Es innegable que a estas alturas México atraviesa por una fase singular que consiste no sólo en la rotundidad o en la fuerza otorgada –el primero de julio– a una determinada fuerza política. Sino que es una situación inédita, en el que el poder emergente, que teóricamente debería empezar el primero de diciembre, ya está gobernando a través del poder decreciente del gobierno saliente.
El país trata de avanzar en armonía y concordia por una situación que no es fácil.
Existen muchos factores: errores acumulados, sangre, dolor, estafa, corrupción, e impunidad que pueden estallar en cualquier momento.
No tengo dudas de que la intención del presidente electo es hacer no solamente una transición ordenada y pacífica, sino una en la que pueda aplicar lo que el otro día expresó de manera tan clara, “olvido no, perdón sí”
El problema es que la voluntad del presidente, aunque parezca mentira, tiene límites. Y las situaciones tienen dinámicas y vidas propias que en estos momentos hay muchas cosas que nada ni nadie puede controlar.
Más allá del debate sobre lo que gastan los ministros de la Suprema Corte en el Poder Judicial, es evidente que es un factor incontrolado e incontrolable como uno de los tres poderes del Estado. Y que además, en este momento de transición y cambio de régimen, puede tener un papel no previsto en cualquier cálculo político.
La liberación y cierre del archivo después de cinco años y cinco meses de cárcel de Elba Esther Gordillo sin cargos durante el proceso, sin duda alguna motivó a dar razones políticas. Y ahora la reapertura del caso Tlatlaya, son dos temas que conviene ir apuntando en el sentido de cuál va a ser el comportamiento del poder emergente que quiere ser el judicial.
Hay que llevar mucho cuidado con el desencadenamiento de una serie de acciones que pueden producir la sensación generalizada de lo que se va a abrir. Un proceso general en contra del papel de las Fuerzas Armadas durante estos terribles años de sangre, sudor y lágrimas, pero sobre todo de ignominia para el conjunto del país por la violencia extrema que nos asola.
Bienvenida la exigencia de responsabilidades a quienes las tuvieren, al descubrimiento y al encauzamiento de quien haya tenido, con o sin uniforme, actitudes irregulares.
Recuerdo bien las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, sobre el sentido de que la SEDENA no protegerá a nadie que haya infligido las leyes o cometido abusos en nombre del papel que les tiene encomendada la institución.
Pero sí es cierto que si uno suma la reapertura del caso Tlatlaya, las desapariciones de Tamaulipas –de la cual nos ocuparemos más adelante– y se señalan como potenciales autores a la Marina, es fácilmente deducible que esto puede terminar, sin que nadie lo pretenda, en una transición donde se inicie un juicio general contra las Fuerzas Armadas.