Hay muchos pendientes

Marcado por los escándalos que han envuelto a su administración, sus aliados políticos e incluso a su propia familia, Peña Nieto aceptó la creación de un amplio sistema anticorrupción en 2016, el cual fue promulgado por medio de reformas a la Constitución. A la par del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se instauró un mecanismo de participación ciudadana que ayudaría a combatir eficazmente la suciedad. Un reportaje de The New York Times dice que los integrantes del comité ciudadano califican como un mal chiste o un placebo para curar la enfermedad, las acciones del gobierno de México para combatir la corrupción. Me dieron toda la responsabilidad y nada del poder, dice Jacqueline Peschard, presidenta del comité. Como cuando intentaron discutir el espionaje a civiles por parte del gobierno, les fue retenida información por parte de las seis agencias gubernamentales en el SNA. En el caso Odebrecht, la constructora brasileña que habría pagado 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos para asegurarse contratos y que todo apuntaba hacia el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, solicitaron varios informes sobre el caso, pero el gobierno negó que así haya ocurrido. Al sistema todavía le falta una pieza clave, el fiscal anticorrupción; posiblemente el cargo más importante de toda la operación. Llevan dos años tratando de hallar uno que sea simpático a todos.

La Jornada / Dinero / Enrique Galván Ochoa 

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