El próximo 20 de junio el conductor Joaquín López Dóriga deberá presentarse en calidad de “testigo” ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para rendir su declaración en la demanda que interpuso la inmobiliaria Abilia, propiedad de la empresaria María Asunción Aramburuzabala, en contra del personal de la Secretaría de Protección capitalina por haber clausurado la obra de la calle Rubén Darío 225, en 2015.

Será la primera vez que el ex conductor del noticiario estelar de Televisa se presente a las oficinas de la procuraduría capitalina para declarar, junto con otros vecinos del inmueble ubicado en la calle Rubén Darío 223, en la larga batalla en tribunales que la empresaria Aramburuzabala emprendió en contra de él, de su esposa Teresa Adriana Pérez Romo, de otros representantes vecinales y del abogado Mario Alberto Pocoroba por el presunto intento de extorsión.

El juicio de la empresa Abilia en contra del personal de Protección Civil capitalina es uno de los tres que están pendientes en los tribunales de la Ciudad de México desde 2015: uno por la tentativa de extorsión; otro por abuso de autoridad del INVEA al clausurar la obra inmobiliaria; y este tercero en contra de Protección Civil.

En este caso, según explicó a Proceso el abogado Javier Coello, se trata de una victoria jurídica para la empresaria Aramburuzabala ya que la misma procuraduría capitalina había considerado como “ociosos e irrelevantes” los testimonios de los vecinos y determinó en agosto de 2016 el “no ejercicio de la acción penal”, en el caso de la demanda por intento de extorsión.

A pesar de que el pasado 31 de enero de este año, Aramburuzabala ganó el amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, la esposa de López Dóriga y otros coacusados (Gabriela Torres, Paloma Baños, Mario Alberto Pocoroba y Erika Mendoza) interpusieron un recurso de revisión para frenar la posibilidad de que declaren los vecinos.

 

Sin embargo, los abogados de Aramburuzabala lograron que la misma procuraduría los cite a declarar en calidad de “testigos” en el otro expediente en contra de los funcionarios de Protección Civil.

En este caso se busca constatar quién fue el sujeto que interpuso las denuncias ante Protección Civil por presuntas violaciones en la construcción del desarrollo inmobiliario de Rubén Darío 225 y “cuáles fueron los fundamentos y razones por las cuales se inició el procedimiento administrativo que dio origen al operativo reclamado y a la suspensión temporal de la obra”, según explicó el abogado Coello.

 

Homozapping