*Sistema Nacional Anticorrupción herramienta a mediano plazo: ASF

Alberto Ortiz

El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) ubica a Oaxaca dentro de los estados que presentan rezagos en la aprobación del Sistema Local Anticorrupción, a 4 meses de que venza la fecha límite para ponerlo en marcha (próximo 18 de julio).
Mediante su programa Semáforo Anticorrupción ubica al estado dentro de las 23 entidades federativas con problemas o retrasos para su instrumentación, entre estos; Tabasco, Tamaulipas, Durango, Guerrero, Campeche y Coahuila.
Y es que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se creó con la reforma constitucional de 2015, el cual compone los órganos federales y los 32 Sistemas Locales Anticorrupción (SLA).
Éstos deben respetar el modelo federal de distribución de competencias y deben de contar con una estructura y facultades equivalentes al del SNA que tendrá las mismas funciones y facultades.
El “Semáforo Anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción” es un parámetro de evaluación de la reforma constitucional y de la Ley del Sistema Local Anticorrupción y su implementación.
La herramienta documenta y estudia la calidad de la actividad legislativa en los estados con base en las constituciones locales y las agendas legislativas locales, en donde Oaxaca todavía no avanza.
El IMCO expone que SLA necesitan una base sólida desde las constituciones locales y tienen para su implementación hasta el 18 de julio de este año.
Solo 10 estados tienen una reforma constitucional satisfactoria, mientras que nueve aún no cuentan con reforma constitucional, mientras que solo dos estados –Baja California Sur y Querétaro– contemplan que su Entidad Superior de Fiscalización sea la que sancione las faltas administrativas no graves, expone el organismo civil.

Advierte que Morelos, es el estado con el riesgo de inconstitucionalidad más alto de todos, dado que el CPC lo elige el congreso del estado, contrario al objetivo de la reforma anticorrupción federal y al modelo de elección impuesto por el SNA.

De la misma forma, el Semáforo Anticorrupción indica que Chiapas y Nayarit cuentan con una Ley del Sistema Local Anticorrupción satisfactoria, mientras que 24 entidades aún no cuentan con ella.

Urge adecuar leyes: ASF
Víctor Andrade Martínez, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoria Superior de la Federación, exhibió la necesidad de que las adecuaciones normativas de las entidades federativas, se apeguen a la reforma anticorrupción integrada en la Constitución Política.

El funcionario   reiteró la necesidad de homologarse con las leyes federales y no irse “por la libre”.

Así también  afirmó que   para luchar eficazmente contra la corrupción, la sola emisión de leyes es insuficiente, así como lo es también la mera perspectiva sancionatoria o de establecimiento de controles.

Es indispensable un enfoque sistémico en el que se procure la articulación coordinada de acciones de los diversos actores involucrados, toda vez que la corrupción debe concebirse como un problema de acción colectiva que debe romperse con cero tolerancia a estas prácticas y con la promoción de valores, no solamente en la esfera gubernamental, sino también en la empresarial y en la actuación cotidiana de la sociedad, anotó.

Más allá de la tarea inalienable por elevar la credibilidad en la gestión gubernamental, los integrantes de estos Sistemas deben estar preparados para evitar la decepción pública, identificado como el riesgo principal ante el extenso listado de resultados esperados, subrayó.

Urgió  claridad que el Sistema Nacional Anticorrupción dado que no puede verse como un esquema para detectar y castigar individuos, sino más bien para identificar redes.

Más aún, es un esfuerzo cuyos resultados no pueden esperarse en el corto plazo; se prevé una larga ruta de implementación en las esferas legal, institucional y administrativa, externó.

Coincidió en la importancia que tiene el diseño institucional del Sistema Nacional Anticorrupción, incluidos los procesos administrativos y operativos implícitos.

Respecto a la implementación del Sistema, se reconoció el riesgo impuesto por la presión y complacencia política, motivo por el cual se urgió a los todos los órganos de auditoría gubernamental a mantener un enfoque apartidista y técnico, así como a privilegiar el fortalecimiento de las capacidades institucionales, incluidas estrategias conjuntas de profesionalización de los cuadros auditores.

Habló de la necesidad de impulsar acciones coordinadas que permitan “atrapar peces gordos”; de que los miembros del Sistema Nacional de Fiscalización prediquen con el ejemplo ante la administración pública, y de sacar provecho de la máxima publicidad de acciones, logros y desafíos, que deben ser compartidos con otros actores del Estado, incluido el sector empresarial.