César Martínez
Cd. de México (27 junio 2017).- Integrantes de la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción demandaron a las autoridades federales hacer públicos los contratos sobre el software Pegasus, con el que se espió a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción.

“(Demandamos que) se transparenten los contratos respectivos, para determinar su apego al marco jurídico y poder conocer las personas que pudieron tener acceso a esta información”, plantearon organizaciones como Causa en Común y Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia.

En un posicionamiento publicado en su página de internet, los integrantes de la plataforma, entre ellos también la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), criticaron al grupo de apoyo técnico anunciado ayer por la PGR.

“(El grupo de apoyo técnico) se inscribe en una lógica de investigación sumamente estrecha y podría tender al control político de daños, pero no al esclarecimiento de los hechos”, plantearon, además, Denise González, Coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, y Layda Negrete, especialista en temas de justicia.

“Suscribimos la exigencia de establecer un panel de expertos independientes nombrados y auspiciados por organismos internacionales de derechos humanos, pues estamos ante la paradoja que el Ejecutivo (PGR) debe investigar al mismo Ejecutivo”.

De igual forma pidieron que los órganos internos de control de la Sedena, el CISEN y la Visitaduría General de la PGR realicen las respectivas investigaciones para determinar qué funcionarios o particulares tuvieron acceso al uso de cualquier programa de espionaje.

Las organizaciones y especialistas anunciaron el 3 de abril pasado la creación de la plataforma, con la cual buscan que los crímenes cometidos por agentes del Estado, organizaciones delictivas u otro actor particular se sancionan debidamente.

En su posicionamiento critican las declaraciones realizadas por el Presidente Enrique Peña Nieto sobre el tema, pues consideran que revirtió hacia las víctimas la carga de probar la afectación sufrida.

“Declaraciones de este tipo, son evidencia de que los gobernantes mantienen una política de responsabilizar a las víctimas de las violaciones de que son objeto”, señalaron.

En la plataforma también se encuentran las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir, Idheas, la Plataforma Internacional Contra la Impunidad de Guatemala y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH).

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