El lunes 10 de abril por la noche, la presidenta del Consejo de Administración de las empresas Choferes del Sur y Transportes Urbanos de la Ciudad de Oaxaca (Tucdosa), Alejandra Gómez Candiani, firmó un documento en el que sostiene rechazar cualquier relación laboral con los trabajadores que se mantienen en huelga desde el pasado 20 de marzo y con el sindicato que los ampara.
La respuesta de organización sindical que encabeza Alejandro González Forastieri fue afirmativa, siempre y cuando la empresa liquide a los trabajadores conforme a la ley y que según sus cálculos asciende a 241 millones 291 mil 204 pesos, por concepto de incidente para 128 trabajadores huelguistas, calculo adicional para trabajadores despedidos, agregados por días de descanso obligatorios y conmemorativos, prima dominical y horas extras, incidente de liquidación del sindicato, los contratos colectivos de trabajo y embargo pracautorio.
Para aceptar esta propuesta, la parte patronal se dio un plazo de 48 horas que vencerá mañana a las siete de la tarde, como atestiguó el secretario de Vialidad y Transporte (Sevitra), Francisco García López.
El conflicto laboral entró, entonces, en un momento crítico para las empresas del transporte público urbano de la capital del estado y municipios conurbados. También, se ha vuelto turbio por un presunto trasfondo económico por la supuesta intención de la ex secretaria del Transporte, Aurora López Acevedo, de echar a andar una nueva empresa en el sector.
La huelga lleva 22 días y mientras las acusaciones y deslindes continúan entre las partes en pugna, la solución no sólo parece distante; la postura de la representante de los socios de la empresa apunta a que tendrían que desembolsar varios millones de pesos a cambio de deshacerse del sindicato y de los trabajadores que ejecutaron el paro de labores.
Mientras tanto, González Forastieri ha afirmado que no cederán si las liquidaciones no son conforme a la ley y que incluso, podrían iniciar un procedimiento en contra Gómez Candiani ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA).
El líder sindical también ha defendido la legalidad de la huelga y ha señalado los yerros – que se reducen a un conflicto interno entre los socios – de perder la batalla legal ante la instancia laboral y que desechó la posibilidad de realizar un recuento de trabajadores, el cual pretendía para decretar la inexistencia de la huelga.
En declaraciones a la prensa, el representante de los choferes en paro aseguró que la JLCyA ha ordenado a la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra) de detener al 60 por ciento de las unidades de las empresas para agregarlas a la huelga. Algo que la dependencia estatal no ha cumplido hasta la fecha.