El Comité de Víctimas 19 de Junio por Justicia y Verdad acusó al presidente municipal de Asunción Nochixtlán, Rubén Alcides Miguel Miguel, de romper la cadena de custodia al remodelar las instalaciones del ayuntamiento clave en los hechos violentos en el que murieron ocho personas el año pasado tras el choque entre fuerzas federales y estatales con simpatizantes y miembros de la Sección 22 del SNTE.
A través de un comunicado, informó que la remodelación del edificio que fue incendiado durante los hechos violentos primero debió llevarse a cabo un estudio técnico que determine si es factible hacer esos trabajos o su reconstrucción.
“Nosotros como víctimas del 19 de junio hacemos responsable a este que se dice Presidente Municipal por cualquier anomalía que se presente en este edificio en lo consecuente por no estar llevando a cabo las normatividades correspondientes e informándoles que a partir de estas acciones que están realizando en el Palacio Municipal”.
El caso de remodelación, reconstrucción o reparación de este inmueble, dijo la Comisión, está planteado ante el Gobierno Federal a partir que se cumpla con las normativas vigentes para edificios afectados por el fuego.
De la misma manera que la construcción del Centro de Rehabilitación, se estará realizando a finales del mes de abril en las instalaciones que ocupa el Centro de Salud (CESSA) y será entregado “al pueblo de Nochixtlán no ha un grupo de personas que quieran politizar lo que al pueblo le corresponde por las agresiones que le realizó el Gobierno Federal y Estatal”.
Asimismo, dijeron que a  pesar de haber transcurrido 9 meses de tales hechos que ocasionaron la muerte de 11 ciudadanos, la detención arbitraria de 27 personas, 157 heridos de bala y proyectiles lanzados por los policías y el desplazamiento forzado de 32 niños, hasta la fecha no se cuenta con un dictamen pericial científico, objetivo e imparcial.
Esto, porque en múltiples maniobras el Estado mexicano a través de la Procuraduría General de la República (PGR) ha pretendido recoger “evidencias” que deje a salvo su culpabilidad al ordenar el desalojo y la responsabilidad de la masacre resultante de esa decisión política, y por lo tanto garantizar la impunidad a los jefes policiacos como al Gobierno de Gabino Cué Monteagudo y de Enrique Peña Nieto.