Blindaje en tiempos de campaña

Oaxaca.- Este viernes 30 de marzo inician formalmente las campañas electorales y después de que como ciudadanía estuvimos expuestos a un intenso periodo de precampañas de los candidatos a la presidencia de la República durante más de 6 semanas entre diciembre y febrero que representaron 45 mil  200 horas de exposición de spots en radio y televisión de todos los partidos políticos que integran las 3  principales coaliciones electorales.

La duración de las campañas será hasta el 27 de junio y durante este periodo es altamente probable que tan solo de los candidatos a la presidencia de la República tendremos más de 90 mil horas en medios de comunicación. Todo esto tan solo es la parte de los recursos fiscalizados por el propio arbitro electoral, sin embargo, 3 de cada 4 pesos no son reportados de acuerdo con la Consultora “Integralia”.

De acuerdo con la Ley General de Delitos Electorales, la utilización de recursos públicos es un delito electoral castigado incluso con penas de cárcel a los servidores públicos a quienes incurran en estas prácticas y tiene que ver desde el uso de dinero de las dependencias para financiar candidatos, utilización de vehículos oficiales, promoción y coacción del voto a colaboradores o de los propios colaboradores dentro de las dependencias públicas.
Ante este riesgo por omisión o desconocimiento toda organización publica en aras de la imparcialidad y la independencia están obligados a blindar sus procesos de atención al público, entrega de recursos y uso de sus bienes materiales. La falta a este mandato no solo pone en un litigio a la dependencia en la que se encuentre involucrada y a sus responsables sino deslegitima al proceso electoral mismo.

Por ello, es importante que este blindaje electoral sea promovido por el arbitro electoral en coordinación con todos los poderes del Estado y los tres niveles de gobierno y donde la vigilancia del mismo corresponde a las organizaciones de la sociedad civil, la academia y la ciudadanía en general. Al final, a todos conviene un proceso creíble y con resultados imparciales y legítimos. Este blindaje no solo debe remitirse a convenios por separado interdependencias sino que considero que puede ser un “Pacto de Imparcialidad” entre todas las organizaciones publicas.

Durante el pasado proceso presidencial durante el Curso de Primavera Verano organizado por Colegio de Profesores Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, como parte del cuerpo de profesores me preguntaban: ¿Por qué se debían legitimar las elecciones? Mi respuesta fue parafrasear en negativo la misma pregunta: ¿Por qué no se debían legitimar las elecciones?

Las elecciones no se necesitan legitimar desde que son organizadas por la propia ciudadanía que está al frente de las mesas directivas de casilla, órganos imparciales y procesos establecidos desde hace más de 30 años. Lo que en todo caso se debe legitimar es el Gobierno resultado de esas elecciones en función no sólo del número de votos obtenidos en la jornada electoral sino de sus propuestas mismas de gobierno.

Por lo tanto, la legitimidad en estricto sentido es de Gobiernos no de procesos electorales. Los procesos electorales implican credibilidad y confianza en quienes lo organizan y sobre ella tienen un fuerte reto el arbitro electoral. De esta manera el INE, los OPL, los Tribunales Electorales necesitan enviar mensajes de certeza, firmeza y castigo a quienes quieran deslegitimar el proceso electoral y un “Pacto de Imparcialidad” es una propuesta  de blindaje electoral en este sentido.

Finalmente, legalidad, legitimidad y credibilidad parecieran tres variables muy distintas pero la legalidad será clave tanto para el proceso electoral como para la integración del siguiente Gobierno. En todo caso, legalidad legitimidad y credibilidad en las instituciones son un mismo concepto y donde los blindajes electorales sobran si se tiene una democracia legal, confiable y legítima.  

* Politólogo del CIDE, Magister en Investigación Social y Desarrollo de la Universidad de Concepción en Chile y Maestro en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de Columbia en Nueva York.

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