones o ejecuciones en los primeros cinco años del Gobierno de Felipe Calderón.

De acuerdo con la información surgida de esos datos, la proporción de fallecidos cuando intervienen las Fuerzas Armadas alcanza el 90 por ciento.

“Antes de legislar, al menos estudien la evidencia, tanto la que aquí presentamos como la que en uso de sus facultades constitucionales ustedes http://operacionesinternet/CMS/images/botones/cerrarventana.gifpueden recabar de otras fuentes, empezando por el Ejecutivo Federal y las Secretarías que de él dependen”, dijo Jorge Javier Romero, coordinador del Programa de Política de Drogas del CIDE.

Diputados del PRD, MC y Morena portaron carteles con el hashtag #LegislarConEvidencia, para apoyar la postura de los académicos, quienes participaron previamente en un foro sobre los riesgos y alternativas de la Ley de Seguridad Interior que impulsa el PRI en la Cámara de Diputados.

Romero afirmó que los estudios demuestran que la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad no ha disminuido la violencia y tampoco el consumo. En cambio, dijo, la letalidad de su participación es cada vez mayor.

“Cuando se entra al terreno de los muertos, según el mismo estudio, la cantidad de enfrentamientos en los que la letalidad de la utilización de la fuerza del Estado resulta incalculable, es abrumadora.

“Los datos de la base confirman los ya de por sí altos índices de letalidad documentados antes y refuerzan la conjetura de una utilización excesiva de la fuerza del Estado, pues en el 37 por ciento de los casos no se puede establecer un índice de letalidad porque no hay heridos, solo muertos”, recalcó Romero.

El coordinador expresó su preocupación que la insistencia del secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, en tener una ley que regule su actuación, sea para evitar que los soldados sean juzgados por las violaciones a los derechos humanos, porque ya estaría normalizada su actividad.

Alejandro Anaya, también del Programa de Política de Drogas del CIDE, manifestó que la realidad es que los derechos humanos son violados por las Fuerzas Armadas y que eso no cambiará porque haya una nueva Ley de Seguridad Interior que diga que ello no debe suceder.

Ambos especialistas se pronunciaron porque los diputados y senadores conozcan la base de datos sobre agresiones y ejecuciones que tuvieron lugar durante el periodo de la guerra contra el narcotráfico, en la gestión de Felipe Calderón, a fin de tener un criterio real sobre los riesgos de aprobar una ley que sólo formalizará la labor del Ejército en las calles.

Romero recalcó que en lugar de la Ley de Seguridad Interior el foco de debate debería ser cómo se fortalecen a las autoridades civiles para atacar al crimen organizado y permitir así la salida del Ejército de los trabajos de seguridad pública.

Una de las conclusiones de las consecuencias de la presencia del Ejército y la Armada en la labor de seguridad es que las corporaciones estatales y municipales se debilitaron y no hicieron nada por salir del confort que representa la presencia de soldados en las localidades.

Martínez Neri, coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), anunció que ya es acuerdo de su bancada no apoyar la Ley de Seguridad Interior, debido a que sería el reconocimiento legal de que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la seguridad.

En tanto, el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, aseguró que esta fracción tampoco acompañará una ley que ponga en riesgo el respeto de los derechos humanos.