GRACIAS A LA PRESIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN,

LA FISCALÍA DEL ESTADO FINALMENTE RECUPERA A LA NIÑA INDIGENA CHIMALAPA SUSTRAÍDA DEL SENO FAMILIAR Y PRIVADA DE SU LIBERTAD

Al Pueblo de Oaxaca

Al Pueblo del Istmo de Tehuantepec

A la opinión pública

Como es del conocimiento público, el pasado día 06 del presente en la Congregación Comunal San Antonio Nuevo Paraíso, Santa María Chimalapa, ocurrió la desaparición y privación de la libertad, de la niña indígena Priscila Ramírez Caballero, de 12 años de edad, señalándose – por parte de su mamá y papá- desde el inicio de los intentos de acciones judiciales, como presunto sospechoso, al señor Jacinto Vásquez Sánchez, de aproximadamente 25 años, residente del ejido El Luchador, mpio. de Uxpanapa, Veracruz.

Pese a que el reporte de su desaparición fue levantado desde el pasado día 08 del presente (expediente 005/RDNOL/MR/2017) el trato otorgado al caso de esta niña indígena desaparecida, por parte del personal  de las oficinas de la PGJ (fiscales y comandante) de la ciudad de Matías Romero, Oaxaca, fue de absoluta negligencia, omisión, desprecio y discriminación, violándoseles  a los familiares de la niña víctima, el derecho de acceso a la justicia y a la debida diligencia, violando además los derechos de Priscila, a su integridad, su libertad y su vida misma, máxime si consideramos el grave contexto de trata y tráfico de menores existente actualmente en nuestro país y llegándose al extremo de que, policías ministeriales de la oficina de la Fiscalía en  Palomares, Oaxaca, les dijeron al papá  y a la mamá de la niña que, “si la muchacha -¡¡¡de 12 años!!!- se fue con el señor Jacinto por propia voluntad, acepten que a cambio él les de unos cartones de cerveza, comida  y unos refrescos, y ya…”.

Fue sólo gracias a la presión pública ejercida por la sociedad civil y al apoyo de los medios de comunicación y periodistas honestaos-as y comprometidos-as, así como a las medidas jurídicas ejercidas por los familiares de la niña, asesoradas por este Comité y por abogadas y defensoras de los derechos de las mujeres, que luego de 13 largos días, se logró la recuperación y entrega de la menor a su padre y madre.

Sin embargo, esto de ninguna manera basta.

Reiteramos que, por mandato constitucional, las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno tienen el deber de velar por el interés superior de los y las menores, ya que –de acuerdo a normas internacionales, suscritas por nuestro gobierno- el Estado mexicano en su conjunto, está obligado a promover garantizar y respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Siendo que, los casos de las niñas indígenas de los estados del sureste mexicano, particularmente Oaxaca y Chiapas, sustraídas del seno familiar, “robadas” ó “llevadas” bajo supuesto consenso, resultan indignantes e inaceptables, pues ellas se encuentran víctimas de cuatro niveles de vulnerabilidad:

1° Por ser pobres;

2° Por ser mujeres;

3° Por ser indígenas; y

4° Por ser menores;

Resultando además, de que, en el improbable supuesto de que las menores víctimas puedan ser rescatadas y devueltas a su familia -como afortunadamente ha sido este caso- quedan estigmatizadas de por vida, llegando incluso a ser discriminadas por su propia comunidad, bajo la “lógica” de los mal llamados usos y costumbres.

En este contexto, nuestro Comité se suma a la indignación de la familia Ramírez Caballero,

EXIGIENDO:

1° Se realice una Investigación exhaustiva, pronta y con perspectiva género, de parte de la Fiscalía del estado, acerca del cómo ocurrieron realmente todos los hechos;

2° Como resultado de esa investigación, se otorgue castigo ejemplar  –con todo el rigor de la Ley- al responsable y a quien o quienes resulten cómplices de la privación ilegal de la libertad y lo que resulte, de la menor;

3° Reparación integral del daño, a Priscilia, y a su mamá y papá, misma que incluya:

A)     Acompañamiento jurídico y apoyo permanente a los familiares de la menor, por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, durante todo el desarrollo de las investigaciones y hasta el castigo a los culpables;

B)     Pago de todos los gastos realizados por la familia durante la gestión pasada, presente y futura de este lamentable caso; y

C)     Atención médica y psicológica especializada, a la niña y a su mamá y papá

Consideramos además que este caso debe convertirse públicamente en un doble caso paradigmático:

·        Tanto al nivel mismo de los mal llamados “Usos y Costumbres”, bajo los cuales este tipo de  casos se ven comunitariamente como algo fatalmente “normal”;

·        Como al nivel de muestra y ejemplo acerca de la negligencia y discriminación, con los que son vistos y des-atendidos -por parte del sistema encargado de la impartición de justicia de nuestros estados del sureste del país- casos como éste en los que son sustraídas del seno familiar, robadas y plagiadas, niñas y adolescentes indígenas, lo cual nos muestra a la sociedad oaxaqueña y mexicana, la urgente necesidad de que las diversas Fiscalías estatales, comenzando por la de Oaxaca, capaciten y sensibilicen a su personal (fiscales y policías) y se avoquen a la brevedad, a la elaboración e instrumentación de protocolos –bajo perspectiva de género y de defensa de derechos indígenas y de niños, niñas y adolescentes- para la verdadera pronta y respetuosa atención de casos similares, en el futuro.

                                          ¡¡NI UNA NIÑA INDÍGENA MÁS, SUSTRAÍDA DE SU FAMILIA,

PRIVADA DE SU LIBERTAD, “LLEVADA” O “ROBADA”,

NI EN OAXACA, NI EN CHIAPAS, NI EN MÉXICO!!

A T E N T A M E N T E

A nombre de todos-as las ongs, organizaciones sociales, académicos, artistas y ciudadanas y ciudadanos integrantes del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas

Luis Bustamante Valencia                           Miguel Angel A. García Aguirre

           Coordinador Nacional                                       Coordinador Regional