Javier Corral asestó un golpe político duro y sorpresivo cuando salió a denunciar el presunto desvío de 250 millones de pesos de las arcas de Chihuahua para campañas políticas del PRI.

El gobernador consiguió de manera sigilosa y expedita que por ese motivo uno de los presuntos inviolucrados, Alejandro Gutiérrez, exsecretario general del tricolor, fuera detenido en Coahuila, trasladado a Nuevo León y encarcelado en el penal estatal de Chihuahua.

Y eso desató un conflicto político con el Gobierno federal cuando Corral denunció que por esa detención la Secretaría de Hacienda le retiene partidas presupuestales superiores a los 700 millones de pesos.

El hecho acabó en una confrontación política que desató una Caravana y Marcha por la Dignidad de Chihuahua con destino final en la PGR de la Ciudad de México.

Pero un asunto que al menos en el fondo era muy defendible, en el manejo de los decires y las formas se está desvirtuando, quedando atrapado en un juego que podría desacreditar los móviles de Corral.

El hecho es que la Fiscalía General de Chihuahua interpuso una solicitud ante la Federación para cambiar a Gutiérrez del penal estatal de Chihuahua al penal federal de Ciudad Juárez.

El fiscal estatal César Peniche alega que el priista detenido es “de alta peligrosidad”.

Pero cuando se hacían los trámites para el traslado, de súbito fueron congelados por Corral, quien le ordenó al fiscal Peniche –presuntamente independiente- que suspendiera el traslado.

Al quedar atrapado entre la petición del fiscal y su negativa, el gobernador salió a declarar que él solicitó a la Federación el cambio del penal estatal al federal.

Pero horas más tarde, Corral condicionó ese traslado a que los abogados de Gutiérrez se desistieran de presentar acusaciones de tortura que presuntamente se le habría practicado en el penal estatal.

¿Tenía facultades el gobernador para revertir las órdenes de quien presumiblemente es un fiscal independiente?

Si el mismo Corral dice que él fue quien solicitó el traslado ¿por qué terminó por cancelarlo a última hora?

¿El lanzar ese condicionamiento no es acaso aceptar implícitamente que existió la tortura, con la que presuntamente se le quiere exigir a Gutiérrez que acepte todo lo que se le imputa e inculpe a otros prominentes priistas, como Manlio Fabio Beltrones?

Insistimos en que el caso podría tener la mejor intención de fondo, pero el manoseo de las formas dejan asomar un juego político muy ajeno al proceso jurídico.

Ahora, con las propias declaraciones contrapunteadas del gobernador, los abogados de Gutiérrez podrían acabar fincando una abierta violación al debido proceso y una violación a los derechos humanos del detenido.

Y eso, en la antesala de la sucesión presidencial, se presta a interpretaciones que se alejan de la mera intención de combatir la corrupción. Cuidado porque el caso se puede salir del Corral.