Vulneran derechos de hijos de personas privadas de la libertad en Oaxaca

Juan Carlos Zavala

La organización ASILEGAL denunció que los derechos de los hijos de personas privadas de su libertad son vulnerados en las cárceles de Oaxaca y en el sistema de justicia penal del estado y del país.
Los derechos vulnerados, precisó, son el derecho a la igualdad y no discriminación, a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social, a una alimentación, vivienda y atención médica adecuados, a la educación, a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad, a las actividades recreativas, a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia y a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación.
Está el caso de Concepción, una joven madre soltera que en 2013 tuvo un parto fortuito y fue acusada de homicidio. Su proceso duró siete meses y durante ellos sus dos hijos estuvieron a cargo de su abuela.
Concepción fue absuelta en octubre de ese mismo año pero a causa de la criminalización, que hay hacia las mujeres en el sistema de justicia, sus hijos tuvieron que vivir la experiencia de ser separados de su madre un por delito que no cometió.
Otro caso es el Cirilo, un padre de familia de Tehuantepec, que estuvo privado nueve años de su libertad acusado de homicidio.
“Ahora, él se encuentra con el reto de reintegrarse a su familia de cuatro hijos y esposa. Durante su ausencia, sus dos hijos mayores tuvieron que trabajar en un taller textil para apoyar con los gastos familiares. A decir de su hija mayor, de aproximadamente 15 años, es difícil volver a ver a Cirilo como a un padre, no sabe cómo tratarlo ni él a ella. La ahora adolescente dice que durante el tiempo en el que Cirilo estuvo en situación de reclusión, ella y sus hermanos vivieron esa etapa como un abandono”.
ASILEGAL precisa que en México existen 216 mil 831 personas en situación de reclusión, de ellas, 205 mil 626 son hombres y 11 mil 205 son mujeres. Muchas de estas personas al ingresar dejan hijos e hijas que sufren graves consecuencias en su desarrollo por tener a su padre y/o madre en prisión. En el país, agrega, no existen datos sobre la cantidad de niños y niñas afectadas por la situación de reclusión de su padre y/o madre.
Asimismo, afirma que en el sistema de impartición de justicia penal no es considerado el interés superior del menor, sus operadores y operadoras no toman en cuenta el estado en el que se dejará a los niños y niñas ante la ausencia de su padre o madre, en particular en el caso de la mujer quien es muchas veces su único soporte económico y emocional.