* La falta de resultados en las investigaciones provoca que los migrantes, incluso los que han regularizado su estatus, tengan desconfianza y bajas expectativas de la justicia mexicana. 

Cd. de México.- Cada vez son más los migrantes en tránsito por México que obtienen una visa humanitaria por haber sido víctimas o testigos de delitos graves.

Un informe sobre acceso a la justicia para ese sector en el País indica que estas visas se incrementaron 575 por ciento entre 2014 y 2016, al pasar de 338 a mil 944.

Más del 90 por ciento de migrantes víctimas o testigos de delitos graves que han regularizado su situación migratoria para continuar con el proceso son originarios de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Según el reporte que realizaron siete organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el aumento de esos documentos demuestra que los delitos contra esa población van al alza.

Precisa que la legislación mexicana permite a las víctimas o testigos de delitos graves regularizar su situación migratoria por razones humanitarias, con el fin de que puedan dar seguimiento a su denuncia.

Señala que en la práctica, la falta de resultados en las investigaciones provoca que los migrantes, incluso los que han regularizado su estatus, tengan desconfianza y bajas expectativas de la justicia mexicana.

Alerta sobre la impunidad en los delitos contra ese sector, pues de 5 mil 824 delitos registrados en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Sonora, Coahuila y a nivel federal, sólo hay 49 sentencias.

El informe también indica que el Mecanismo de Apoyo Exterior, que tiene la función de recibir denuncias de delitos contra migrantes desde fuera de México a través de los agregados de la Procuraduría General de la República (PGR) en las embajadas mexicanas, ha acumulado 68 casos desde su creación en 2015.
 

El reporte, en el que también colaboraron el albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca, y La 72, de Tenosique, Tabasco, señala que de estos 68 casos, 21 fueron presentados en El Salvador, 20 en Honduras, 19 en Guatemala por casos de migrantes desaparecidos en México entre 1999 y 2014, así como ocho casos en Colombia, Brasil, Ecuador y otras naciones por delitos no especificados.

No obstante, advierte que la creación de este mecanismo y de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la PGR no opera como debería.

“En la práctica ni la SRE ni la PGR han hecho esfuerzos suficientes para aclarar, por ejemplo, a través de lineamientos oficiales, el papel de cada institución en la toma de denuncias de delitos contra migrantes o la recepción de pruebas, ni para buscar vías de coordinación efectivas”, detalla.

Según el informe, en el que también participaron la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, la Casa del Migrante de Saltillo y Red Migrante Sonora, la creación de fiscalías especializadas de delitos contra migrantes en siete estados, así como la unidad federal en la PGR, son insuficientes para garantizar justicia a los migrantes.

Indica que la denuncia de delitos es difícil en la práctica y las oficinas a cargo de las investigaciones no cuentan con recursos humanos y financieros ni con estrategias integrales para investigar, además de que hacen falta procedimientos efectivos para que esa población denuncie delitos y abusos cuando están detenidos en estaciones migratorias.

“La justificación más común de las autoridades mexicanas sobre la falta de resultados es que si las víctimas no permanecen en el País las investigaciones no pueden avanzar”, indica.

Hasta el momento, expone, siete estados cuentan con fiscalías especializadas: Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Veracruz, Coahuila y Quintana Roo. 

Reforma / Silvia Garduño