“Escuchar llamadas es información que da claridad, pero es necesario no hacerlo en la clandestinidad, sino con orden de autoridad” Manolo

El lunes 19 de junio fue publicada por Citizen Lab y por los organismos Article 19 Oficina para México y Centroamérica, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC una nueva investigación, recogida por el diario The New York Times, que demuestra el uso de malware altamente sofisticado y comercializado exclusivamente a gobiernos, con el objetivo de espiar los teléfonos móviles de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción.

El principal método de infección, documentado tanto por Citizen Lab como por los organismos, consiste en el envío de mensajes SMS con enlaces que, al ser accedidos, provocan la instalación inadvertida del software malicioso denominado Pegasus y comercializado solamente a gobiernos por la empresa israelí NSO Group.

Según reportes de The New York Times (NYT), cada licencia de infección tendría un costo alrededor de $77,000.00 dólares americanos (o cerca de un millón cuatrocientos mil pesos mexicanos, provenientes del erario público).

En total se han registrado 88 mensajes con enlaces maliciosos (76 mensajes en esta nueva investigación y 12 en la investigación pasada sobre los activistas por el derecho a la salud, el investigador Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública, Alejandro Calvillo de la organización el Poder del Consumidor y Luis Encarnación de la coalición ContraPESO) para espiar a periodistas y defensores de derecho humanos vinculados a la infraestructura de Pegasus.

Las personas que recibieron los mensajes SMS con enlaces maliciosos fueron: Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre de la organización de derechos humanos Centro Miguel Agustín Pro Juárez, (Centro Prodh); Carmen Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán del portal de noticias (Aristegui Noticias), así como Emilio Aristegui, hijo de la periodista Carmen Aristegui; el periodista Carlos Loret de Mola; Juan Pardinas y Alexandra Zapata del Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO); y Daniel Lizárraga y Salvador Camarena de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En un escueto mensaje en Twitter, Eduardo Sánchez H., Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, publicó la respuesta del gobierno federal al reportaje del NYT en donde se señala que “no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje” y llamó a quienes pudieran ser víctimas a que presenten una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Esta respuesta es deficiente ante las sólidas evidencias técnicas planteadas en la nueva investigación, la cual demuestra fáctica y técnicamente que el software utilizado para intentar espiar a los objetivos es comercializado a gobiernos y existen pruebas de que la PGR y la SEDENA cuentan con estas herramientas de espionaje. Corresponde al gobierno mexicano esclarecer los casos de espionaje con precisión y exhaustividad y cuáles son las razones que motivan este espionaje ilegal

El espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo desde la era de Porfirio Díaz ( o sea no es nada nuevo), empero, ante los hechos revelados en esta nueva investigación, el gobierno mexicano debe rendir cuentas a la sociedad sobre el uso indiscriminado y arbitrario de métodos de espionaje y explicar el uso de la información que obtuvieron, así como realizar las investigaciones que lleven a la sanción de los responsables de tales actos. Las autoridades están obligadas a utilizar todas sus facultades legales y constitucionales para atender con prontitud y diligencia a los graves hostigamientos perpetrados por medio de los pájaros en el alambre.

Jugadas de la Vida.
El propietario del Hotel Cortisen, en Australia, prohíbe la presencia de niños menores de 12 años en sus instalaciones, aunque sí admite a sus huéspedes se alojen con perros.

Twitter: @ldojuanmanuel