La realidad de México y Oaxaca es verdaderamente increíble. Va más allá de las locuras escritas por Frankz Kafka. Son situaciones terriblemente insólitas, por lo absurdas y angustiosas.
Monsiváis no se equivocó:“si Kafka hubiera sido mexicano, sería un escritor costumbrista”.
La realidad política, sobre todo, supera con mucho lo imaginable. Entendible a la luz de la genial perversidad política, jamás aceptable. Es más, a todas luces condenable. El modelo de su arquitectura constitucional fue diseñado para garantizar ante todo la corrupción y la impunidad.
A las pruebas nos remitimos para fortalecer nuestros dichos. El artículo 110 de la Constitución federal establece el Juicio Político contra los gobernantes, políticos y servidores públicos corruptos. Pero salvo excepciones, por venganza política, es casi imposible su aplicación.
Por tanto, desde ahora podemos adelantar que, dado el trámite engorroso que implica dicho procedimiento constitucional, Gabino Cué no será sujeto de Juicio Político. Es un ejercicio de creación de escenarios futuros que muy pronto será confirmado por la terca realidad.
Lo peor de todo es que los castigos son de risa, una verdadera burla al pueblo. Las sanciones consisten en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.
No obstante, que la actual legislación hace complicado llevar a Juicio Político a los gobernantes y ex gobernantes corruptos, Gabino Cué podría ir a la cárcel por violar derechos humanos al ordenar el desalojo armado en Nochixtlán, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Es más que lamentable y doloroso que los diputados y senadores del Congreso de la Unión y de  los Congresos de los Estados hagan la ley, pero al mismo tiempo hagan la trampa, para garantizarse total impunidad. ¡Qué otra cosa puede esperarse de la mafia de la partidocracia!
Plenamente sabedores de esta cruel y favorable realidad para ellos y desafortunada para el pueblo, Gabino y su mafia de rateros pecan de cínicos con el mayor descaro. No les falta razón al pitorrearse de la demanda que sean encarcelados y confiscada toda su fortuna mal habida.
Sin embargo, hemos repetido hasta el cansancio de manera realmente machacona que la soberbia siempre será mala consejera, mucho más todavía cuando se tiene la cola larga y sucia. Es el caso de Gabino, Germán Tenorio, Pepe Zorrilla, Netza Salvatierra y Alberto Vargas Varela.
La condición indispensable para llevar a Juicio Político a Gabino Cué es que exista la voluntad política del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador Alejandro Murat. Al parecer sí existe esa decisión en ambos al incumplir Gabino los pactos en lo oscurito y bajo la mesa.
Y esos acuerdos fueron aceptar el rescate de la rectoría de la educación pública en Oaxaca. Y para amarrar impunidad, especialmente para él, Gabino traicionó y abandonó a su candidato Pepe Toño Estefan Garfias. Los dos últimos meses de la campaña le dejó sin dinero y apoyo político.
Indispensable es recuperar la memoria histórica, el Acuerdo del 20 de junio de 2015 arrebató el control del poder y del dinero del IEEPO entregado por el gobernador Heladio Ramírez López a la Sección XXII de la CNTE, a través del nefasto Acuerdo del 28 de octubre de 1992. 
El juicio político es una posibilidad real. Puede comenzar durante el ejercicio de las funciones del servidor público o dentro del año posterior a la conclusión de su encargo, y deriva en una resolución administrativa y una sanción política. Aún hay tiempo de sancionar a Gabino.
El juicio político es un procedimiento de orden constitucional que realiza el Poder Legislativo federal, a través de las cámaras del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados como órgano de acusación y la Cámara de Senadores como órgano de sentencia.
El juicio hace efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos que la Constitución establece, y que incurren en responsabilidad durante el ejercicio de sus cargos, con independencia de los juicios penales que se sigan en su contra por dicha razón.

Retoma Congreso juicio
político contra Gabino
Se exige responsabilidad en juicio político por cometer actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho, a los planes, programas y presupuestos de la administración pública federal o de la Ciudad de México y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y de la Ciudad de México.
También por cualquier infracción a la Constitución o a leyes federales cuando cause perjuicios graves a la federación, a una o varias entidades federativas o a la sociedad; o porque motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.
No procede juicio político contra el Presidente de la República; sin embargo, puede operar la declaración de procedencia, es decir, se le puede exigir responsabilidad penal.
El artículo 110 de la Constitución federal establece que podrán ser sujetos de juicio político los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía.
Solo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.
Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.
Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado. Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables.
Al retomar la demanda de juicio político en contra del ex gobernador Gabino Cué Monteagudo, la Comisión Permanente Instructora del Congreso del Estado citó a Benjamín Robles Montoya, quien ratificó su denuncia del 30 de marzo del 2016 ante la LXII Legislatura local.
Robles Montoya explicó el año pasado que su exigencia de juicio político es por los actos de corrupción que cometió el mandatario estatal en sus seis años de administración. Los recursos destinados a caminos, educación y salud, fueron los sectores en donde mayor desvíos de recursos hubo.
Sostuvo que la pasada administración de Gabino Cué desvió recursos por más de 10 mil 712 millones de pesos, documentados por la Auditoría Superior de la Federación, que informó que se realizaron 130 auditorías a la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca sobre los ejercicios fiscales de 2010 a 2015, las cuales tienen diversas observaciones..
“Monteagudo ha realizado estas acciones junto con integrantes de su gabinete como Jorge Castillo y el titular de la Secretaría de Administración, Alberto Vargas Varela”, dijo en su momento.
La Comisión Instructora de la LXIII Legislatura, aprobó el acuerdo de radicación del juicio político promovido contra el ex gobernador de Oaxaca Gabino Cué, y además estableció el plazo para la ratificación correspondiente en un periodo de tres días hábiles a partir de la notificación.

Gabino ordenó operativo
armado en Nochixtlán

El mayor problema que enfrenta Gabino Cué, es la violación de derechos humanos de las víctimas del desalojo del bloqueo de maestros y ciudadanos en Nochixtlán, el 19 de junio de 2016, con un saldo de 8 muertos y 190 lesionados, al ordenar un operativo con policías armados. Delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) , Luis Raúl González detalló que se ha ampliado el espectro de la investigación. A la fecha se han recabado 837 actas circunstanciadas, de las cuales 571 corresponden a los hechos suscitados en Nochixtlán, 43 a Huitzo y Telixtlahuaca, 93 en Hacienda Blanca y Viguera, con testimonios de diversas personas.
Indicó que de igual manera se realiza el análisis de 373 videos y 594 fotografías proporcionadas por habitantes y recabados de medios de comunicación, así como de videos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca.
González Pérez reiteró que en total fueron ocho las personas fallecidas, seis en los hechos de Nochixtlán y una en Viguera; los siete fallecieron por arma de fuego; mientras que una persona más fue lesionada un día después de los hechos por un cohete y como consecuencia de ello falleció.
El titular de la CNDH, subrayó que en total hubo 190 personas heridas, de las cuales 122 fueron civiles y 68 policías, de estos últimos 43 son policías federales y 25 estatales; de ellos un policía federal y dos estatales fueron heridos por arma de fuego, mientras que el resto los fueron por quemaduras provocadas por cohetes y contusiones.

Robles debe denunciar a
Gabino por violar DH

Si realmente el senador del PRD-PT Ángel Benjamín Robles Montoya quiere ver en la cárcel a Gabino Cué y a su mafia de rateros debe denunciarle por violar los derechos humanos de las víctimas del desalojo del bloqueo en Nochixtlán al ordenar un operativo armado.
Para saciar su odio y sed de venganza contra su ex amigo, jefe, socio y cómplice, debe reforzar su demanda de Juicio Político contra Gabino, con apoyo en las investigaciones de la CNDH, que le responsabiliza de la muerte de ocho personas y más de 190 heridos.
El senador perredista, petista, próximamente morenista, sabe perfectamente bien que es casi imposible que prospere el Juicio Político contra Gabino Cué por lo engorroso de los trámites del procedimiento, a menos que pesen más las complicidades de los tiempos políticos por venir.
Sin embargo, el ex priista Robles Montoya tampoco ignora que la violación de los derechos humanos se trata de delitos de lesa humanidad, sumamente graves a nivel global que, además, no prescriben en un año como sí ocurre con la demanda de Juicio Político. 
El senador del PRD-PT Robles Montoya tiene la mayor oportunidad de su vida, verdaderamente histórica, de prestar un gran servicio a la nación en general y de manera particular al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Alejandro Murat: meter a la cárcel a Gabino Cué.
Con ello, ayudaría a lavar la cara del miasma de la corrupción al PRI y fortalecería sus posibilidades de derrotar a Manuel Andrés López Obrador, a fin que el Revolucionario Institucional mantuviera la presidencia de la República en las elecciones de 2018.
Pero, además, y esto sería el ejercicio de creación de escenarios futuros más interesante, cerraría filas con José Murat Casab para tejer y construir desde el exitoso gobierno de Oaxaca, la candidatura presidencial de Alejandro Murat Hinojosa en las elecciones de 2024.
Este adelanto periodístico, de ninguna manera es una locura. Por el contrario, es una posibilidad real a grado tal que senador del PRD-PT Ángel Benjamín Robles Montoya acordó y negoció apoyar al gobernador Alejandro Murat y, consecuentemente, trabajar a favor del PRI.
Claro, en la vida en general es gratis y menos todavía en política, Benjamín negoció una diputación federal o local para su amada esposa Maribel Martínez Ruiz.

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