Lo alarmante y cínico es que en México cualquiera puede salir al mercado a comprar los servicios de quienes interceptan llamadas, te dan las hojas de los chats del Whatsapp de cualquier teléfono, y no pasa nada

 

El presunto espionaje del gobierno mexicano en contra de periodistas, abogados de derechos humanos y activistas, denunciado en el New York Times, abrió una caja de Pandora.

Hay que reconocer que todo gobierno,  tiene entre sus obligaciones salvaguardar la integridad de sus ciudadanos. Y para ello debe detectar los peligros.

Uno de esos peligros son los grupos que fuera de la legalidad –guerrilleros o terroristas- pretenden socavar la integridad del Estado y retarlo hasta derrocarlo.

Para eso se crearon los servicios de inteligencia. Para que instancias como la CIA, el FBI, la KGB, el Mossad o el Cisen detecten esas amenazas. Hasta aquí la teoría.

Pero en la práctica suele suceder que los apetitos de poder acaban por convertir a esos cuerpos de inteligencia al servicio del Estado en juguetes personales de particulares intereses.

Está el escándalo en Estados Unidos con el FBI de Trump y los forcejeos con la KGB rusa por su presunta intromisión en las elecciones.

Y ese es precisamente el debate del espionaje al que se le acusa al gobierno mexicano. Nadie cuestiona que se adquieran equipos de inteligencia. Lo cuestionable es a quiénes escuchas, a quienes se les vulnera  su privacidad bajo el argumento de que espiarlos es “asunto de Estado”.

En lo personal no creo que ni Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Juan Pardinas o Salvador Camarena signifiquen una amenaza para el Estado mexicano.

Pero para la burocracia palaciega, sí son una amenaza para el presidente Enrique Peña Nieto. Pero eso es muy distinto.

Porque como periodistas independientes investigan asuntos de interés público que incomodan a los hombres que están en el poder. Y exhibieron  la Casa Blanca y Ayotzinapa.

Por eso el juego de culpabilidades sobre quien compró y quien desvió para asuntos civiles un equipo de inteligencia israelí adquirido para cuestiones de Estado.

Que si fue la secretaría de Gobernación de Miguel Angel Osorio Chong. Que nó, que fue la PGR en los días de Jesús Murillo Karam. Que el mas sofisticado equipo para ello lo tiene la secretaría de la Defensa o la de Marina.

¿Y qué decimos de los equipos de espionaje adquiridos por las grandes corporaciones privadas? ¿O nos vamos a hacer de la vista gorda para reconocer que existen empresas que espían con mas efectividad que el gobierno?

Volvemos a Carlos Slim, el magnate de las telecomunicaciones que vive con el alma en un hilo, porque algún día pierda la dominancia que le da las franquicias telefónicas y que lo convierten en uno de los mas ricos del mundo.

Y como Slim, media docena de corporaciones mexicanas tienen sus redes para espiar, desde sus empleados hasta la competencia.

Solo ubique a donde se fueron a trabajar en su momentos hombres del sistema de inteligencia oficial, como Wilfrido Robledo o Jorge Tello Peón. O para quien trabaja  Genaro García Luna.

Por eso decimos que no se desgasten buscando quienes fueron los que espiaron a periodistas y activistas denunciados por New York Times.

Lo alarmante y cínico es que en México cualquiera puede salir al mercado a comprar los servicios de quienes interceptan llamadas, te dan las hojas de los chats del Whatsapp de cualquier teléfono, y no pasa nada.

Vivimos en un país que subasta abiertamente la vida de los otros.