Democracia y Estado de Derecho

Juan Pablo Morales García*

Se ha dicho que sin Estado de Derecho no hay una Democracia consolidada. Sin embargo, poco sabemos sobre el Estado de Derecho, qué es, cómo se mide y cómo se encuentra en el mundo. Por ello, el Proyecto de Justicia Mundial (World Justice Project- WJP) presentó el Índice de Estado de Derecho 2017-2018 que mide el cumplimiento del mismo basado en las experiencias y percepciones de ciudadanos y expertos en la materia. Este estudio presenta un panorama del Estado de Derecho en 113 países basado en ocho variables: 1. Límites a los Poderes de Gobierno; 2. Ausencia de Corrupción; 3. Gobierno Abierto; 4. Respeto a los Derechos Fundamentales; 5. Orden y Seguridad; 6. Obligatoriedad de las regulaciones; 7. Justicia Civil; y 8. Justicia Criminal. 
México se encuentra en el lugar 92 junto con países como Liberia o Kenia en África. Los primeros lugares los encabezan los países escandinavos Dinamarca, Noruega y Finlandia respectivamente. Los países mejor posicionados de América Latina son Uruguay en el lugar 22 y Chile en el lugar 27 de ahí sigue Argentina en el 46 y todos los demás muy por debajo de los 50 países mejor calificados. Los países con los índices más bajos son Afganistán y países africanos como Zimbawe o Venezuela en Latinoamérica, pero aún así nuestro país está más cerca de ellos que de los países europeos.
¿Y qué es el Estado de Derecho para este estudio? Aunque WJP establece una complejidad para definir este concepto que va más allá del cumplimiento de la Ley y establece cuatro principios básicos: 1. la rendición de cuentas, ni gobierno ni actores privados por encima de la ley; 2. Leyes Justas, claras, aplicadas, con máxima publicidad que respetan Derechos Fundamentales incluyendo la seguridad de las personas y de los derechos de propiedad; 3. Gobierno Abierto, el proceso en el que las leyes son promulgadas, administradas, hechas valer, así como su accesibilidad, cumplimiento y eficiencia y; 4. La resolución de disputas accesibles e imparciales, la justicia es administrada por representantes éticos, independientes y neutrales que cuentan con los suficientes recursos y reconocimientos de sus comunidades donde imparten justicia.
Ciertamente la aplicación del Estado de Derecho requiere de reglas claras, sanciones ejecutables y de una cultura de la legalidad que lo sustente. Desafortunadamente, México carece de una cultura de la legalidad 95% de los mexicanos considera que algo, poco o nada se respetan las leyes en nuestro país según el “Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía” elaborado por el INE, fruto de la desconfianza de los ciudadanos hacia sus instituciones, de diversos los rastros de autoritarismo a nivel subnacional todavía en el país.
Una segunda vertiente es que los ciudadanos siguen confundiendo los conceptos de autoridad y autoritarismo, en parte por la memoria de varias décadas en las cuales la autoridad se ejercía de manera discrecional y en parte por el abuso de poder derivado en autoritarismo. Sin embargo, es preciso reiterar que “autoridad” es un concepto basado en la legalidad, aunque la connotación en México sea negativa. Hoy, la ley se sigue aplicando de manera discrecional, aunque el discurso ha cambiado y se hace en nombre de la justicia y de los más necesitados. Es preocupante observar que la mayoría de la población no logra todavía diferenciar un gobierno democrático de uno autoritario, en parte por el fracaso de las transiciones y en parte porque no ve diferencia de resultados o ignora las virtudes democráticas. Hoy en México, 7 de cada 10 ciudadanos (71%) prefieren un gobierno autoritario o le da igual tener cualquier tipo de gobierno de acuerdo al estudio del INE citado.
Una tercera vertiente, es que hay una contradicción entre legalidad y legitimidad debido a que la legalidad proviene de la autoridad y de las leyes, mientras que la legitimidad proviene del uso eficaz y justo de esa autoridad, en el marco de las leyes. Hoy en México, sin embargo, hay una tendencia muy riesgosa para que en aras del discurso de “lo políticamente correcto”, se sacrifique la legalidad en aras de la legitimidad. Esta disyuntiva se convierte en un dilema para las democracias contemporáneas menos desarrolladas con elevados niveles de marginación y pobreza.
En conclusión, el Estado de Derecho supone la existencia de una cultura política de la legalidad que haga de cada individuo un verdadero ciudadano. Las sociedades con larga tradición democrática como lo muestra el Índice sobre Estado de Derecho en el mundo del  WJP han aprendido el respeto a la legalidad en su propia experiencia histórica, pero aun así han tenido que consolidar este aprendizaje por conducto de sus instituciones familiares, educativas, privadas, entre otras.
La democracia mexicana se ha cimentado sobre una débil cultura de legalidad entre la ciudadanía. Este precario sentido de la legalidad se explica por la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. Asimismo, en aras de ganar elecciones y supuesta estabilidad política se cree que la ley es “negociable”, sin embargo no se ha considerado que tal afirmación socava más el débil y frágil estado de derecho, se incentivan actos ilegales al amparo de la justicia social, se desincentiva las inversiones y se genera incertidumbre económica y política.
Finalmente, hacer valer el Estado de Derecho implica asimilar que la ley no es negociable bajo ninguna circunstancia y su aplicación inapelable. Mucho menos que la legalidad es intercambiable en aras de la legitimidad del gobierno. El reto consiste en tener procesos con estricto apego a la ley sin recatos políticos y sin diferencia en  la aplicación de la ley, sólo así se podrá consolidar la democracia en México. En última instancia, la consolidación de la democracia mexicana se dará cuando legitimidad y legalidad vayan de la mano y sean uno y lo mismo.

* Politólogo del CIDE, Magister en Investigación Social y Desarrollo de la Universidad de Concepción en Chile y Maestro en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de Columbia en Nueva York.

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