Es evidente que nuestros procesos electorales no gozan de buena salud, traen males congénitos y nuevas prácticas fraudulentas que no son posible  soslayar. Como toda cosa humana tiene que evolucionar, cambiar, transformarse al ritmo de las circunstancias históricas y de la nueva realidad social, no hacer los cambios pertinentes nos estamos condenando a soportar malos gobiernos y pésimos gobernantes. La calidad de todo régimen político depende de la eficacia, congruencia, legitimidad, de nuestras reglas electorales.
Pasar de un régimen de partido hegemónico a uno de competencia nos ha costado constantes adecuaciones de las normas electorales desde hace cuarenta años, necesitamos de reglas electorales más sólidas pensando en los ciudadanos y no en los hombres de poder y en sus partidos. El eje central de la nueva ley electoral  debe ser el ciudadano, en él debe sustentarse toda norma electoral.
Nuestras reformas electorales desde 1977 han  girado en torno a los requerimientos del partido en el poder y  en las demandas de los partidos opositores, pero no en los ciudadanos, por ejemplo, las coaliciones y las alianzas se establecen en beneficio de los partidos, por qué no dejamos que los ciudadanos decidan quién debe de gobernar y legislar a través de la voluntad de los ciudadanos mediante la segunda vuelta. Evitamos alianzas vergonzosas y formamos gobiernos de mayoría absoluta, estables, fuertes, legítimos y con amplio apoyo popular. Así, en lugar de que las élites partidistas, en plan de mafias, construyen alianzas vergonzosas, dejamos que los ciudadanos lo realicen mediante su voto.
Otro ejemplo, en los órganos electorales le sumamos la presencia primero de consejeros magistrados, luego de consejeros ciudadanos, finalmente de consejeros electorales, que al ser nombrados por  la Cámara de diputados adquieren el sello partidista, de esta manera los partidos políticos tienen doble representación ante la autoridad electoral, la representación partidista y el consejero correspondiente. Para evitar esto, es necesario eliminar a los consejeros electorales, conservar a la representación del partido y nombrar al presidente del órgano electoral y demás funcionarios por concurso de oposición a cargo de autoridades académicas de prestigio.
Es evidente que los jueces electorales tienen que ser personas profesionales, con prestigio académico, calidad moral, por ello, no deben ser designados por la Cámara de senadores, nicho de partidos, por tanto, tales magistrados entran en funciones con sello partidista. Es mejor que sean designados por la autoridad judicial, por ascenso en sus carreras  y por buen desempeño en  sus labores, calidad moral y conocimientos en la materia. Es la hora de los jueces de carrera.
Ante el desprestigio de los partidos tal como funcionan hoy en día, sin vinculación real con los ciudadanos más que en tiempos electorales, es decir, no han cumplido con su función cívica, de divulgación de los valores cívicos, en la construcción de ciudadanía, a pesar de la gran cantidad de recursos públicos que reciben para ello, obligarlos y vigilarlos para que sean la escuela ciudadana, que cumplan con la ley. Que sus centros de capacitación y de divulgación ideológica no sea pura simulación, que su producción editorial sea verdadera, que impacte en la educación cívica del pueblo.
Si los partidos políticos son entidades de interés público, la autoridad electoral les deberá exigir que cumplan con sus obligaciones establecidas en la ley. Si su propósito fundamental es ganar elecciones en un contexto de ciudadanos informados y conscientes de la realidad del país, la autoridad debe ser la encargada de asignar los recursos, que les corresponde a los partidos, a cada uno de los candidatos en competencia, pues el dinero para las elecciones se queda en las estructuras burocráticas de cada uno de los partidos. Incluso, existen dirigentes que les cobran a los candidatos por participar en las elecciones.
Los partidos políticos en nuestro país se han convertido en un gran negocio de aparatos políticos, de grupos de interés o de  una familia, por esta razón, deberá ser la ciudadanía la que haga posible la existencia de los partidos, es conveniente aumentar el número de ciudadanos  que los respalden, así, el umbral para conservar el registro no puede ser tan bajo, el 3%, se debe elevar por lo menos al 7% de votación obtenida. Sueñe usted estimado lector, que le parece usted sólo la existencia de un partido de derecha, el PAN; uno de centro, el PRI; uno de centro izquierda, el PRD; otro de Izquierda, MORENA. De esta manera el ciudadano tiene todas las corrientes del espectro ideológico, como se prohibirá las coaliciones por la existencia de la segunda vuelta, el elector deberá hacer lo posible que su partido o el candidato de su preferencia  obtenga la mayoría absoluta, si esto no se logra se irá a segunda vuelta, donde seguramente priístas y panistas podrán apoyar un candidato moderado mientras que perredistas y morenos podrán apoyar a un candidato progresista, bueno esto sería lo lógico, pero como en política, que es lucha por el poder, la lógica a veces se ausenta, puede suceder cualquier cosa.