Incumple INALI sentencia de amparo de la SCJN

Oaxaca, Oax.- En el año 2005 defendí a Bonifacio. Era mazateco. Nunca había salido de su pueblo, no hablaba castellano. Aquella mañana de mayo iba para la leña cuando un paisano de otro pueblo le pidió su ayuda: “ayúdame a llevar estos costales al pueblo”. Bonifacio cargó su mula con los dos costales. De la maleza, los agentes del orden aparecieron, se lo llevaron detenido por delitos contra la salud. Fue llevado a la ciudad de Oaxaca e internado en Ixcotel. No hablaba nada de castellano. Hubo una gran dificultad para defenderlo. En la apelación del auto de formal prisión declararon procedente el error de tipo.
Han pasado 13 años y  la situación no ha cambiado. Nuvia Mayorga, directora de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ha informado que en México 8 mil personas indígenas están presas por no contar con traductor. El diagnóstico es lamentable: las personas indígenas en conflicto con la ley penal son juzgados por autoridades desconocidas, con leyes que desconocen, en una lengua que no es la suya. Terrorífico ¿verdad?
Ante tal situación, Litigio Estratégico Indígena A.C. (LEI) se ha echado a cuestas una pesada tarea: promover juicios de amparos para obligar a las autoridades a traducir la reforma constitucional indígena a las lenguas de las comunidades.
¿Por qué demandar mediante amparos la traducción del artículo 2º constitucional a la lengua de las comunidades? Porque en esa norma se reconocen un conjunto de derechos en favor de los integrantes de los pueblos indígenas: el Estado Mexicano no ha informado a las personas de las comunidades indígenas cuáles son sus derechos y, ante el desconocimiento, no pueden ejercitarlos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya nos ha concedido varios amparos. En el primero de ellos, el ocho de junio de 2016 ordenó al titular del Poder Ejecutivo traducir y difundir eficazmente la reforma constitucional indígena a la lengua mixe de Puxmetacán. Finalmente la tarea fue encomendada al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).
El amparo fue promovido por LEI porque el titular del Ejecutivo a 15 años de la reforma constitucional indígena de 2001 no había (no ha) cumplido los deberes del cuarto transitorio constitucional que le ordena traducir y difundir la reforma constitucional indígena y la exposición de motivos en los pueblos y comunidades.
En el curso del juicio de amparo, los delegados del INALI arguyeron que no están obligados por la ley a hacer la traducción. Después de dictada la sentencia de amparo se opusieron a hacer la traducción y cumplieron de mala gana.
De esta manera presentaron una traducción que no contó con el aval de la comunidad. En el extremo del menosprecio desdeñando el mandato de la Segunda Sala ni siquiera acudieron a las comunidades a difundir la traducción. Elaboraron carteles y discos compactos y los entregaron a algunas autoridades para que los difundieran. La insensibilidad del INALI es evidente: hizo la “difusión” en discos compactos en comunidades que no cuentan con computadoras.
LEI A.C. no estuvo conforme con el pretendido cumplimiento del INALI a la sentencia de amparo de la SCJN. Promovió un recurso de inconformidad que resolvió el Tribunal Colegiado en Materia Civil del XIII Circuito.
En la resolución de 12 de abril pasado, el Tribunal Colegiado resolvió que el INALI no cumplió la sentencia de amparo: el INALI, dijo el Colegiado, en vez de traducir el texto íntegro de la exposición de motivos tradujo el dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas con proyecto de decreto.
El Colegiado es contundente: “En efecto, lo antes narrado revela que el Instituto responsable, en vez de traducir tales documentos, realizó la traducción del dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas con proyecto de decreto.”
Además, ante la incerteza del contenido de la traducción, el Colegiado indicó: “resulta indispensable que un perito, conocedor de la citada lengua, confirmara que efectivamente la traducción realizada por la responsable correspondía a dicha lengua, para que así el juzgador estuviera en aptitud de determinar lo conducente.”
La reprimenda fue más allá: la difusión de la traducción no fue efectuada eficazmente, por lo que “es dable concluir que, opuesto a lo estimado por el juez Federal, no se debe tener por cumplida la sentencia de amparo, porque, por las razones precisadas, no se acató plenamente y sin excesos ni defectos con esa ejecutoria.”
El INALI no debe esperar a que LEI promueva 300 amparos para empezar a traducir las leyes y los códigos penales a las lenguas de las comunidades.
Han pasado 17 años de la publicación de la reforma constitucional indígena y las autoridades siguen aplicando el viejo principio del derecho romano esclavista: “la ignorancia de la ley no sirve de excusa y a nadie aprovecha” y llenando de presos indígenas las cárceles del país. Es hora de hacer algo.

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