El pasado 27 de diciembre, el Tribunal Electoral aprobó el uso de este recurso por parte de partidos políticos, lo cual abre la puerta a una posible compra de votos.

Previo a las elecciones presidenciales de 2012 en México, cuatro millones de tarjetas de la tienda departamental Soriana, así como 100.000 monederos electrónicos del banco Monex fueron repartidos por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista de México (PVEM) entre los votantes.

Con ello, se comprobaría después, la coalición de esos partidos llamada ‘Compromiso por México’ compraba votos que sumaron al inminente triunfo de Enrique Peña Nieto.

El esclarecimiento de los detalles de la maniobra tomó años; y finalmente, el Instituto Nacional Electoral (INE) comprobó que dichos plásticos se utilizaron para favorecer preferencias de voto y multó a los partidos involucrados, y por eso en 2014 restringió el uso de los llamados monederos electrónicos.

Sin embargo ello no fue suficiente, y en 2017 se repitió la historia. Esta vez con “monederos rosas (para amas de casa)”, los cuales previo a los comicios locales del Estado de México y de Coahuila se repartieron entre la población femenina. Estas tarjetas, prometían beneficios económicos a futuro, si el candidato en cuestión ganaba la elección. Por eso fue que en septiembre del año pasado el INE prohibió el uso de las tarjetas para fines electorales.

Cuatro meses después, y de cara a la que podría ser la elección más convulsa e importante en la historia reciente del país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio un revés a la decisión del INE.

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El TEPJF consideró que el Instituto se había “extralimitado en el ejercicio de sus atribuciones reglamentarias”, y por eso reformó el artículo 143 Quater del Reglamento de Fiscalización de campañas que había confeccionado el INE para prohibir el uso de estas tarjetas.

En septiembre, el consejo del INE incluyó en el artículo 143 del reglamento que el reparto de tarjetas, plásticos y trípticos que ofertaran un bien futuro a condición del triunfo de determinado candidato se consideraría un elemento de coacción al voto, infracción prevista en la Ley Electoral.

De acuerdo con Francisco Montiel, abogado especialista en Derecho Electoral y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la resolución del TEPJF fue muy desafortunada.

“En un país donde más de la mitad de la población es pobre, estas tarjetas y monederos se convierten en un incentivo perverso”. Lo que hizo realmente el Tribunal, asegura, fue abrir la puerta a que ahora todos los partidos políticos “regalen dinero y aseguren votos”.

Según Montiel, la decisión del Tribunal “es como un ‘no te permito que repartas monederos electrónicos para coaccionar el voto, pero sí para que hagas propaganda electoral’. Eso ya lo vivimos una vez, y tuvo resultados desastrosos”.

Para Arturo Sánchez, decano de la Escuela de Gobierno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y exconsejero electoral, es sólo cuestión de tiempo para que trascienda el uso de estas tarjetas para fines políticos.

El problema, dice, es que todo esto se traducirá en una enorme pérdida de tiempo para el Instituto. Al quedar abierta la posibilidad de estas dádivas en tiempos de campaña, lo que va a pasar es que el INE tendrá que investigar a profundidad su entrega, el origen de los recursos y los topes de gastos. Por regla, esta fiscalización se hace durante los 43 días siguientes al término de las campañas.

“Yo creo que lo que menos tiene el Instituto es tiempo. Y ahora tendrán que invertirlo en esto. Hubiera sido mejor que se quedara como al inicio: con las tarjetas completamente prohibidas en tiempos electorales”, opina Sánchez.

Ambos expertos coinciden en que, como la resolución ya es un hecho, lo que toca hacer ahora es pedir que dicha fiscalización avance desde el inicio de las campañas.

Adicionalmente, Francisco Montiel asegura que no hay que quitarle la vista al hecho de que, en gran parte de los casos, quienes entregan los plásticos piden copias de la credencial de elector a los beneficiarios. “Y hay que exigirle al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que se asegure de que esa información no sea usada para malas prácticas”.

Arturo Sánchez ve cerca la tormenta. “Se presentarán miles de quejas, van a descalificar al INE, ellos investigarán y seguramente no quedaremos contentos con el resultado. Habrá mucha polémica. Eso es seguro”, dice.

* Vice / Sigue a Ollin Velasco en Twitter: @ollinvelasco