No solo es una deuda de 10 billones de pesos la que heredará el gobierno de Peña Nieto a la nueva administración. También le dejará un déficit de 213 mil millones de pesos, como resultado de que en los primeros siete meses del año –según el reporte de la Secretaría de Hacienda, a cargo de José Antonio González Anaya– cayeron los ingresos y subieron los egresos. ¿Tiene que ver este gasto del último año del sexenio –año de Hidalgo, le llaman– a que fueron aumentadas las asignaciones presupuestales a varias secretarías, el aumento de salarios a un sector de la burocracia y el pago de bonos a los funcionarios que se van? Dice Hacienda que sólo ingresaron 3 billones de pesos, pero se gastaron 3.22 billones. ¿Quisieron tapar el déficit con el fallido empréstito de 10 mil millones de dólares, al que tuvieron que prescindir por el ruido que hizo? Cualquiera que sea el fondo de la historia, resultarán necesarias dos acciones de parte del nuevo equipo de Hacienda que ya está en el proceso de transición: revisar –y volver a revisar, y otra vez revisar– los números que reciba del gobierno priísta e informar al Congreso y a la ciudadanía de las condiciones en que reciba las cuentas públicas.

La Jornada / Dinero / Enrique Galván Ochoa