En Oaxaca, se requieren al menos 15 millones de pesos anuales para cubrir las necesidades de interpretación en el ámbito de la justicia, precisó Edith Matías Juan, integrante del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet).

La especialista detalló que según el tabulador de la Comisión Nacional para la Defensa de los Derechos Indígenas (CDI), la contratación de un intérprete para una audiencia cuesta 1 mil 100 pesos más viáticos como traslado, alimentos y hospedaje que requiera.

En promedio, un juicio contra una persona indígena desde que inicia hasta que termina, por el número de audiencias que llega a tener, se gastaría en términos de interpretación un promedio de 40 mil pesos.

“Y multiplicado por el número de requerimientos se necesitan algo así como 15 millones de pesos para cubrir las necesidades de interpretación en el ámbito de la justicia”.

De acuerdo con la CDI, a octubre de 2016, en México más de ocho mil indígenas se encuentran privados de su libertad por la comisión de diversos delitos pero la mayoría están presos tras enfrentar procesos irregulares en los que no se respetó su lengua.

Las entidades federativas que concentran el mayor número de población indígena en el sistema penitenciario son Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Distrito Federal, Chihuahua y Guerrero. Las lenguas con las que se identifican son el náhuatl, zapoteco, maya, tzeltal y tsotsil.

El principal argumento de las instituciones encargadas de la procuración de justicia, afirmó Edith Matías, es que no tienen presupuesto y sin embargo “se gasta en publicidad oficial tres veces más que eso, y no se quiere gastar para garantizar los derechos lingüísticos”. Entonces, puntualizó, se trata de un tema de prioridades para quienes hacen la política pública.

“Es el tema del racismo y del clasicismo que permea a la sociedad en su conjunto y que no lo creen necesario. ¿Para que gastamos en intérpretes, ya que aprendan a hablar español?”, cuestionó.