Oaxaca, Oax.- Sin el ánimo ni el interés de parecer un defensor de los concesionarios ni mucho menos de los intereses de la iniciativa privada, para pocos ha pasado desapercibido que de manera perversa, en el sexenio anterior se plasmó legalmente que cada año se tendría que revisar con los concesionarios del transporte público el aumento a la tarifa.

Claro, previo análisis de la situación económica y demás factores que pueden perjudicar a la población en general que hace uso de los camiones, y además del índice inflacionario.

Pero sí, vale la pena precisar que desde el sexenio pasado, el gobierno de Gabino Cué Montegudo creó la Secretaría de Transporte y en consecuencia una Ley Estatal de Transporte, en que finalmente sólo sirvió para intereses políticos y económicos.

Nada más hay que recordar a sus tres titulares durante los seis años: Pedro Silva Salazar, perredista que benefició a toda su parentela y organizaciones sociales de la Mixteca con concesiones.

El priista José Antonio Estefan Garfias, que después se volvió perredista, que también apoyó a los suyos de manera extraordinaria, principalmente a los del Istmo de Tehuantepec, pensando en que sería candidato a gobernador por el PRI y en consecuencia poder cobrar favores.

Y el panista Carlos Moreno Alcántara, que recientemente salió de la cárcel pero que sigue un proceso judicial en su contra, por la presunta venta de más de 500 concesiones del transporte público.
¿Sirvió de algo la Ley Estatal del Transporte? Sí, lamentablemente para beneficio de los ahora exfuncionarios, pero también para poner un candado y heredar una “papa caliente” al hoy gobierno de Alejandro Murat Hinojosa. Pues bien, ese es el contexto del incremento al pasaje del transporte urbano, que entró en vigor este lunes 13 de agosto.
Con justa razón, legal razón y de acuerdo con sus intereses, los concesionarios han pedido desde hace dos años un incremento a la tarifa del pasaje; incluso pudieron haber recurrido a un tribunal federal para que se hiciera valer la ley.
El gobierno de Alejandro Murat llevó las negociaciones hasta el punto máximo, en que después de varios acuerdos, finalmente aceptó que hay una ley que le obliga a revisar la tarifa anualmente; entre todos los males, fue de un peso el aumento al pasaje.
Desde luego, a nadie le gusta pagar más y mucho por un transporte en pésimas condiciones, con choferes groseros y violentos, con rutas inadecuadas, con lentitud en el servicio. Pero desde luego que también es por ahora lo que hay. Por supuesto que no apoyamos el que se afecte la economía de la sociedad, pero también entendemos que en el ánimo de la gobernabilidad, debe haber una mediación y una negociación.
¿Qué sigue? De entrada, las autoridades de la Secretaría de Movilidad están obligadas a exigir, demandar, a los concesionarios, que ya de una vez por todas mejoren el servicio; que de una vez por todas renueven sus unidades; que de una vez por todas digan si podrán con el paquete, o que de plano regresen dichas concesiones al Estado, si no son negocio.
Porque, son menos de 10 familias la que detentan más de 900 camiones del transporte urbano que circulan en la capital, y ninguno hasta ahora ha puesto interés en mejorar el servicio. Viven en residencias en zonas exclusivas, viajan en camionetas de lujo, frecuentan la ciudad de México, Estados Unidos o Europa, pero jamás se preocupan por tener unidades de motor óptimas y personal amable y preparado.
Se recordará que hace un año hubo una protesta de choferes, que se le opusieron a una de las concesionarias, Alejandra Gómez Candiani, y exigieron consideraciones de ley en su trabajo, como por ejemplo contratación formal, horario de labores que no rebase las ocho horas, seguridad social, Infonavit, vacaciones, entre otros.
Sin embargo no se ha conseguido mucho; incluso llegaron a la Junta de Conciliación pero en realidad no se ha hecho justicia a los choferes. No es que se les quiera justificar, pero están sometidos jornadas de 12 a 14 horas de trabajo, sol intenso, malos humores, contaminación, alimentación inadecuada, entre otros factores, que a su vez propician un pésimo trato al usuario.
Sí, son los concesionarios los que están obligados a cumplir, primero, con sus trabajadores y, segundo, con unidades de transporte en buenas condiciones.
¿Que no les alcanza el dinero que ganan? Entonces no es negocio y entonces que dejen las concesiones, para que otros empresarios inviertan, así sean de fuera del estado. En realidad sí es negocio el transporte público, pues un chofer, mínimo, entrega de cuenta al día mil 800 pesos, además de lograr su pago diario y el diesel para el camión.
La cantidad se vuelve estratosférica al día si se multiplica por las más de 900 unidades que circulan en la capital. ¿No es negocio? Entonces señores concesionarios, dejen por favor que otros sí hagan negocio.
Y la otra parte, la que verdaderamente debe defender al usuario, es la Secretaría de Movilidad, antes llamada Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra). Porque no es gratuito que cada vez que se autorice un aumento de tarifa, los transportistas firman un convenio para obligarse a renovar las unidades.
Señores de la Secretaría de Movilidad: a cumplir la ley, a exigir a los transportistas que a la de ya, cumplan con brindar un buen servicio, con capacitar a sus choferes, con iniciar la renovación de sus chatarras, con dar el buen servicio al que están obligados. Si no: ¡A retirarles la concesión!

NIMIEDADES

1.- ¿Y quién defiende al Fiscal General pese a que hay resultados?

A poco más de un año en el cargo, al frente de una de las dependencias más complicadas, el doctor RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ ha transformado paulatinamente la institución y ha logrado avances importantes. Claro, no sin resistencias, incluso desde el interior de la Fiscalía General del Estado, incluso por parte de algunos de sus allegados. Pero con su experiencia profesional, ha sabido afrontar las dinámicas burocráticas y, además, emprender un saneamiento paulatino de la institución de procuración de justicia. Tarea nada fácil pues se tocan muchos intereses, externos e internos, de funcionarios, de trabajadores y de colegios de profesionistas, del mismo aparato de seguridad pública  estatal y hasta del crimen organizado. Pero Vasconcelos Méndez se mantiene y contra viento y marea impulsa cambios en la institución, abate el rezago en expedientes, promueve mecanismos para agilizar y eficientar al ciudadano; se reúne de manera constante con organismos civiles y de profesionistas… pero. ¿Entonces por qué no se dan a conocer los logros? Nuevamente, desde alguna área se impide una buena marcha institucional. Y quizá sea hora de una limpia de “colaboradores” cercanos que no dan resultados, que no van al ritmo del fiscal. Sabemos que Vasconcelos Méndez seguirá dando buenos resultados a pesar del fuego externo de funcionarios que no están haciendo bien su trabajo y le echan la culpa a la Fiscalía.

2.- Benjamín Robles Montoya, en plena campaña proselitista

No bien deja el Senado y ya pronto asumirá como diputado federal, pero no bien asume enésimo cargo de representación popular, junto con su esposa y su hijo, y ya BENJAMÍN ROBLES MONTOYA inició su campaña con miras a la gubernatura. No es gratuito que se quiera promocionar como coordinador de los diputados federales oaxaqueños y del Partido del Trabajo, hasta ahora inexistente en Oaxaca. No es gratuito que haya iniciado una campaña de radio para posicionar su imagen. Pero, ¿y qué tal que la transparencia que tanto promueve la haga efectiva en su persona? ¿Qué tal que nos diga cuánto ha gastado a lo largo de seis años en su imagen? ¿Cuántas empresas constructoras tiene, que ejecutan las obras que lleva a los municipios, vía el otro diputado electo CÉSAR MORALES NIÑO? ¿Qué tal que nos diga cuánto ha cambiado su estilo de vida cuando en su natal Michoacán era un modesto y defenestrado político priista?

3.- Secretaría de Administración, sin contratiempos y activa

Sin aspavientos, sin afanes publicitarios ni derroches, la Secretaría de Administración es de las pocas dependencias del Gobierno del Estado que ha cumplido con su labor; desde la época de JAVIER VILLACAÑA JIMÉNEZ, y ahora con CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPO no ha habido absolutamente ningún conflicto, ni siquiera con el Sindicato de Trabajadores, uno de los más grandes del estado. Luego de los pleitos internos por la dirigencia sindical, la revisión anual de contrato y prestaciones, salió tersa y no hubo absolutamente ninguna inconformidad en la base laboral. Eso es digno de reconocerse pues, de manera contraria, en otras dependencias sólo hay grilla, flojera, falta de resultados, promoción personal del titular… Sin duda que hay que aquilatar también lo positivo y esa dinámica la mantiene Martín del Campo en Administración.