A pesar de dejar la presidencia con el más bajo índice de aprobación –apenas un 7 por ciento- jamás se imaginó perseguido por la justicia de su país

El candidato que ganó las elecciones presidenciales lo hizo por identificarse con la gente, por no negar que venía desde abajo, de lustrar calzado, para convertirse en un becario de Stanford.

Y su conveniente matrimonio con una inteligente y ambiciosa extranjera lo llevó a la silla presidencial, bajo la promesa de que sí haría justicia a su pueblo.

Pero la tentación es la tentación. Y el presidente acabó enredado en los tentáculos de la alta corrupción, la que paga decenas de millones de dólares desde poderosas transaccionales para recibir favores de los dineros públicos.

De acuerdo a los testimonios, acabó recibiendo entre 11 y 20 millones  de dólares de Odebrecht, la constructora brasileña que la convirtió en su favorita, solo por el jugoso contrato de una carretera interoceánica.

Y a partir de entonces el mandatario exhibió sin recato una riqueza que antes no tenía. Mansiones, automóviles, residencias de descanso, cuentas en paraísos fiscales.

A pesar de dejar la presidencia con el más bajo índice de aprobación –apenas un 7 por ciento- jamás se imaginó perseguido por la justicia de su país.

Hoy, el expresidente peruano Alejandro Toledo es un prófugo de la justicia. Su ficha fue emitida por la Interpol y se le busca para que cumpla con la sentencia de una prisión preventiva de 18 meses.

Por supuesto que huyó, pero ya no podrá estar tranquilo en ningún lado, a menos que colabore con la justicia para esclarecer los sobornos.

Y aunque su sucesor, Pedro Pablo Kucksinsky, fue en su gobierno su Primer Ministro y su secretario de Economía algo así como un Luis Videgaray– el actual presidente ya dijo que no meterá la mano por su antecesor y jefe.

Viene toda esta historia a cuento, porque en todas las latitudes de Latinoamérica, como pasa con el escándalo del prófugo expresidente peruano, el caso Odebrecht ya está  pasando el ajuste de cuentas a los políticos corruptos. En todos, menos en México.

Hay detenidos decenas de políticos y empresarios desde Brasil hasta Argentina, pasando por Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, Panamá y Guatemala. Pero en nuestro país las denuncias duermen el sueño de los justos.

Desde hace dos semanas venimos alertando aquí que la exprocuradora y ahora nueva secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, tiene en sus manos la oportunidad de iniciar la reivindicación de la lucha contra la corrupción y librarse del fantasma cómplice de Virgilio Andrade.

Y aunque desde su nuevo despacho se reitera que van adelante con las investigaciones, todo apunta a que una vez más el golpe vendrá desde el extranjero. Y eso será un descalabro más –como si faltaran– para el presidente Enrique Peña Nieto.

Sobre todo cuando en su administración abundan los señalamientos no solo sobre Oderbrecht, sino otras constructoras como Higa, OHL, que tienen más cuestionamientos de probidad que contratos asignados.

El director de Pemex, José Antonio González Anaya, quien goza aún del bono de confianza en la reestructura de la paraestatal, podría ser quien destrabara el nudo para llegar al beneficiario del gran soborno de Odebrecht.

Pero debe ser cuanto antes, porque el espinoso caso ya no da para más. Está a punto de estallarle en las manos al actual gobierno.