¿Verdad o reto? La ENPOL

En medio del debate sobre la eficacia del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NJSP), diversas voces se alzaron para denunciar la falta de evaluación sobre los resultados del sistema, alegando que sin indicadores que nos muestren el avance o retroceso del mismo, sería difícil establecer mecanismos que contribuyan a enmendar problemas o fallas que el NSJP pueda presentar.
Y aunque al día de hoy no existen indicios de una posible evaluación del sistema, el INEGI llevó a cabo un estudio que nos permite observar algunas de las variables que intervienen en el sistema de justicia, el pasado 31 de julio, el instituto dio a conocer los resultados de su Primer Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad (ENPOL), estudio que nos permite conocer algunas de las principales características de las y los reos en México.
La información recabada en el estudio abarca el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2016 y un total de 338 centros penitenciarios (15 de ellos en Oaxaca), de los cuales 37 presentan la mayor densidad poblacional, entre ellos el CEFERESO No 13 ubicado en nuestra entidad.
La ENPOL señala que durante 2016 el 68.1% de la población privada de su libertad tenía entre 18 y 39 años de edad; es decir, las personas que habitan en los Centros de Readaptación Social se encuentran dentro del margen de lo que podemos considerar como edad económicamente productiva. Cabe destacar que el 32.8% de ellos son jóvenes entre 18 y 29 años. Jóvenes que, ante un sistema que no está diseñado para una readaptación social como tal; podrían reincidir.
Y es que, de acuerdo con la encuesta, “el 25.9% de la población privada de la libertad en 2016, había enfrentado algún proceso penal anterior al que determinó su reclusión actual; mientras que 24.7% había estado recluida con anterioridad. De ella, 44.7% pasó más de dos años en libertad antes de volver a ser recluida”. (INEGI, 2017)
La reincidencia aparece como una constante dentro del sistema y al mismo tiempo nos obliga a preguntarnos, ¿en verdad hay reincidencia o estamos ante casos de injusticia y falta de debido proceso?
Durante 2016 solo el 19.8% de los detenidos pudo ejercer su derecho de contactarse con un abogado al ser presentado ante el Ministerio Público, es decir, 8 de cada 10 acusados no recibieron asesoría legal.
58.3% de los encuestados declaró haber sido incomunicado o aislado durante el arresto; y el 52.5% dijo que recibió amenazas por parte de la autoridad, el 46.2% fue desnudada y el 40.2% fue atada. La ENPOL también señala que el 11.8% de los arrestados durante 2016 fue presentada ante el MP 48 horas después de haber sido detenido.
Pero ¿qué nos dicen estas cifras acerca del sistema de justicia en México?, primero, que el NSJP no ha terminado de anclar dentro de las personas que están encargadas de hacerlo funcionar. El hecho de que una gran parte de los arrestados no pueda acceder a los servicios de un abogado o defensor público, compromete el proceso y termina por generar vacíos que imposibilitan la aplicación efectiva de la justicia.
Siguiente, la violencia que se ejerce durante el arresto debe ser observada desde dos ópticas, primero consideremos que el imputado pudo haber intentado escapar y por ello se hizo necesario el uso de la fuerza para la captura, segunda, tal vez el imputado no opuso resistencia, de ser el caso, la violencia ejercida en su contra es eso, violencia, no coerción y mucho menos uso legítimo de la fuerza.
Por otra parte, el aislamiento es una práctica heredada del antiguo sistema de justicia, que merma la capacidad del imputado para defenderse.
El artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el acusado tiene derecho a ser considerado y tratado como inocente, hasta que se demuestre su responsabilidad, tener un Defensor gratuito, contar con facilidades para comunicarse con un familiar y con su defensor, no ser sometido en ningún momento a tortura, tratos crueles e inhumanos, ser asistido por un traductor o intérprete, guardar silencio, obtener su libertad cuando no se ordene la prisión preventiva u otra medida cautelar restrictiva de su libertad en el caso de que haya sido detenido, entre otros.

La ENPOL nos permite observar algunas de las deficiencias en la aplicación de justicia en México, sobre todo en lo que respecta a los derechos del imputado y el respeto a sus derechos humanos. Sin duda, sirve como marco de referencia para conocer la situación de la población recluida en México y al mismo tiempo para reflexionar acerca de las fallas que deberán subsanarse a través del NSJP y su debida aplicación.
Por otra parte, llama la atención la cantidad de jóvenes que se encuentran presos, cifra que debería preocupar a una sociedad que insiste en hacer llamados al empoderamiento de la juventud, o… ¿de qué jóvenes habla el gobierno? ¿unos si y otros no?