Oaxaca, Oax.- A un año del sismo del 7 de septiembre de 2017, la reconstrucción en el Istmo de Tehuantepec va para largo, como también en otras regiones del estado donde los temblores dejaron sus huellas, tanto por la ausencia de recursos económicos como por la falta de organización para atender la contingencia. Hoy no solo se cuestiona esa capacidad para responder con eficiencia y eficacia, también la necesidad de contar con planes de protección civil para el estado con la perspectiva a la prevención y mitigación de daños de fenómenos naturales sobre la población.

No sólo se trata de proporcionar información básica regional de la distribución de zonas de erosión, deslizamiento de terrenos y sismicidad del estado, con el propósito de integrar información digital disponible en un sistema de información geográfica que permita la visualización y la consulta de los atributos de los temas tratados. También identificar mecanismos que ayuden con eficiencia y celeridad a los afectados, herramienta indispensable para tratar de entender todos estos fenómenos y poder enfrentarlos, pues sin duda, los peligros se deben a circunstancias naturales que ponen en peligro el bienestar del ser humano y su medio ambiente.
Los desastres naturales más espectaculares son los terremotos y la erupción de volcanes que se producen en los bordes de las placas continentales, y son por tanto, característicos de ciertas áreas en particular del Pacífico que incluye a nuestro estado. Los climáticos incluyen varios tipos de tormentas, daños a las líneas de costas, las sequías, las inundaciones, el granizo, los rayos del sol y los incendios debido a causas naturales.
Es indudable que la reconstrucción es un tema prioritario, pero también lo es la cultura de la prevención, lo cual obliga a trabajar de manera constante y permanente para ubicar los puntos vulnerables respecto a la sismicidad, erosión y deslizamiento de masas, para que las instituciones gubernamentales posteriormente realicen programas de información y prevención de desastres. No solo se trata de acudir en auxilio de los afectados, también se requiere promover la cultura de la protección ante eventos naturales de esta naturaleza. 

… A VUELO DE PAJARO
Al iniciar la presente administración la deuda pública heredada era superior a los 29 mil millones de pesos, a punto de cumplir dos años el gobierno de Alejandro Murat trabaja con organismos financieros para lograr su reestructuración y saneamiento. Pesos más pesos menos, se espera una reestructuración que permita eliminar cargas de pago de intereses que hoy hacen que se paguen más de 200 millones de pesos anuales y que el recurso fresco permita generar infraestructura y obras sociales, además de atender necesidades del estado.
Reto educativo
Al comparecer ante la LXIII Legislatura del Congreso Local, Francisco Ángel Villarreal, director General del IEEPO, resaltó que la política de diálogo abierto y permanente con todos los actores del proceso educativo ha propiciado un clima de estabilidad laboral y el desarrollo de los servicios educativos. Lo cual ha permitido que el instituto cumpla con su función de garantizar la educación a niñas, niños y adolescentes, como un derecho humano y bajo los principios de gratuidad, laicidad y obligatoriedad.
Más programas
En apoyo a las comunidades indígenas, enfatizó que a través del programa para la inclusión y la equidad educativa (PIEE) se invirtieron 26.10 millones de pesos, con lo que hoy en Oaxaca se cuenta con  74 mil 717 niños y niñas indígenas, atendidos por 3 mil 953 docentes y directivos en mil 173 escuelas beneficiadas con capacitación pedagógica de educación bilingüe y cultural. La inclusión comprende también a los hijos de los jornaleros indígenas, que se atienden en 47 escuelas de los niveles preescolar y primaria. Además se lograron para Oaxaca 698 millones de pesos en programas estatales y federales, de los cuales 533.38 millones de pesos se obtuvieron de la Federación para 10 programas, actualmente en operación en beneficio de 352 mil 873 alumnos, 19 mil 122 docentes y 6 mil 76 escuelas.
  Fuerzas armadas
  La encuesta realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), estableció que ocho de cada 10 encuestados considera que las tareas de combate al crimen organizado le corresponden a la Marina y al Ejército. Debe aprobarse una ley que otorgue un marco legal de actuación para que las Fuerzas Armadas puedan realizar labores de combate al crimen organizado. Al preguntar si las tareas de combate al crimen organizado corresponden al Ejército y a la Marina, 76% de los encuestados respondieron que sí. De manera similar, 74% considera que la presencia de las Fuerzas Armadas fortalece a las otras instituciones de combate al crimen organizado.
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