*Consejeros y magistrados violan derechos de pueblos indígenas, denuncia investigador

Alberto Ortiz

Los Administradores Municipales son personajes que en varios casos han abusado de sus atribuciones no conferidas en la ley y saqueado el dinero de los pueblos, opinó el politólogo Cipriano Flores Cruz.

En entrevista, detalló que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) considera que  el nombramiento de un administrador, no puede darse a favor de una persona ajena a la comunidad, sino que debe recaer en una persona originaria y habitante del lugar.

Aunado a que se establece que la designación preferentemente debe ser distinta a las personas electas en las asambleas cuya invalidez se determinó, pero que cumpla puntualmente el requisito de ser originaria y habitante de la población.

Sostuvo que el administrador no puede ser una persona que tenga vínculos o conflicto de interés con quien debe realizar tal nombramiento, en este caso el gobernador del estado y el secretario General de Gobierno.

El investigador mencionó que se ha pasado por encima de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, al impedir que ejerzan el derecho a la libre determinación y autonomía para elegir a sus autoridades.

Lamentó que en los casos de nulidad de la elección de municipios que se rigen por sistemas normativos internos, no se convoque a previa consulta con la comunidad para integrar un Consejo Municipal como una medida extraordinaria, temporal y necesaria.

Y puso como ejemplo la resistencia de la comunidad indígena de Ixtlán de Juárez en donde los habitantes se han organizado para rechazar el envío de un administrador municipal y demandan respeto a la libre determinación de su asamblea comunitaria.

Flores Cruz cuestionó que tanto consejeros electorales como magistrados cierren sus oídos a los reclamos y peticiones de las propias poblaciones regidas bajo el Sistema Normativo Interno (SNI) en Oaxaca.

Anotó que cada día se corre el riesgo de tener más administradores, dado que el número de enviados se acrecenta conforme se resuelven medios de impugnación y se da la espalda a los pueblos originarios y a sus métodos de elección.