Cualquier ciudadano que vea las imágenes del pasado viernes y el sábado en Reynosa, concluirá que son pasajes dignos del infierno de una guerra sin cuartel.

Los memes en las redes sociales comparando a esa frontera con Siria, lejos de ser cómicos son muy trágicos.

¿Cómo se llegó a una situación en la que los cárteles acabaron por convertirse en el gobierno de facto y ahora que se les busca meter en cintura desatan su propio apocalipsis?

Son distintas respuestas las que lanzaron a ese puerto fronterizo, paso obligado no solo de mercancías sino de cientos de miles de turistas, a un estado de catástrofe.

La primera causa, fue la incompetencia -por decir lo menos- o la complicidad, que es lo más seguro, de las autoridades municipales, estatales y federales para entregar o vender las plazas al mejor postor.

Quien revise los expedientes de Tamaulipas encontrará el eterno estrecho vínculo entre autoridades y cárteles.

Pero esas relaciones peligrosas se transformaron en total complicidad, cuando las ambiciones políticas y personales de esos gobernantes convirtieron a los cárteles en los financiadores de sus campañas primero y de sus desbordados estilos de vida después.

Gobernadores, alcaldes, jefes policíacos, acabaron vendiéndole su alma al diablo sin reflexionar que al hacerlo existe un punto de no retorno en el que se les tiene que dar todo y no se puede esperar nada.

Pregúntenle a Tomas Yarrington o a Eugenio Hernández si acorralados y denunciados como están, volverían a repetir el esquema de tolerancia o complicidad con el que trataron a los cárteles del Golfo y a Los Zetas.

La segunda causa está en esa relación entre los gobiernos federal y estatal en el que no asumen responsabilidades, todos se echan culpas.

Y la única función que tiene el Estado, que es resguardar la vida y las propiedades de sus ciudadanos, es sepultada por intereses que en principio todos creyeron que lo compraría todo, incluso su eterno y lujoso bienestar.

Pero los acuerdos de un gobierno alcanzan hasta que viene el nuevo gobierno, que busca sus propios pactos, acuerdos y negocios.

Pregúntenle al nuevoleonés Natividad González Parás o al veracruzano Fidel Herrera, por citar dos casos que arrancaron la desarticulación de seguridad en sus estados.

O cuestionen a Jaime Rodríguez Calderón que vuelve a poner a Nuevo León en jaque con la inseguridad –en las calles y en los penales- porque desairó la fórmula de recuperar el Estado y que venía operándose entre el gobierno de su antecesor y los empresarios.

¿Cómo pretendía recuperarla “El Bronco”? ¿Importando como procurador de Nuevo León al nayarita Édgar Veytia, señalado en EU como protector y financiero de los cárteles que relevarán a Sinaloa, Golfo y Zetas?

La tercera causa es más preocupante, y está en la apatía de los líderes del sector privado que pudiendo golpear  fuerte en la mesa, no solo toleran, sino se hacen cómplices silenciosos de gobernadores y de jefes policíacos.

Si Tamaulipas es territorio perdido, también obedece a la apatía de aquellos ciudadanos que ignorando una realidad, pensaron que más temprano que tarde las aguas tomarían su cauce. Ese silencio acabó por crear su propio infierno. Ahora ¿quién lo apaga?