La Ley de Seguridad Interior

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Pese al ruido mediático, las protestas y el rechazo general de organismos nacionales e internacionales, el gobierno de México sacó adelante la Ley de Seguridad Interior. Esta norma perpetúa y formaliza hoy el uso policial de las Fuerzas Armadas. Lo que empezó como una excepción hace 11 años, el apoyo militar en tareas de seguridad pública, alcanza ahora rango de ley.

Desde diciembre de 2006, las Fuerzas Armadas sustituyen a cuerpos policiales en cientos de municipios de toda la República Mexicana. Fue una de las primeras decisiones que tomó el ex presidente Felipe Calderón, al iniciar su mandato.

Calderón mandó al Ejército a Michoacán, estado que sufría entonces los embates de varias organizaciones criminales. Luego llegaron a Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y a más estados. Cabe mencionar que tanto el Ejército y la Armada, están desplegadas en todo el territorio nacional a través  de sus regiones, zonas militares y navales, y cada una agrupa batallones y regimientos militares y navales.

Y que siempre han coadyuvado con las diferentes fuerzas de seguridad pública de cada uno de los estados en materia de capacitación, dotación de armamento y sobre todo de apoyo cuando estas han sido rebasadas por el crimen organizado.

Tanto el Ejército como la Armada asumen desde entonces el trabajo de policías incapaces o corruptas. La ley, dicen sus defensores, les da ahora un marco jurídico para que actúen. El problema, dicen sus detractores, es que es vaga, ambigua, carece de un plan para fortalecer a las policías y no prevé el retorno de los militares a los cuarteles. Cuando estos siempre han estado en sus cuarteles y esperando instrucciones para apoyar al estado,
La ley prevé que el gobierno federal expida una “declaratoria de protección a la seguridad interior” ante una amenaza, en cualquiera de los estados del país. El Ejecutivo puede hacerlo por iniciativa propia o a petición de los gobiernos estatales; una ola de asesinatos, por ejemplo, o de secuestros.

En la práctica, esto ya ocurre, como ya lo comentamos militares y marinos patrullan por  todo el país. El problema, de nuevo, es que la ley no plantea la vuelta de los militares a sus bases, o controles para verificar si se respetan los derechos humanos.

El repudio continuado a la ley ha provocado que los legisladores modifiquen ligeramente alguno de sus artículos. Es el caso del que se refiere a las protestas sociales. Uno de los miedos de los opositores es que el gobierno use ahora al Ejército para controlar manifestaciones o marchas políticas. En las últimas versiones del texto se dice que eso no podría ocurrir: “Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior”.

Pero no les convence. Son cambios estéticos, dice. La palabra “pacíficamente” puede ser interpretada de cualquier manera y queda al amparo de la voluntad de los militares.

Otro de los puntos criticados es el artículo seis, que faculta a las fuerzas federales a implementar “sin necesidad de declaratoria de protección a la seguridad interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos”. De nuevo, la ambigüedad, ¿qué tipo de programas, de acciones? ¿Qué significa identificar, prevenir y atender los riesgos? Son muchas dudas las que existen y no falta la razón a grupos civiles y de defensa de derechos humanos al rechazar dicha ley.

El texto de la Ley de Seguridad Interior

Modificaciones
Modificaciones a nueve artículos de este ordenamiento y el agregado de un quinto transitorio se aprobaron con 74 votos a favor y 28 en contra.
Artículo 1, las disposiciones son de Seguridad Nacional son “en términos de lo dispuesto por la fracción XXIX-M del artículo 73 y la fracción  VI del artículo 89 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad interior”.

Artículo 7 se añadió que los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de la Ley deberán “respetar, proteger y garantizar, en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución, los tratados internacionales y los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes”.

Artículo 8 se modificó para leer  “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior”.

Artículo 9, la información generada en Seguridad Interior será considerada como información “de Seguridad Nacional”.

Artículo 10 se enuncia que la aplicación de las leyes de Seguridad Nacional y General del Sistema Nacional de Seguridad Pública será “en el ámbito de sus competencias”. .

Artículo 16, se lee que el Presidente de la República podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas, “de acuerdo a sus facultades”.

Artículo 21, queda determinado que organismos interinstitucionales que sean coordinados por mandos militares estarán sujetos a esta Ley y a las disposiciones que rigen al Ejército y a la Marina, leyendo “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de esta ley, y de las disposiciones reglamentarias de las fuerzas armadas”.

Artículo 22 menciona que el Presidente designará autoridades civiles si  la amenaza no requiere de la intervención de las Fuerzas Armadas, esto con propuesta del Secretario de Gobernación.

Artículo 26 se determina que las acciones de las Fuerzas Armadas y autoridades federales deben ser de acuerdo a sus competencias: “en el ámbito de sus competencias de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables”.

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