*Para el caso de San Martín Peras ONG´s urgen la intervención del Estado

Organizaciones No Gubernamentales y legisladoras locales advirtieron ayer que la omisión de los gobiernos, contribuye a la permanencia de la violencia política contra las mujeres en Oaxaca y fomenta su agudización, la cual podría derivar en acciones irreparables.
Ana María Hernández Cárdenas, coordinadora del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, lamentó las amenazas en contra de las ciudadanas de San Martín Peras, Gabriela Maldonado Rivera, Mariana Díaz Ortíz, Rosa Aguilar Ramírez y Otilia Flores López.
“Las mujeres originarias de la región mixteca viven con temor de manera permanente, debido a las agresiones en su contra y a las amenazas de muerte, tras exigir la integración de las mujeres en el cabildo municipal”, externó.
Reiteró que las defensoras comunitarias son víctimas de violencia política por su labor de promoción y ejercicio del derecho a la participación política en su comunidad. 
Exigió que se tomen las medidas necesarias para garantizar que en la asamblea que se repondrá en San Martín Peras, las mujeres participen sin temor a represalias o vayan a ser agredidas.
Detalló que en un primer momento, Gabriela Maldonado Rivera el 15 de enero de 2017 fue golpeada a latigazos por su abuelo, quien incentivado por las autoridades de la comunidad, la fustigó como castigo ‘ejemplar’ por exigir la participación de las mujeres en la asamblea y el cabildo comunitario.
En ambos casos la inacción de las autoridades estatales es lamentable y en ese sentido organizaciones estatales y nacionales exigimos al Gobierno del Estado de Oaxaca y al Gobierno Federal, afirmó.
A nombre de las Ong’s demandó acciones inmediatas y eficaces para garantizar el derechos de las mujeres oaxaqueñas a la participación política, así comomedidas de seguridad y protección para las mujeres que viven violencia política, a fin de garantizar su estabilidad e integridad física, así como la de sus familiares.
Urgió también la instalación inmediata de una mesa de diálogo para atender el caso de San Juan Bautista Lo de Soto para resolver la situación que impide a Samantha Caballero el ejercicio de su cargo, ante la violentación del síndico municipal.
Pidió el reconocimiento de la tesorera municipal de San Juan Bautista lo de Soto, María Hernández Santiago, quien fue desplazada de su lugar para que de manera arbitraria se nombrara a Nazario Bracamontes Clemente, lo que ha impedido que el municipio reciba las aportaciones municipales que le corresponden.
Legisladoras del PAN y PRD urgieron a las autoridades locales y a la Defensoría de los Derechos Humanos proteger la integridad física, psicológica y patrimonial de las mujeres que han levantado la voz.