* Pide homogeneizar leyes estatales con las federales en la metería

Oaxaca, Oax.- Víctor Andrade Martínez, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoria Superior de la Federación, exhibió la necesidad de que las adecuaciones normativas de las entidades federativas, se apeguen a la reforma anticorrupción integrada en la Constitución Política.

En el marco del foro parlamentario y ciudadano sobre la creación del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción; retos y desafíos reiteró la necesidad de homologarse con las leyes federales y no irse “por la libre”.

Junto al Contralor del Estado, Ángel Díaz Navarro, del Auditor Carlos Altamirano Toledo y presidenta de la comisión de Vigilancia de la ASE, Eva Diego Cruz afirmó que   para luchar eficazmente contra la corrupción, la sola emisión de leyes es insuficiente, así como lo es también la mera perspectiva sancionatoria o de establecimiento de controles.

Es indispensable un enfoque sistémico en el que se procure la articulación coordinada de acciones de los diversos actores involucrados, toda vez que la corrupción debe concebirse como un problema de acción colectiva que debe romperse con cero tolerancia a estas prácticas y con la promoción de valores, no solamente en la esfera gubernamental, sino también en la empresarial y en la actuación cotidiana de la sociedad, anotó.

Frente a Legisladores e invitados especiales advirtió sobre las expectativas puestas en los Sistemas Nacionales de Fiscalización y Anticorrupción.

Más allá de la tarea inalienable por elevar la credibilidad en la gestión gubernamental, los integrantes de estos Sistemas deben estar preparados para evitar la decepción pública, identificado como el riesgo principal ante el extenso listado de resultados esperados, subrayó.

Urgió  claridad que el Sistema Nacional Anticorrupción dado que no puede verse como un esquema para detectar y castigar individuos, sino más bien para identificar redes.

Más aún, es un esfuerzo cuyos resultados no pueden esperarse en el corto plazo; se prevé una larga ruta de implementación en las esferas legal, institucional y administrativa, externó.

Coincidió en la importancia que tiene el diseño institucional del Sistema Nacional Anticorrupción, incluidos los procesos administrativos y operativos implícitos.

Y enfatizó la necesidad de valorar su rediseño, para lo cual habrá de privilegiarse un enfoque preventivo y no solamente punitivo, dado que así  cobran relevancia los esfuerzos conjuntos por promover, apenas como requisito, la debida articulación de la ley secundaria, con apego a los principios constitucionales.

Respecto a la implementación del Sistema, se reconoció el riesgo impuesto por la presión y complacencia política, motivo por el cual se urgió a los todos los órganos de auditoría gubernamental a mantener un enfoque apartidista y técnico, así como a privilegiar el fortalecimiento de las capacidades institucionales, incluidas estrategias conjuntas de profesionalización de los cuadros auditores.

Reflexionó sobre la importancia de mantener el apoyo y complementariedad de las funciones de fiscalización superior y auditoría interna; de impulsar acciones coordinadas que permitan “atrapar peces gordos”; de que los miembros del Sistema Nacional de Fiscalización prediquen con el ejemplo ante la administración pública, y de sacar provecho de la máxima publicidad de acciones, logros y desafíos, que deben ser compartidos con otros actores del Estado, incluido el sector empresarial.

Estas acciones incidirán paulatinamente en la percepción e interés de la sociedad en el quehacer y mejora de la gestión pública, toda vez que la ley se empezará a aplicar desde el próximo 18 de julio del presente año, concluyó.