Se han vertido una serie de opiniones sobre las impugnaciones planteadas por tres ex consejeros del desparecido Consejo de la Judicatura  cuestionando o apoyando la constitucionalidad de su extinción, algunas afines a los intereses políticos y económicos que subyacen en fondo del conflicto que sostienen que debe subsistir, situación que ha motivado volver la vista al arranque al momento en que nace dicho Consejo en Oaxaca mediante una reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca es instaurado mediante la reforma a la Constitución del Estado impulsada por una iniciativa del Gobernador Gabino Cue en el año 2011, la cual fue aprobada por la legislatura, ordenándose al ejecutivo su publicación en el Periódico Oficial, lo que se satisfizo en el ejemplar de fecha 15 de abril de ese año, en el que se insertó el decreto 397 de reformas, adiciones y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Esta reforma entró en vigor a partir de su publicación, sin embargo, en el ejemplar del Periódico Oficial, de fecha 28 de septiembre de 2011, se publica, una “Fe de Erratas” que corrige el texto de la página 2 del Periódico Oficial extra de fecha 15 de abril de 2011, referido al encabezado del Decreto número 397, aprobado por el H. Congreso del Estado de Oaxaca el 6 de abril de 2011, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Hasta ahí todo marcha regular, pues la omisión en que incurre la primera publicación del Decreto es no mencionar que ordenamiento jurídico es el reformado, es decir no menciona a la Constitución de Oaxaca; en la segunda publicación “fe de erratas” se pretende cubrir ese requisito publicando nuevamente el encabezado del decreto inicial, con el agregado de “…todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Hoy que surge el problema del Consejo, un inquieto colega, el Lic. Ángel García, me comenta que la reforma descrita, no estaba debidamente publicada, que consecuentemente ese vicio implica la ilegalidad del Consejo, al emerger el grave descuido en que incurrió, tanto, el Poder Legislativo como el Ejecutivo del Estado, que es trascendente por la naturaleza de la omisión que puede ser un factor negativo a las pretensiones de los inconformes. Esto s menciona así porqué en la segunda publicación no se indica, quien cometió la omisión inicial en esta etapa.

La parte esencial del descuido detectada por el Lic. Ángel García,  se concentra en dos puntos uno, que el  primer decreto publicado que contiene la reforma aprobada el seis de abril de 2011 por los diputados no señala que ley fue la reformada, en este caso, era la Constitución local; por lo tanto es un documento que no da certeza jurídica para que sea obligatoria su observancia; otro que la “fe de erratas” que reproduce y publica ese decreto con la omisión subsanada, por acuerdo del Oficial Mayor del H. Congreso del Estado con fecha 26 de septiembre de 2011, así lo dice textualmente la segunda publicación, no es competente para hacerlo.

Este defecto en la promulgación de la reforma y su posterior aclaración permiten establecer, señala el jurista,  que la misma no entró en vigor, es decir no obliga porque no fue emitida integralmente por los diputados. Esto es así en virtud de que en la publicada por el Gobernador no se precisa a que ordenamiento pertenecen los preceptos reformados, adicionados o derogados; el mandato que pretende corregirla en la segunda publicación no fue emitido por los diputados, sino por el oficial mayor de la cámara. Luego entonces lo publicado no obliga su observancia, situación que torna ilegal el funcionamiento del Consejo desaparecido y sus consecuencias, además que no se motiva ni se funda la fe de erratas, mediante el señalamiento del autor de la omisión inicial que pudo ser responsabilidad del poder legislativo, el ejecutivo o del periódico oficial.

De acuerdo con los artículos 3 y 8 del Código Civil las leyes, reglamentos, circulares, o cualesquiera otras disposiciones de observancia general obligan y surten sus efectos desde la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. La ley sólo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente. La reforma inicialmente publicada no obliga ni surte efectos al no precisar el cuerpo legal al que pertenecen los preceptos reformados, adicionados o derogados, lo cual provoca incertidumbre jurídica; asimismo la pretendida corrección al no ser emitida por los diputados sino por un órgano interno incompetente de la Cámara de Diputados, oficial mayor, no convalidó la defectuosa publicación de la reforma constitucional en el Estado.

El asunto es complejo ya que existen actuaciones del Consejo y de Organismos autónomos que difícilmente son motivo de invalidez si trascendieron a la esfera jurídica de gobernados o servidores públicos ajenos al proceso legislativo, sin embargo ahora frente al cúmulo de impugnaciones si puede discutirse la trascendencia de la “fe de erratas” publicada per se por el oficial mayor de la Cámara de Diputados ya que esta última es la que supuestamente legaliza y da certeza a la reforma, lo que implica que debía haber seguido la misma ruta que la primeramente publicada, es decir, que la Cámara de Diputados aprobara la enmienda y la mandara publicar por conducto del Ejecutivo del Estado.

La interrogante es si la reforma a la Constitución de Oaxaca de 2011 obligó y surtió efectos desde la primera o segunda publicación; de no ser así cual su estatus y de qué manera influye lo señalado en las impugnaciones planteadas respecto de la desaparición del Consejo.

Algunos criterios de la Suprema Corte sobre este asunto de la fe de erratas se inclinan por analizar en cada caso la trascendencia de su contenido y la afectación que produce ese acto para determinar la inconstitucionalidad o no de una ley, pues se diferencian aspectos de fondo y de forma de ese acto respecto de la ley publicada. Desde luego el debate sobre este asunto es importante y motivo de atención para los legisladores y el poder ejecutivo de manera tal que se regule esta etapa del proceso legislativo que integran la promulgación y publicación de las leyes, de manera tal que den certeza jurídica y eviten la manipulación sobe todo de la publicación en el periódico oficial.
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