DETRÁS DE LA NOTICIA

No hay crimen perfecto, sino investigaciones imperfectas por ineptitud policíaca, corrupción y/o complicidad. Siempre hay al menos una pista que seguir y que representa el hilo de la madeja. Generalmente oye o ve algo un taxista, teporocho, barrendero o prostituta. Así lo aprendimos con los teóricos de la criminología de las diversas escuelas del derecho penal y procesal penal.

El crimen perfecto es planificado con tal perversidad que aparentemente no deja cabos sueltos y el culpable no puede ser encontrado. Ejemplo de ello son los crímenes de Estado del salinato.
El término de crimen perfecto también puede referirse a la delincuencia que no se detecta después de cometerse o, incluso, cuando sale de las sospechas para justificar una investigación.
En el uso diario, el término incluye no sólo los crímenes no resueltos. Muchos delitos quedan sin solucionar, por la falta de recursos de la policía o la incompetencia de los investigadores.
Aprendizaje que adquirimos el siglo pasado antes que el imperio nos siguiera colonizando al imponernos su modelo anglosajón de juicios orales, ajeno a nuestra realidad e idiosincracia.
En la gloriosa Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca estudiamos las escuelas, clásica, con Carrara, Romagnossi, Rossi, Hegel y Carmignani.
En la escuela positivista accedimos al conocimiento de Enrico Ferri, de Rafael Garófalo y de César Lombroso. Y en la escuela neopositivista de Eugenio Florián y Felipe Grispigni.
De tal manera que es nuestra convicción jurídico-periodística que los crímenes perfectos ocurren cuando no hay la voluntad política de aclararlos por ineptitud, corrupción y/o complicidad.
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, así como la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción del Estado deben aplicar ya la Ley de Extinción de Dominio.
A fin de lograr confiscar las fortunas mal habidas de Gabino Cué y su mafia de probables rateros deben investigar y aplicar la Ley de Extinción de Dominio a las esposas en turno.
De manera prioritaria y destacada José Ángel Díaz Navarro, Rubén Vasconcelos Méndez y Jorge Emilio Iruegas Álvarez deben investigar, sobre todo, a las ex esposas y amantes. 
Humilladas por las infidelidades y violencia intrafamiliar, alcoholismo, adicción a las drogas y perversiones, dolidas, estas mujeres están dispuestas a denunciar la riqueza mal habida.
Prueba de ello, la ex esposa de Jorge Enrique Castillo Díaz, principal operador financiero de Gabino Cué, expresa ante todo aquel que quiera oírle que “ los rateros deben ir a la cárcel”.
En más de una ocasión la esposa de Enrique Arnaud Viñas, se indignó por los atrevidos ‘meneaditos’ de Jorge Carbonell a su marido, durante las fiestas en la residencia de éste último.   
Al culminar la reciente audiencia de vinculación a proceso, Enrique Celso, le dijo al juez: “Lo que veo es un juicio a base de guiones, me van a tener 90 días en prisión mientras investigan”.
Al culminar la audiencia le concedieron 20 minutos para despedirse de su familia y al igual que Gerardo Cajiga Estrada, fue ingresado a la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel.
“Por qué no han investigado a Castillo, a otros…”, le recriminó en los pasillos un familiar de Enrique Celso Arnaud Viñas al Fiscal Anticorrupción, Jorge Emilio Iruegas Álvarez.
La indignada expresión de un familiar del ex secretario de Finanzas en los gobiernos de Diódoro Carrasco Altamirano y de Gabino Cué Monteagudo fortalece nuestro dicho que hay disposición para denunciar el escandaloso saqueo del ex gobernador y el ex vicegobernador.  
Nuestra presunción es fundada porque Pamela Cué Monteagudo, ex esposa de Manuel Ramírez Tenorio y hermana del ex gobernador Gabino, seguramente estará dispuesta a denunciar las raterías de su ex marido, sobre todo, porque éstas benefician a su amante.
Imagínese la justa indignación de Pamela Cué por la humillación que fue objeto al sorprender a su ex esposo, primo hermano de Germán de Jesús Tenorio Vasconcelos con su amante, en su propio lecho conyugal, lo que le obligó a correrlo de su hogar y tirar su ropa a la calle.
Acaso usted, querido lector, no comparte que de mil amores, las ex mujeres de Netzahualcóyotl Salvatierra López, de José Zorrilla de San Martín Diego y de Alberto Vargas Varela, y los ‘amigos’ de Carlos Alberto Moreno Alcántara seguramente estarán dispuestas a abrir la boca.
El trabajo de inteligencia más que de simple investigación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, de la Fiscalía General y de la Fiscalía Anticorrupción, se puede fortalecer con la colaboración de las secretarias, choferes y guaruras de los ex funcionarios.
Las más de las veces los servidores públicos dan trato de perro a sus colaboradores, por lo que éstos incuban un creciente resentimiento contra aquellos a quienes en mala hora tienen como jefes.
Enloquecidos por la soberbia, los gobernantes, servidores públicos y políticos en general creen equivocadamente ser semidioses y dados sus traumas emocionales de infancia, son muy dados a presumir sus fechorías en los bares y prostíbulos o con sus amantes.
Además que hay amores que matan física o legalmente, ahí está la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (lavado de dinero), de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR).
No falta razón al pragmatismo norteamericano al enseñar “si camina como pato, nada como pato y grazna como pato, es pato”, lo que sabiamente lleva a nuestro pueblo a afirmar “lo rico o corrupto, enamorado o pendejo, no se oculta”.
En tales condiciones, si realmente hay la voluntad política del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa por combatir a fondo la escandalosa corrupción urge que Rubén Vasconcelos Méndez y Jorge Emilio Iruegas Álvarez apliquen la Ley de Extinción de Dominio.
El Fiscal Anticorrupción de Oaxaca, Jorge Iruegas Álvarez, nos dio la razón al dar a conocer que sí es posible asegurar las propiedades de todos los ex funcionarios estatales que estén sujetos a un proceso penal, por presuntos desvíos de recursos, con el fin de garantizar con éstos el resarcimiento de daños.
El funcionario en entrevista para el Diario Noticias dio a conocer que el Código Penal Nacional contempla la incautación de cuentas bancarias y el embargo precautorio de bienes.
Iruegas Álvarez  explicó que para proceder, la Fiscalía debe presentar de forma clara el monto económico que presuntamente fue desviado por los exfuncionarios en cuestión, y después acreditar el universo patrimonial de éstos.
El Fiscal Anticorrupción afirmó que actúa los más pronto que puede, a partir de los recursos humanos de que dispone -que son limitados, dice- para garantizar el resarcimiento del daño patrimonial a la administración pública estatal.
Así también, el Fiscal Anticorrupción confirmó que investigan la red de prestanombres de Jorge Castillo Díaz, para detectar la presunta malversación y desvíos millonarios de recursos públicos en que habría incurrido Castillo.
En entrevista para Jaime Guerrero, Iruegas Álvarez dijo que al operador político y financiero del ex gobernador, Gabino Cué Monteagudo también se le desechó una queja que presentó contra el Agente del Ministerio Público que lo investiga por el presunto desvío de 14 mil millones de pesos del 2012 al 2014.
El Fiscal Anticorrupción además de las investigaciones iniciadas contra diversas dependencias y funcionarios de la administración de Cué Monteagudo, confirmó las indagatorias contra Castillo Díaz.
“Previo a mi llegada ya habías dos carpetas de investigación, respecto a las cuales, al día de hoy, por disposición constitucional y del código penal nacional, al estar en fase de investigación no tiene acceso (al expediente) quien se sienta como imputado (Castillo Díaz)”, dijo Iruegas Álvarez.

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