¿Dónde estaban el sábado en el Ángel de la Independencia todo el elenco de personajes respetables que acompañaron a Javier Corral en aquella declaratoria de guerra contra la corrupta Federación?

Salvo algunos pocos activistas, la gran mayoría prefirió –por apatía o por desencanto- no hacer acto de presencia en lo que, salvo prueba de lo contrario, se interpreta como un acto de arreglo financiero, si no es que un acto de claudicación.

El gobernador de Chihuahua ya tiene sus 900 millones de pesos y el gobierno federal asume el traslado de Alejandro Gutiérrez a una prisión federal para continuar con el proceso de una denuncia que, sin dudar que pueda ser cierta, no exhibe todavía las contundentes y suficientes pruebas que la califiquen como cosa juzgada.

Lo que se asoma detrás del comunicado entre la Segob y el gobierno de Chihuahua no es sino un acuerdo en el que imperaron los intereses, no los principios que presumían las partes. El gran ganador de la negociación lo es sin duda Alfonso Navarrete Prida, quien vuelve a reinstalar el epicentro de las negociaciones –no de las filtraciones- en Bucareli.

Con la fundada sospecha de que su dolido antecesor Miguel Angel Osorio alentó a Corral en su embestida contra el gobierno del presidente Peña Nieto, Navarrete Prida privilegió los acuerdos por encima de las confrontaciones.

Pero sin duda para alcanzar esos acuerdos, se dieron espontáneamente tres hechos aparentemente aislados, circunstanciales, que le dieron armas al secretario de Gobernación y obligaron al PAN y a sus dirigentes a presionar al gobernador de Chihuahua para finiquitar el conflicto.

Uno fue la detención de Juan Vergara, quien fuera secretario de Finanzas del gobierno de Carlos Joaquín, denunciado por lavado de dinero con empresas fantasmas. El acusado es ahora precandidato del Frente por México a una diputación federal.

El segundo fue la liberación del ex secretario de Gobierno de Sonora, Roberto Romero López, quien sirvió en el gobierno del panista Guillermo Padrés, detenido en el penal del Altiplano acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

El tercero, un reportaje publicado por la revista Proceso, en el que se revelan presuntas maquinaciones de Ricardo Anaya, el actual candidato del Frente Por México, para lucrar en lo personal con los recursos de una fundación creada con fines altruistas.

Casualidad o no, estos tres sucesos relacionados con personajes ligados al PAN, al PRD o al Frente por México, debieron bajarle la guardia a Corral y a su causa.

El mensaje era claro: si los del Frente por México van a jugarla a atacar al priismo por corrupto, ustedes también tienen sus historias. Y aquí les van algunas probaditas.

Bajo ese supuesto, el gobernador Corral modificó sustantivamente su discurso desafiante para suplirlo por uno mas amigable, en el que incluso elogió la tarea conciliadora de Navarrete Prida.

Lo demás ya es historia. El secretario de Gobernación y el gobernador de Chihuahua aparecieron juntos, para firmar entre broma y broma el acuerdo del canje: el dinero a cambio el presunto inculpado.

Y sin duda todas aquellas personalidades respetables que sirvieron de telón cuando Corral denunció su cruzada contra la corrupción, acabaron por sentirse utilizadas y desairaron el “festejo”. Ni hablar, ya vendrán otras “guerras”.