Ciudad de México. El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) acordó solicitar al Agente Económico Preponderante en el sector de telecomunicaciones (AEP) modificar el Plan de Separación Funcional de Teléfonos de México que revisó el regulador.

Como resultado de la revisión bienal de las obligaciones impuestas a América Móvil, Telcel y Telmex como integrantes del agente económico preponderante en telecomunicaciones, en febrero pasado el Pleno del IFT resolvió suprimir, modificar y adicionar dichas medidas y ordenó, entre otras cosas, la separación funcional en la provisión de servicios de telecomunicaciones fijas, por lo que el preponderante deberá constituir una nueva empresa que proveerá exclusivamente servicios mayoristas relacionados con, al menos, la red de acceso y la infraestructura pasiva y enlaces dedicados locales asociados a dicha red, así como una división mayorista dentro de Telmex y Telnor que proporcionará el resto de los servicios mayoristas.

En cumplimiento, Telmex entregó al IFT su propuesta de plan para la constitución de la nueva persona moral y de la división mayorista.

Al evaluar la información y documentación presentada, el IFT consideró que dicha propuesta debe ser modificada a efecto de asegurar la eficacia de la separación funcional y el cumplimiento de los objetivos previstos en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.

Dado lo anterior, el AEP tendrá un plazo de 30 días hábiles para presentar su propuesta modificada, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo de mérito, misma que será analizada por el IFT en un plazo igual, a fin de resolver sobre el plan definitivo para implementar la separación funcional.

Con la separación funcional se busca eliminar barreras identificadas en el sector de telecomunicaciones a través de la prestación efectiva de servicios mayoristas, con el fin de garantizar el acceso de todos los operadores, en condiciones no discriminatorias, a los insumos necesarios para el desarrollo de la sana competencia y la libre concurrencia.

La Jornada