REFORMA / Redacción
Cd. de México (04 abril 2017).- Un juez federal inició hoy un juicio a la presidenta y tres ex consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPCCH), por el supuesto fraude cibernético que en 2015 llevó a Roberto Pardo Molina a convertirse en diputado migrante del Partido Verde.

El Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales

en el estado, Alex Conrad Hayton Herrera, dictó auto de formal prisión a Ivonne Miroslava Abarca Vázquez, presidenta del instituto, por el delito de participar en la alteración del listado de electores.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República, también fueron procesados por el mismo ilícito los ex consejeros electorales Carlos Enrique Domínguez Cordero, María del Carmen Girón López y María de Lourdes Morales Urbina.

Con esta determinación, son ya cinco los indiciados que han sido procesados por esta acusación, ya que el 22 de marzo pasado también se le abrió un juicio por los mismos hechos a la ex consejera Margarita Esther López Morales.

Los acusados llevarán sus procesos en libertad provisional, ya que no es grave el ilícito que les imputan.

La investigación que los ha llevado a juicio tiene su origen en el Comité Técnico Especial para recabar el voto de los chiapanecos en el extranjero durante el proceso electoral local ordinario 2014-2015. El comité fue creado el 16 de octubre de 2014 por acuerdo del Consejo General del IEPCCH.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) la compañía DSI Elecciones S.A. de C.V. recibió un contrato del IEPCCH para desarrollar un sistema electrónico de votación y padrón de los chiapanecos en el extranjero.

DSI informó que hubo 17 mil 573 solicitudes de registro de votantes chiapanecos, la mayoría provenientes de Estados Unidos, Uganda, Armenia, Vietnam, Angola, Liberia, Cabo Verde, República Checa y Trinidad y Tobago.

Según la acusación, el instituto validó 10 mil 808 registros, pese a que la compañía contratada no comprobó que las personas residieran fuera del país y más tarde se verificó que en realidad vivían en el estado y habían sido dados de baja del Registro de Electores local sin su consentimiento.

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