El drama penal en el Sistema Nacional Acusatorio Oral

Oaxaca, Oax.- La encrucijada de un drama penal debido a las variantes de operación que implica el sistema oral adversarial, prueba objetivamente que las instituciones de procuración, administración de justicia y la sociedad a la que sirven,  no encuentran equilibrio en lo que comprende el amplio esquema de la justicia que legitime ese quehacer, pues ha puesto en evidencia, que en  el contexto fáctico de un hecho presumiblemente penal, como es la pérdida de la vida de un ser humano,  por causa externa, trasciende a los protagonistas, imputado y ofendido, en sentido opuesto,  colisionando el derecho a la presunción de inocencia con los derechos de la víctima, cuestión compleja en lo que toca a las decisiones que toman las autoridades que investigan esos acontecimientos y persiguen al posible autor, así como a los jueces de garantías, como ha sido percibido en el caso del menor de edad que perdió la vida al ser tratado de una fractura de un brazo por profesionales de la medicina.

Los hechos han sido difundidos de manera amplia a nivel local y nacional, poniendo en entredicho el quehacer de los servicios de procuración y administración de justicia situados en el campo de una percepción generalizada de desconfianza. Los padres del menor, exigen justicia por un lado y, por otro, el médico se encuentra privado de su libertad, motivando la protesta y el apoyo del sector de profesionales de la salud local y nacional, por estimar que está sujeto a una medida cautelar de prisión preventiva,  bajo el supuesto de haber participado en el evento en el que falleció el menor, a petición del fiscal del caso sustentado con el argumento de que el medico encargado actuó con dolo calificado de eventual.

De lo que se ha publicado se cuestiona de manera insistente el que la medida cautelar decretada por el Juez,  a petición del Fiscal,  sea la de prisión preventiva y que se impute un hecho como intencional (dolo eventual), cuando se argumenta que ningún médico tiene la intención de privar de la vida a su paciente al atenderlo, premisa que rige de manera general como principio el quehacer de los doctores, pues su misión es curar, preservar, salvar vidas y velar por la salud de los seres humanos, como se advierte del contenido del juramento de Hipócrates que hacen los facultativos al recibir el título relativo y que rige desde el punto de vista ético su quehacer como tales.

La configuración del dolo eventual debe ser motivo de una exposición más amplia en el sentido casuístico de aplicación a una situación específica, pues de lo publicado se advierte que no justifica para esta etapa procesal, la  prisión preventiva decretada. El tema esencial no es en sí el dolo o como se califique, sino si la prisión preventiva es o no procedente bajo los supuestos constitucionales y legales de la afectación que sufren los derechos del imputado en lo que toca a su libertad, la presunción de inocencia y dignidad humana. Esta cuestión en un tema de ponderación al dictar sentencia que tendrá que sujetarse a los lineamientos que la Suprema Corte ha emitido en lo que toca a la choque de derechos humanos y,  de acuerdo a ello,  cuál debe prevalecer en una situación concreta, como sucedió en al caso de la francesa Florence Cassez.

Es relevante el contenido del artículo 19 Constituciona en la parte relativa que dice: “Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.”

Por su parte el Código Nacional regula la prisión preventiva oficiosa como facultad del juez en el artículo167 tratándose del delito de homicidio doloso, no hace referencia al homicidio por dolo eventual sino al homicidio doloso previsto en el Código Penal Federal que es igualmente contemplado en el de Oaxaca, de lo que se advierte en principio que no fundamenta adecuadamente esa medida cautelar en lo que se refiere al doctor imputado.

La Justicia basada en un sistema acusatorio oral en el que prevalece como excepcional la prisión preventiva que antes era una regla general, debe ser motivo de reflexión para poder contar con un sistema de justicia que esté legitimado ante la población que es la que sufre la afectación de una u otra forma, misma que no la logrado superar la visión negativa de su operación, como en este caso en el que se percibe que la exigencia social supera los parámetros de decisión judicial y le impone lineamientos cuestionables frente a la ley, que conforme a los requisitos exigidos en esta primera etapa de investigación y judicialización se refieren a probabilidades pues la decisión tomada se asemeja al antiguo sistema tradicional del auto de formal prisión, lo cual trastoca los objetivos fundamentales de este sistema. Es de esperarse que la Sala Penal respectiva haga el ajuste constitucional y legal correspondiente que convenza a una sociedad dividida en cuanto a la crisis del sistema de justicia penal por falta de funcionalidad de los órganos encargados de investigar y perseguir el delito, de procurar y administrar justicia, que es uno de los motivos esenciales de la adopción de un código nacional de Procedimientos Penales.

Cuando terminaba esta colaboración tuve conocimiento de que el médico había sido puesto en libertad por reposición del procedimiento por deficiencias en su defensa según me indican, decisión que deja a salvo a las instituciones de procuración y administración de justicia.

jfranco_jimenez@hotmail.com

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