Un análisis de Simo Consulting refiere que el nuevo proyecto de nación de cambios profundos, debe iniciar por reconocer las promesas incumplidas y reconstruir la relación entre el Estado y los pueblos indígenas.

Desde 2001 los pueblos originarios son reconocidos a nivel constitucional en México y antes en otros documentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Así, el artículo 2 de la Constitución expresa el carácter pluricultural de la nación, el cual está sustentado en sus pueblos indígenas.

Pese a dichos reconocimientos y a los enormes aportes que tienen los pueblos indígenas en la conformación del país, siguen estando entre los grupos con altos niveles de pobreza y pobreza extrema, así como despojo de sus tierras, discriminación, desplazamiento, entre otros.

De acuerdo a los datos de la Encuesta Intercensal de 2015 del Inegi, 25 millones 694 mil 928 personas en México se autorreconocen como indígenas, lo que representa el 21.5% de la población total del país, de los cuales más de 7 millones habla alguna de las 364 variables lingüísticas reconocidas por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). Las desventajas con respecto a la población no indígena son claras, en promedio, la población indígena estudia 3.4 años menos que la población no indígena y 23% de quienes hablan lengua indígena son analfabetas frente a un 5.5% que presentan esta misma condición a nivel nacional.

En otras áreas como la salud, ingresos percibidos y acceso a la alimentación y servicios básicos, los datos no son menos desalentadores. De los 623 municipios indígenas del país –aquellos donde más del 40% de su población es indígena- 87.5% presentan alto y muy alto grado de marginación. Aunado a ello, sólo el 38.4% de los hogares indígenas cuentan con agua entubada al interior de sus viviendas (INEGI, 2015), lo que a su vez aumenta las probabilidades de contraer enfermedades infecciosas, y ante la precariedad de los servicios de salud en las zonas más alejadas de los centros urbanos del país, la probabilidad de muerte.

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